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Javier Laynez

Juan E. Pardinas


La Segunda Sala de la Suprema Corte tiene en sus manos el destino económico y político de México. Al leer las siguientes 600 palabras, tú, lector, podrás decidir si la afirmación del renglón de arriba es una exageración.

El éxito de la reforma de telecomunicaciones se basó en reconocer la existencia de un elefante en la habitación. El paquidermo es el consorcio Telmex/Telcel que tiene el 66.9% del mercado de la telefonía celular. El ministro Javier Laynez ha redactado un proyecto de sentencia que quita al Congreso la facultad de usar la Ley de Telecomunicaciones para darles un trato distinto a los Agentes Económicos Preponderantes. La reforma de 2013 establece que mientras exista un jugador con más del 50% y no haya competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones, éste no podrá cobrar a sus competidores por la terminación de llamadas. Hasta que la cancha sea más pareja, las empresas competidoras de Telmex/Telcel sí pueden cobrar a ésta por la interconexión. Esta regla a favor de la competencia y los consumidores se puede venir abajo si l@s ministr@s de la Segunda Sala le dan la razón a su colega Laynez. El propio pleno del Ifetel ya reconoció la facultad del Congreso para legislar en esta materia. Sin embargo, la Corte podría decidir en sentido inverso a lo que ya estableció el Poder Legislativo y el órgano regulador.

¿Cuáles serían las consecuencias de que la Corte tire esta medida a favor del libre mercado? Durante los primeros dos años del sexenio, el gobierno de Enrique Peña Nieto logró transformaciones fundamentales para la vida económica de México. La reforma de telecomunicaciones ha tenido cambios benéficos en el bolsillo y los patrones de consumo de los mexicanos. El éxito de esta reforma se puede resumir en dos datos: los precios han caído 29% desde 2013 y tan sólo entre 2015 y 2016 el número de minutos de llamadas por usuario creció en 60%. Es un hecho que l@s mexican@s estamos mejor comunicados, a precios mucho más competitivos. Otras reformas, como la energética o la educativa, también son importantísimas, pero sus ciclos de maduración y cosecha requieren de un mayor horizonte temporal. Los beneficios de la reforma en telecomunicaciones se volvieron tangibles en un plazo tan breve como la periodicidad de tu recibo telefónico.

El proyecto de Laynez le arranca a Enrique Peña Nieto una de las pocas medallas que se había podido colgar en el pecho. Andrés Manuel López Obrador tendrá argumentos frescos y proyectiles nuevos para denostar el paquete de reformas estructurales de este sexenio. El probable aumento de precios en los servicios de telefonía celular no será la mejor píldora para calmar los ánimos ciudadanos, en vísperas de las elecciones del 2018.

En la misma semana en que comienzan las negociaciones del TLCAN, la Suprema Corte podría enviarle un peligroso telegrama a Donald Trump con un texto breve pero contundente: México es un país sin certidumbre jurídica. Un propósito central de la reforma era evitar que por medio de litigios se asegurara la ausencia de competencia económica. El borrador de la sentencia regresa la suerte del sector a manos de abogados y no a la competencia por el mejor servicio. AT&T, la empresa número nueve en el ranking del Fortune 500, ha invertido en México 7,400 millones de dólares, bajo la condición de que la reforma de telecomunicaciones aseguraba dar un trato asimétrico mientras hubiere un agente preponderante. Los jugadores internacionales interesados en el sector energético estarán muy atentos a escuchar historias sobre la facilidad con que se pueden revertir las garantías a la inversión en México. ¿Te resultó exagerada la frase al principio del artículo? Si se desencadena esta secuencia indeseable de acontecimientos, la historia nacional deberá registrar el nombre de Javier Laynez y los ministros de la Segunda Sala que decidan acompañarlo en su sentencia.

 
@jepardinas
 
 
 

Juan Ernesto Pardinas es Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Es doctor por la London School of Economics, tiene una maestría en Economía por la Universidad de Sophia en Tokio, Japón, y una Licenciatura en Ciencia Política por la UNAM.

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