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Constitución de élites

  • Para Eréndira Sandoval, el evento de promulgación de la Constitución de la Ciudad refleja la confección de la misma: aislada, atrapada entre hombres que redactaron un texto elitista. Foto: Víctor Zubieta
  • Para Sandoval, la Constitución resultante es una expresión de continuidad del Pacto por México entre PRI-PAN-PRD. Foto: Víctor Zubieta
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros
La foto de Miguel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y Alejandro Encinas, rodeados por cientos de acarreados en el evento de supuesta "promulgación" de la nueva Constitución de la Ciudad de México, el pasado 5 de febrero, refleja fielmente el espíritu con que se redactó y aprobó este nuevo documento normativo.

Ningún ciudadano participó en esta celebración estrictamente oficial y oficialista. En las fotos no aparece una sola mujer. Solos, totalmente aislados de la sociedad y de los votantes, los tres hombres del régimen sonríen por haber confeccionado juntos una Carta Magna elitista que da continuidad al legado de exclusión del Pacto por México desde donde emergió la constituyente de Mancera.

Como diputada constituyente constaté que a lo largo del proceso no se buscó un verdadero debate parlamentario. El millar de iniciativas presentadas de buena fe por los ciudadanos fueron ignoradas y marginadas. Hubo también una clara infiltración de los poderes fácticos hasta las entrañas más profundas de la Asamblea Constituyente. La sociedad y la mayor parte de los propios diputados fueron reducidos a ser meros espectadores, tal y como ha sido siempre la costumbre en la clase política mexicana.

Voté en contra de esta simulación, firmando el pasado 31 de enero "bajo protesta y con dignidad ciudadana" el documento de la nueva Constitución. Estoy convencida de que el documento no refleja los ideales ni las aspiraciones de un gran pueblo: el valiente, digno y libertario pueblo de la Ciudad de México.

En el texto, los problemas inician desde el primer artículo. Los diputados pactistas simplemente se negaron a darle "soberanía" a la Ciudad de México. En su lugar solamente le otorgaron "autonomía" y eso solamente "en lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa". Dejaron fuera materias tan importantes como la soberanía económica, hacendaria o alimentaria.

Acto seguido, los diputados del PRIANRD procedieron a establecer una definición retrógrada de la propiedad privada. Hoy, aun después de las contra-reformas de Peña Nieto, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) todavía rechaza la idea de la naturaleza originaria de la propiedad privada. Su primera frase reza: "La propiedad de las tierras y aguas corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada".

Pero los constituyentes pactistas, aparentemente avergonzados del compromiso social de sus héroes patrios, decidieron dar marcha atrás a este tipo de formulaciones. El Art. 3, núm. 2 incluye como uno de los "principios rectores" de la Constitución el absoluto "respeto a la propiedad privada", como si se tratase de un derecho natural. En contraste, "la propiedad ejidal y comunal" no recibe el mismo "respeto", sino solamente se le da un tibio "reconocimiento".

El documento aprobado también incluye un fiel compromiso con los principios neoliberales de "eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, competitividad y productividad" en la función pública y la gestión de los recursos. La inclusión de estos términos tiene la evidente finalidad de combatir frontalmente las conquistas obreras y los derechos económicos y sociales fundamentales, consagrados en los artículos 3, 27, y 123 de nuestra CPEUM.

Los funcionarios tecnócratas neoliberales tendrán ya un gran aliado cuando busquen cancelar los comedores comunitarios, programas de apoyo a las madres solteras o a niños discapacitados, por citar sólo tres ejemplos. Con la mano en la cintura y bajo el amparo de esta Constitución, podrán argumentar que los programas no cumplen con el principio de "eficiencia", de "economía" o de "racionalidad" en la "asignación de los recursos públicos" (Art. 60).

