2016: el enredo electoral

En presencia de cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral, el priista Ignacio Peralta y el panista Jorge Luis Preciado usaron el debate de las elecciones extraordinarias en Colima para cerrar una campaña caracterizada por las descalificaciones y la guerra sucia.

"Su vida privada es un desastre, está llena de vicios y no puede por ningún motivo ser un funcionario; vive la corrupción, la respira todos los días", acusó el priista.

"Nacho Peralta, te lo digo de frente: ¿ya tienes lista la explicación que le debes a la gente de Colima por este video que circula a nivel nacional en el que te acusan de tener vínculos con el narcotráfico?", reviró el panista.

Era domingo 10 de enero y, en el teatro de la Universidad de Colima, presenciaban el intercambio la consejera electoral Pamela San Martín, y los consejeros Benito Nacif, Ciro Murayama, Marco Baños y Javier Santiago, miembros de comisiones temporales creadas por el INE para regular y supervisar las elecciones estatales.

"Su declaración en el Senado no es consistente con la declaración que hizo aquí en Colima; hay más de 60 millones de pesos en propiedades que no ha explicado. Siguió cobrando su aguinaldo con el dinero de todos los mexicanos, mientras estaba aquí como candidato", continuó Peralta en su diatriba contra Preciado.

El panista se defendía con más ataques: "Tienes mucho qué explicar Nacho, tienes mucho qué decirle a la gente de Colima; ¿quién está financiando verdaderamente la campaña del PRI? Si es el narcotráfico, dilo de una vez. Señor narcocandidato, espero su respuesta".

El debate entre aspirantes a la gubernatura de Colima, organizado por el INE, era el colofón de una campaña marcada por la filtración de audios y videos de escándalo, la distribución de panfletos y volantes con acusaciones sobre las relaciones comprometedoras de los candidatos, la exhibición de la vida privada, la guerra de encuestas y los ataques abiertos entre los dos punteros, sus equipos y los jefes de sus partidos.

El año pasado -en el proceso electoral ordinario-, Peralta ganó a Preciado por sólo 500 votos de diferencia, lo que animó al PAN a litigar el proceso y, cuando faltaban unas horas para la toma de posesión del priista, el Tribunal Electoral anuló las elecciones.

Por segunda vez en la historia de Colima -la primera fue en 2003-, el Tribunal admitió como válidas, pruebas de la intervención del gobierno estatal en favor del PRI.

Tras la anulación, los magistrados ordenaron explícitamente al INE organizar las elecciones extraordinarias.

Cargos en disputa

La guerra de lodo en Colima abrió un año electoral complejo, en el que los partidos se juegan 13 gubernaturas, y el INE su credibilidad de cara al 2018.

Más de 29.8 millones de electores están convocados a las urnas para elegir a 13 gobernadores (incluido el de Colima), 547 ayuntamientos (en Oaxaca se elegirán, además, 418 por usos y costumbres) y 388 diputados locales.

Después de los comicios de hoy en Colima, el 5 de junio se llevarán a cabo elecciones en Baja California (municipales y de Congreso local); Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas (donde se disputarán las gubernaturas y casi todos los cargos locales).

Además, la reforma política del Distrito Federal prevé que los electores votarán, el mismo domingo, para elegir a 60 de los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente.

El calendario configura un mapa político complejo: de las 13 entidades donde se renueva la gubernatura, el PRI gobierna 10 y la oposición tres, con mandatarios emanados de alianzas encabezadas por el PAN y el PRD (Oaxaca, Puebla y Sinaloa).

En seis de las entidades con proceso electoral, nunca ha habido alternancia en la gubernatura: Colima, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Y en cuatro, el PRI volvió a gobernar tras uno o dos sexenios de gobiernos panistas o perredistas: Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas.

En todos los estados donde se elegirá gobernador se han presentado, en las últimas décadas, conflictos electorales y denuncias de fraude que se tradujeron en litigios jurídicos, manifestaciones sociales o enfrentamientos entre militantes de los partidos en contienda.

