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Justicia y cambio cultural

COLABORADOR INVITADO / Gerardo Laveaga


El mayor desafío que enfrenta nuestro sistema penal acusatorio es, a no dudarlo, el cambio cultural. Se dice fácil. No lo es. Muchos de sus operadores, a lo largo y ancho del país, siguen creyendo que las figuras sólo fueron rebautizadas y siguen conduciéndose como en los viejos tiempos.

Al entrar a una agencia del MP o a un juzgado penal, no se advierte un solo vestigio del cambio... A quien albergue dudas, le bastaría repasar la audiencia inicial del ex gobernador Javier Duarte, donde ni el juez de control, ni el defensor, ni el agente del MP parecían darse cuenta de que estaban actuando bajo un nuevo modelo procesal.

En México, durante años, la policía se dedicó a espiar: quién se acostaba con quién y quién hacía negocio con quién. Los agentes del Ministerio Público, a practicar decomisos e interrogatorios, cuyas constancias apilaban en voluminosos expedientes. Los jueces, a verificar, sello en mano, si el MP había satisfecho los requisitos legales o no. El camino más rápido para todos era la prisión preventiva.

¿Resultado?: una ineficacia pavorosa. Para dar resultados, por tanto, el nuevo sistema no sólo exigirá de capacitación técnica la cual se puede proporcionar con relativa facilidad sino de un cambio de chip. Esto es lo endiabladamente complicado. Cuando se aprende un nuevo idioma en edad madura, la resistencia al cambio es inevitable y uno se empeña, inconscientemente, en seguir pensando en su lengua nativa. Con el nuevo sistema, pasa lo mismo.

El cambio cultural va a suponer, por tanto, que los policías entiendan que su investigación es la base del proceso. Si ellos fracasan al obtener las evidencias que permitan condenar y deben ser pruebas legítimas, el proceso se derrumbará.

Los agentes del MP tendrán que argumentar con destreza y construir una hipótesis bien urdida, que resista los embates del defensor. Necesitarán carpetas de investigación y no farragosas averiguaciones previas. Les hará falta imaginación.

Los jueces deberán asimilar, de una vez por todas, que son jueces y no inspectores de control de calidad. Juzgar no significa cotejar la Constitución o un código (tarea que podría realizar cualquier estudiante de preparatoria bien entrenado) sino adoptar resoluciones valientes, a partir del desencuentro adversarial.

El cambio cultural deberá llegar, finalmente, a la sociedad. Ésta debe entender que no todo asunto penal tiene que acabar con la prisión del inculpado. ¿La única forma de dar una lección a un raterillo que se robó un desodorante es fundirlo dos años en la cárcel? La experiencia internacional nos enseña que no.

Si quien dañó mi casa o robó mi reloj repara el daño, ¿para qué echar a andar una maquinaria que lo prive de su libertad? ¿No es mejor un acuerdo? Si quien cometió un delito grave reconoce su culpa y aporta evidencias para apoyar su declaración, ¿no merece que se le reduzca la pena, dado que ahorró tiempo y dinero al Estado? El nuevo sistema pretende que la mayoría de los conflictos se diriman a través de la mediación y los procesos abreviados.

Los perjudicados con el sistema lo mismo abogados que vivían de prolongar juicios, que burócratas a los que aterra la rendición de cuentas están promoviendo cuanto está en sus manos para frenarlo: reformas constitucionales, jurisprudencias que garanticen el retroceso, amparos... Tienen mucho que perder.

Pero la mayoría de los mexicanos tenemos mucho que ganar. Estamos ante un nuevo lenguaje y esto exige práctica y más práctica. Impulsemos el cambio cultural, que no sólo depende del gobierno, sino de los centros de trabajo, la empresa, la escuela, las iglesias, los sindicatos, los medios de comunicación y la familia.

 
El autor es Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

 
 
 
 

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