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La madre de las Reformas

COLABORADOR INVITADO / Ernesto Canales


A la mitad del periodo de Peña Nieto vivimos un sistema de corrupción e impunidad; existe una crisis de confianza tal que hemos dejado de creer que las autoridades puedan imponer seguridad en amplias zonas del país, que sean capaces de conseguir crecimiento económico suficiente para eliminar la pobreza extrema y que tengan la determinación y habilidades necesarias para proporcionar buena educación pública, por nombrar las quejas que están en la boca de todos.

No es para menos: la campaña de retorno del PRI se basó en explotar la desilusión de doce años de panismo, creando grandes expectativas de un futuro mejor.

Hoy nos encontramos "descreídos" del PAN y ante una realidad que no corresponde a la que nos prometió el PRI; el Presidente no se puede sorprender de esta crisis de confianza.

¿Cómo puede salir Peña Nieto de esta falta de credibilidad pública a la que ha contribuido?

Sin duda tiene que trabajar en todas las áreas de su responsabilidad, pero mejorar la seguridad y eliminar la corrupción es condición para que el país pueda progresar; la inseguridad trastoca la convivencia social, la corrupción la prostituye; ni crecimiento económico ni igualdad social contarían con bases propicias sin seguridad y con corrupción; buena educación y corrupción tampoco van juntas.

Por esta razón, la "madre de todas las Reformas" es la penal, pues influye de manera directa en el sistema de seguridad pública y hace más difícil la corrupción.

Los Juicios Orales implican transformación de Policías, pilar de Seguridad Pública; requerimos Policías con prestaciones, capacitación y equipamiento equivalente a otros trabajos profesionales, con posibilidad de realizar labores preventivas y de investigaciones e inteligencia que se traduzcan en arma contra el crimen organizado.

Los Juicios Orales, con su transparencia, también conllevan un cambio para Ministerios Públicos y Jueces: Ministerios Públicos sin poderes superiores que vender y Jueces que atiendan forma y fondo como binomio, que resuelvan con base en la verdad histórica de los asuntos; sí, Poder Judicial autónomo del Ejecutivo pero no autista con respecto a la sociedad, ante quien es responsable último de que México sea Justo.

Los Juicios Orales van a entrar en vigor en un año en todo el país; esfuerzos enormes se han realizado bajo la presidencia de Peña Nieto a fin de crear las condiciones adecuadas para una sana implementación.

Este esfuerzo no ha sido ni parejo ni completo; el Congreso no ha aprobado las leyes necesarias a la implementación; en esto, Diputados y Senadores son problema y solución, pero el motor y timón del Ejecutivo ¿dónde están que no se ven?

¿Cuándo tendremos la Ley General de Policías, del Crimen Organizado, anti Corrupción, de Cárceles Limpias, Colegiación Obligatoria de Abogados y nueva Ley de Víctimas que sí funcione?

No es entendible que el corazón de la Reforma Penal haya contado con aprobación del Ejecutivo y unánime del Legislativo y no se complete su marco de aplicación; ¿desidia irresponsable?

La sociedad civil ha convocado al Séptimo Foro sobre Seguridad y Justicia, para el 20 y 21 de mayo, evento que acompaña cada año al proceso de cambio penal; es gran oportunidad para que Peña Nieto reconozca la Reforma Penal como el medio de mejorar la Seguridad Pública y combatir la corrupción; que la eleve a Política de Estado y que el país trabaje en esa dirección.

Sería un eficaz apoyo para que las otras reformas puedan rendir sus frutos: ¡cómo mejoraría México percibido Seguro y Justo!

Avanzar, en este sentido, con terca constancia y congruencia holística; sí, incluir investigar a fondo a autoridades estatales y federales en el crimen de Iguala, por ejemplo, sería la salida de Peña Nieto para recuperar confianza y promover desarrollo económico.

 
El autor es presidente de Renace.

 
 
 
 

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