Alianzas y coaliciones

Para este año, el PRI afrontará la mayor parte de las elecciones aliado con el Partido Verde y, en algunos casos -como ya ocurre en Colima- sumará también a Nueva Alianza, al Partido del Trabajo y a Encuentro Social.

PAN y PRD buscan repetir el experimento de 2010: aliarse para enfrentar al PRI, a pesar de que sus coaliciones en Puebla, Oaxaca y Sinaloa no hayan dado los resultados prometidos hace seis años, cuando los gobernadores aliancistas firmaron el documento Por un pluralismo eficaz, transparente y justo, en el que comprometieron 12 acciones para convertir la alternancia en "alternativa de buen gobierno".

Un documento promovido en 2010 por Manuel Camacho Solís (fallecido en septiembre pasado), que contenía propósitos hoy incumplidos, como el de: "Ejerceremos los recursos de manera austera, transparente y responsable. Se reducirán los gastos suntuarios y los privilegios de los servidores públicos. Los gastos de publicidad y medios estarán enfocados a informar y dar a conocer acciones de gobierno".

Con el tiempo, las dirigencias nacionales del PAN y el PRD tomaron distancia de los gobiernos de Rafael Moreno Valle, en Puebla; Gabino Cué, en Oaxaca y Mario López Valdés, en Sinaloa, quienes terminaron ejerciendo el poder al margen de los partidos que los postularon.

El PAN sólo reconoce como suyo al gobierno de Moreno Valle, pero el poblano ha entrado en diversas polémicas con militantes panistas a nivel estatal y nacional por su influencia en procesos internos, su gasto en publicidad y la imposición de dirigentes y candidatos en el estado. De parte del PRD, los dirigentes locales acusan al gobernador de ejercer un poder sin contrapesos y de influir en la vida interna de su partido.

Aunque el panista Ricardo Anaya y el perredista Agustín Basave tratan de negociar la mayor cantidad de coaliciones, hasta el momento sólo han amarrado cuatro: Zacatecas, Durango (donde en 2010 también compitieron aliados), Oaxaca y Veracruz.

De esos estados, el PAN pondría candidatos en Veracruz (Miguel Ángel Yunes) y Durango (José Rosas Aispuro, ex candidato en 2010), y el PRD en Zacatecas y Oaxaca. En este último estado, el PRD enfrenta dificultades para conciliar un candidato con el gobernador Gabino Cué.

En Puebla y Tlaxcala, según informaron la semana pasada los dirigentes de esos partidos, las alianzas podrían concretarse después de los comicios de hoy en Colima. Pero el líder del PAN no logra convencer a la senadora Adriana Dávila de ceder la candidatura para que, en reciprocidad, el PRD apoye al panista Antonio Gali en Puebla. Y el líder del PRD no termina de vencer las resistencias de perredistas que no quieren apoyar al delfín de Moreno Valle.

En Aguascalientes, que el PAN gobernó de 1998 a 2010, el PRD podría terminar apoyando a alguno de los dos aspirantes panistas que se disputarán la candidatura: el senador Martín Orozco y el alcalde Juan Antonio Martín del Campo.

Sinaloa, donde el gobernador aliancista conocido como Malova es criticado por panistas y perredistas por estar más cerca del PRI que de ellos, no ha entrado al paquete de negociaciones de una posible coalición, lo mismo que Chihuahua, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas.

Mientras PAN y PRD tratan de concretar sus alianzas, el PRI de Manlio Fabio Beltrones hace malabares para mantener la unidad priista en los estados.

Hasta el momento, el tricolor ha definido cuatro candidaturas: Chihuahua (Enrique Serrano, ex alcalde de Ciudad Juárez), Durango (Esteban Villegas, ex dirigente estatal), Tlaxcala (Marco Antonio Mena, ex secretario de Turismo) y Zacatecas (el senador Alejandro Tello).

La dirigencia nacional ha promovido la firma de acuerdos para comprometer a los aspirantes a cerrar filas con los "candidatos de unidad" emanados de designaciones en las que opinan, además de Beltrones, el presidente Enrique Peña, el gobernador de cada entidad; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o incluso el de Hacienda, Luis Videgaray.

