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El reto es otro

Jorge Alcocer V.


Subproducto de los resultados del 4 de junio es otra tanda de la danza por la segunda vuelta en la elección presidencial de 2018. Como en el Edomex el ganador obtuvo apenas un tercio de los votos, los partidarios de la medida proyectan ese porcentaje hacia el año que entra y desde ahora advierten de los demonios que desatará tener un Presidente con 33% o menos de los votos. Por cierto, en Coahuila y Nayarit los ganadores no alcanzan el 40%.

Como frente a esos demonios hace años que estoy curado de espanto, me preocupa más otro reto que estará presente el próximo año; no es teórico, sino práctico, derivado de un proceso del que apenas nos dimos cuenta por atender otros asuntos. Me refiero a la concurrencia de las elecciones federales (Presidente, senadores y diputados federales) con elecciones locales en 29 estados y además en la Ciudad de México; en 8 de ellos habrá renovación de gobernador y en esta ciudad de jefe de Gobierno.

Será la elección más grande y compleja que hayan enfrentado las autoridades electorales, regidas hoy y mañana por el mazacote legislativo salido de la contrahecha reforma de 2014; es cierto que a partir de 2015 las elecciones, federal intermedia y locales, se hicieron bajo ese paraguas, sin conflictos postelectorales significativos, como los que este año estamos viendo en Coahuila y Edomex.

La diferencia de comportamientos se explica más por los resultados en cada año que por la calidad del desempeño de las autoridades electorales. En 2015 el mayor conflicto se produjo en Colima, donde se anuló la elección de gobernador, que el PRI ganó en la "segunda vuelta". En el balance, aunque al PRI le fue mejor, las cuentas no fueron malas para PRD y PAN; Morena tuvo su primera incursión en lides comiciales.

En 2016 el PAN festejó el mejor resultado de su historia en elecciones locales, al ganar 7 de las 12 gubernaturas en juego, lo que hizo innecesario, a los ojos de sus dirigentes, realizar un balance de la operación del modelo mixto de autoridad electoral implantado por la reforma de 2014.

La Ley Dong (por Dong Nguyen, mi amigo experto en materia electoral) establece que el peor resultado para la autoridad electoral es que gane el partido gobernante, y si gana por poco, peor aún.

Este año, con 3 gubernaturas en disputa, la Ley Dong se cumple a pie juntillas. El partido en el gobierno (PRI) ganó, con diferencia estrecha, en Coahuila y Edomex, lo que despertó la furia opositora en contra de las autoridades electorales locales (oples) y severas críticas al INE por su "pasividad".

Olvidan panistas, perredistas y morenos que una de las principales medidas del mazacote de 2014 fue la conversión de los institutos electorales locales en oples, empequeñecidos, jibarizados, dependientes del INE, vulnerables a grado extremo ante las presiones que sobre ellos se ejercen desde los gobiernos locales y en la CDMX. El año próximo 30 oples, con las mismas normas legales y reglamentarias de este año, actuarán junto al INE. Ese es el reto.

Aunque escritas sobre las rodillas, la ley contempla dos figuras que son relevantes para la discusión del siguiente proceso electoral, que dará inicio el 1o. de septiembre. Me refiero a la asunción y la atracción, por el INE, de las facultades que la Constitución otorga a los oples (artículos 120 a 124 de la LGIPE). Por la primera el INE se haría cargo de toda una elección local, para lo cual deben cumplirse requisitos de procedencia y de forma; hasta la fecha no ha sido utilizada. En cambio la atracción, que es una expropiación parcial de las facultades de los oples, ha sido utilizada en repetidas ocasiones y para diversos temas por el INE, no siempre de manera homogénea ni mucho menos eficiente.

Por norma del artículo 105 de la Constitución, ya no hay tiempo de reformar las leyes electorales para 2018, por lo que es necesario abrir el análisis y debate sobre la relación entre el INE y los 30 oples que actuarán, subordinados a él, durante el proceso electoral nacional 2017-2018. Más vale hacerlo de una vez.

 
 
 
 
 
 

Director de la revista Voz y Voto y del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo. Fue diputado federal (1985-1988) y subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (1998-1999). Alcocer ha participado desde 1986 en reformas electorales, tanto de ámbito federal como estatal. Consultor de las Cámaras del Congreso de la Unión y del PNUD/ONU; es autor de numerosos ensayos sobre temas políticos, legislativos y electorales.

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