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Juan E. Pardinas


Eliminar el pase automático en la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República es una condición necesaria pero insuficiente en el proceso de construcción institucional. Esta semana, un grupo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil entregó al Senado un proyecto de dictamen constitucional para refundar o reformar el Ministerio Público federal. La propuesta de los colectivos #PorUnaFiscalíaQueSirva y #VamosPorMás no es resultado de un acto súbito de improvisación sino un ejercicio de construcción analítica que implicó un año de trabajo. La Barra Mexicana de Abogados, con la activa participación de su presidente José Mario de la Garza, jugó un papel clave en construir puentes entre las distintas posturas de los grupos técnicos.

El acuerdo político que destrabó la crisis en la Cámara de Diputados simplemente reforma el artículo transitorio de la Constitución referente al pase automático del procurador, pero deja intacta la arquitectura institucional de la nueva Fiscalía General que está contenida en el Artículo 102 de la Carta Magna. Este artículo tiene tantas lagunas y deficiencias que en los archivos del Senado hay al menos nueve iniciativas distintas para reformar el parto, la infancia y el desarrollo vital de este cuarto Poder del Estado mexicano, con capacidad de persecución penal. La iniciativa construida desde la sociedad civil recuperó las mejores ideas y argumentos de estos nueve proyectos, de los principales partidos políticos, que acumulan polvo en el inescrutable tráfico legislativo del Congreso.

La propuesta de Vamos por una fiscalía que sirva añade criterios de autonomía política al cargo de Fiscal General de la República: 1) no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación, y 2) no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección o representación en algún partido político en el mismo periodo. Estos requisitos no tienen el afán de sacar a una persona específica de la carrera por la Fiscalía sino de forjar una distancia razonable con la política partidista. Para evitar que el Fiscal General quiera usar su cargo como trampolín electoral, también se agregó un impedimento para que al final de su gestión no se pueda postular a un cargo de elección popular. En un país con instituciones débiles, un fiscal autónomo con ambiciones políticas puede resultar tan riesgoso como un procurador subordinado al ajedrez presidencial.

Tal y como está hoy la Constitución, el Fiscal General permanecerá en su cargo por nueve años. La idea de un periodo largo de gestión suena bien, pero desgraciadamente no atiende la evidencia histórica. Como lo manifiesta la exposición de motivos de la propuesta de la sociedad civil, desde la promulgación de la Constitución de 1917, 39 personas han encabezado el Ministerio Público de la Federación. El promedio de tiempo que han aguantado en el cargo es de dos años y medio. Sólo cuatro procuradores han permanecido la totalidad del sexenio presidencial en que fueron designados, el último en tiempos de Miguel de la Madrid. Con esta acumulación de evidencia histórica, se propone reducir de nueve a seis años el periodo del fiscal, pero que su gestión quede desfasada de los sexenios presidenciales. Para lograr esta afortunada desincronización entre el mandato presidencial y el encargo de Ministerio Público de la Federación, el primer Fiscal General duraría en su encargo hasta el 30 de septiembre de 2022, dos años antes del final del próximo sexenio. El segundo fiscal cumplirá completo su periodo de 6 años. Para evitar presiones externas y distracciones propias, el cargo de fiscal no será sujeto a reelección.

Es imposible desmenuzar el proyecto de dictamen de Reforma Constitucional de 79 páginas en tan sólo 630 palabras. Sin embargo, la propuesta de 300 organizaciones ciudadanas ya está en la mesa del Senado. Nuestros legisladores tienen la palabra.

 
@jepardinas
 
 
 
 

Juan Ernesto Pardinas es Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Es doctor por la London School of Economics, tiene una maestría en Economía por la Universidad de Sophia en Tokio, Japón, y una Licenciatura en Ciencia Política por la UNAM.

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