El "acuerdo de unidad por el futuro de Sinaloa", por ejemplo, fue firmado por 10 priistas el pasado miércoles; el de Veracruz lo firmaron siete aspirantes, al igual que el de Tamaulipas. Acuerdos similares se firmarán en Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo.

Firmados estos documentos, las dirigencias estatales convocan convenciones de delegados para "elegir" a sus candidatos, aunque al final lo que está predominando es la designación (dedazo) y el cierre de filas; al viejo estilo priista.

El INE, bajo presión

Los procesos electorales de este año inician con otra peculiaridad: por primera vez, en 2016, el Instituto Nacional Electoral asumió casi la totalidad de los procedimientos ligados a las elecciones estatales, lo que pondrá a prueba su capacidad logística, su infraestructura y el modelo emanado de la reforma electoral de 2014.

Derivado de la reforma acordada por los partidos en el Pacto por México, que pretendía "quitar a los gobernadores el control de las elecciones en sus estados", el INE realizará directa o indirectamente el 90 por ciento de los procedimientos en las 14 entidades donde se celebrarán comicios, empezando por Colima, donde el Tribunal Electoral ordenó al Instituto encargarse de todo el proceso.

La ubicación de casillas, la designación y capacitación de funcionarios de sus mesas directivas; la fiscalización de los ingresos y egresos de partidos y candidatos son atribuciones que se le dieron al INE desde la reforma constitucional de 2014.

Además, el instituto emitirá lineamientos para realizar, bajo su supervisión, los Programas de Resultados Electorales Preliminares, el levantamiento de encuestas, la observación electoral, los conteos rápidos y la impresión de documentos y materiales electorales.

Asimismo, emitirá los criterios para la integración, recolección y traslado de los paquetes electorales; la celebración y transmisión de debates; el monitoreo de noticieros, el registro de candidaturas independientes y la fiscalización de recursos en las candidaturas comunes.

Ya en 2015 el INE se encargó de las elecciones locales en 16 entidades, pero se trató de procesos concurrentes a la elección federal, donde además se empleó la casilla única, por lo que el INE asumió el control del proceso de forma natural.

Esta vez, los consejeros crearon comisiones y emitieron acuerdos para, e facto, suplir a los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs) en muchas de las funciones que antes se decidían a nivel estatal.

Según la consejera Pamela San Martín, presidenta de la comisión temporal para el seguimiento de los procesos locales 2016 del INE, el Consejo General busca cumplir con el propósito de la reforma política de 2014: homologar los procesos locales con el federal en términos de rigor técnico y certeza jurídica.

"Estamos organizando las elecciones del 5 de junio en 13 entidades, 12 de ellas de gobernador, en coordinación con los OPLEs. La organización de una elección por parte de dos autoridades tiene complejidades. Es un proceso en el que muchas acciones se tienen que ir engranando, unas le corresponden al INE y otras al OPLE. Esto, en un contexto difícil, porque son leyes distintas: al INE lo rige la Legipe, y a los OPLEs los rige tanto la ley general como las leyes locales. Y a veces no empatan ambas leyes.

"Lo que hemos estado haciendo desde mediados del año pasado es establecer reglas y lineamientos para generar mejores condiciones de coordinación. Se han emitido acuerdos tanto para dar certeza para las acciones que va a llevar a cabo el INE en coordinación con los OPLEs, como para ejercer la facultad de atracción en varios asuntos", explica la consejera.

San Martín recuerda que durante la discusión de la reforma política de 2014 se debatió si el modelo debía ser el del INE completo, que supliera por completo a las autoridades electorales locales, o un modelo híbrido en el que convivieran INE y OPLEs.

"Había quienes pensábamos que lo mejor era la autoridad única. Al final quedó el modelo híbrido, y es con el que debemos dar certeza. Es un mandato constitucional, y vamos avanzando adecuadamente en esa dirección", afirma la consejera.