* * * *

Dicen que prometer no empobrece y, en innumerables ocasiones, subí a tribuna para señalar que la Constitución nos daba con una mano a los ciudadanos lo que nos quitaba con la otra. Por ejemplo, el texto dice que las acciones gubernamentales para garantizar los derechos sociales solamente son obligatorias "hasta el máximo de los recursos públicos de que dispongan" (Art. 5. Letra A. núm. 1).

Ocurre igualmente con la garantía del llamado "mínimo vital" que es el gato por liebre que los Constituyentes elitistas de esta Ciudad quisieron ofrecer a los ciudadanos en lugar de la "renta básica". El mínimo vital quedó sujeto "hasta el máximo de los recursos públicos disponibles" y preferentemente a personas "en situación de pobreza", lo cual focaliza y por lo tanto anula completamente el espíritu de una garantía universal como la "renta básica".

Otro retroceso es que los diputados pactistas se negaron a considerar el agua como un derecho humano, tal y como ya ocurre en numerosos instrumentos normativos de avanzada a lo largo del mundo. La tan traída y llevada "No privatización" es irreal, porque dejó fuera de esa supuesta protección el lucrativo servicio del tratamiento y saneamiento de la misma. Asimismo, en el Art. 16, B, núm. 4, se le encarga la gestión del agua a un "organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión" que fácilmente irá incorporando el "apoyo" del sector privado en el manejo de este vital líquido.

Del mismo modo, el texto permite al Estado abdicar su responsabilidad de proteger el medio ambiente y los ecosistemas para dar lugar a un régimen de "cogestión" con el sector privado. El Art. 16, letra A, núm. 2 señala que "la protección, preservación y recuperación (del medio ambiente) es corresponsabilidad entre los sectores público, privado y social". La letra G núm. 5 también afirma que "se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno rural".

Todo el texto está minado de estratagemas privatizadoras cobijadas en la careta de la "corresponsabilidad". Por ejemplo, el Art. 8 letra A, núm. 2 define la educación como "un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad".

En materia educativa también hay una clara convicción de ir contra las movilizaciones magisteriales y los derechos laborales. Se incluyó en el Art. 8 A, núm. 6 una redacción que parece propuesta por Mexicanos Primero, dado que con el pretexto del "interés superior de la niñez", permite a las autoridades intervenir de forma feroz para impedir paros, huelgas o movilizaciones políticas.

Como era de esperarse, los constituyentes pactistas desecharon una reserva redactada por una servidora que proponía sustituir ese párrafo por el siguiente texto: "Esta Constitución reconoce la función primordial de la actividad docente por lo que las autoridades garantizarán la estabilidad laboral del magisterio y el pleno respeto a sus derechos laborales, sindicales, de profesionalización y actualización continua y de libertad de cátedra, así como su dignificación social".

Otra propuesta que también surgió de Morena fue la iniciativa de transformar la capital en una ciudad refugio, con la siguiente redacción: "La Ciudad de México debe ser una ciudad refugio y de asilo que otorgue protección plena a los migrantes y a toda víctima de acoso o de censura política proveniente de personas o autoridades de otras entidades federativas o de cualquier parte del mundo".

Teníamos en mente los cientos de periodistas y defensores de los derechos humanos que en entidades sin democracia, sin justicia y sin Estado de derecho han caído abatidos por la represión, como los casos de Nadia Vera y Rubén Espinosa, asesinados en la CDMX en junio de 2015. Los diputados pactistas, sin embargo, evidentemente no estuvieron de acuerdo. Como tampoco lo estuvieron en incluir en un transitorio una amnistía general para los presos políticos.

Soy hija de un gran luchador social que también fue preso político y eso era un tema que defendí con gran convicción. La Ciudad ha perdido una gran oportunidad para avanzar. Pero la lucha sigue y tarde o temprano los ciudadanos tendremos nuestro día.


La autora es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Fungió como vicecoordinadora general de la fracción parlamentaria de Morena en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Twitter: @Irma_Sandoval
Hora de publicación: 00:00 hrs.

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