REVISTA R
ANÁLISIS
Transparencia: ¿qué está en juego?
Joel Salas Suárez
(22 febrero 2015) .-00:00 hrs
¿Qué está en juego en la nueva Ley de Transparencia?
Durante las últimas semanas, la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ha estado presente en el debate público. Muchos, aunque no necesariamente todos los involucrados, hemos puesto sobre la mesa de una u otra forma nuestros puntos de vista. Sin embargo, para sacar la discusión de la coyuntura y ponerla en contexto, merece la pena preguntarnos: ¿qué está en juego en esta Ley?
En primer lugar, está en juego la concepción y consolidación misma de la democracia en nuestro país.
Algo de retrospectiva. Durante las décadas de los ochenta y noventa, la dinámica del cambio político en México se centró en modificar las reglas de competencia para acceder y ejercer el poder desde los partidos políticos. La idea de que la transición a la democracia sólo era posible por la vía de elecciones limpias, equitativas y justas opacó la existencia, al menos en el discurso, de otras formas de relación entre población y autoridades que se gestaron en el mismo periodo.
En otras palabras, la historia de la democracia en nuestro país se escribió enfatizando la dimensión electoral, lo que simplificó su compresión, pero le restó profundidad; redujo su complejidad y minimizó el proceso deliberativo que le dio origen.
A partir de la década de los ochenta, la ciudadanía se agrupó y formuló demandas más allá de los partidos políticos y dio forma a lo que hoy conocemos como sociedad civil organizada para transmitirlas al Estado, manifestó sus desacuerdos con las políticas públicas implementadas en diferentes niveles de gobierno y buscó acotar al Estado, reclamando explicaciones sobre las decisiones tomadas y colocándole límites, con lo que se dio inicio a un proceso de cambio en los cimientos de la relación entre población y autoridades.
Por ello, el reto que enfrentamos hoy es que debemos comprender el estado actual de nuestra democracia a partir de historias que no han sido contadas y, desde ahí, proyectar nuevos horizontes. Son necesarias nuevas formas de explicar y de entender el cambio democrático en México, que reflejen una realidad inobjetable: que la democracia va más allá del ámbito electoral y, desde luego, no es patrimonio exclusivo de los partidos políticos.
Es precisamente esta nueva forma de entender la democracia la que está en juego en estos días, y con ella la razón de ser del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). La discusión en el Senado de la República de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información es, sin lugar a dudas, una página importante en la historia de la democracia en México y de uno de los derechos fundamentales para las personas: el derecho de acceso a la información.
El desafío que enfrentan los senadores es aprobar una Ley que consolide el sistema de transparencia y rendición de cuentas puesto en marcha por la reforma de 2002 y continuar garantizando el derecho de acceso a la información, de acuerdo a la reforma constitucional de 2007. A la par, esta Ley deberá mantener la senda abierta por la reforma de 2014, que no sólo convirtió al IFAI en un órgano autónomo, sino que aumentó sus facultades, atribuciones y responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales y archivos, y estableció la creación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
Si bien México cuenta con instituciones y leyes propias de una democracia, en ocasiones su mal funcionamiento y falta de aplicación atentan contra este mismo régimen. Una Ley General acorde a los principios del artículo 6 constitucional podrá fomentar una nueva forma de relación entre las autoridades y la población para renovar el vínculo de confianza entre ellas a través del derecho de acceso a la información pública. Asegurar este derecho es un paso para transitar hacia una democracia deliberativa y participativa, que no se limite al ejercicio del voto, sino que se ejerza todos los días.
Los primeros pasos en ese sentido fueron contundentes. A finales de 2014, fuimos testigos de un proceso inédito en la construcción de esta Ley: organizaciones de la sociedad civil y senadores se sentaron a redactar una propuesta en conjunto. México aún construye un edificio de vanguardia, pero algunos actores involucrados están cambiando de opinión. Parecen decir: "esa ventana está muy grande, achícala; a esa otra, ponle un muro; esa puerta, cancélala". Ello significa trastocar el diseño original, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 6 constitucional: el libre derecho al acceso a información y el principio de máxima publicidad.
La información pública debe ser el insumo que permita, además, impulsar e implementar un modelo de gestión de gobierno abierto en todos los niveles y en los tres poderes, para construir lógicas colaborativas y de cocreación entre población y gobierno. Uno de los objetivos del gobierno abierto es, precisamente, involucrar a la población en todo el ciclo de la política pública que le interese o afecte y no sólo en la evaluación de los resultados, vía el voto.
En este punto es pertinente recordar que México preside este año la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), y la Ley General de Transparencia de nuestro país no puede quedarse rezagada de la posición que hoy ocupa nuestro país a nivel internacional; por el contrario, México debe establecer un parámetro de innovación para el resto de los países que integran la AGA, tanto en su contenido como en el proceso hacia su aprobación. Nuestro país no puede ser candil de la calle y, nunca mejor dicho, oscuridad de su casa.
Las elecciones seguirán siendo el procedimiento para lograr que la diversidad de opciones que existen en nuestra sociedad compitan de manera ordenada e institucional para alcanzar el poder y que los ciudadanos puedan escoger entre ellas, pero el derecho al acceso a la información trasciende los ciclos electorales; se trata de un derecho que permite a los ciudadanos ejercer la democracia cotidianamente. Hoy el derecho de votar se ejerce a plenitud; no así el derecho de acceso a la información. ¿Seguirá siendo así? Eso es lo que está en juego.
Clasificación y reserva de la información
* Avances en materia de acceso a la información logrados a través de criterios y resoluciones del IFAI.
* Facultad del instituto para ordenar el acceso a la información por considerar que existen violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o corrupción, sin esperar que otra autoridad califique los hechos.
* Listado de las personas que han recibido exenciones, cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, vinculando nombre y monto.
* Regulación estricta de la reserva de información, por tratarse de una excepción al principio de máxima publicidad. Por ejemplo, la reserva de posibles afectaciones a la estabilidad económica.
* Motivación suficiente de la reserva de información, a través de la prueba de daño.
* Garantizar el acceso a la información en fideicomisos y sector energético de la forma más amplía y directa posible.
* La preferencia de la Ley de Transparencia sobre otras leyes, para determinar la clasificación de la información.
* Declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, públicas.
Sanciones
* La autonomía del IFAI, por depender de otras instituciones (sujetos obligados) para que se hagan valer sus resoluciones.
* El principio de máxima publicidad, por responsabilizar a servidores públicos de órganos garantes cuando, en cumplimiento de sus funciones, den acceso a datos o información que afecte la operación de los sujetos obligados.
* El principio de máxima publicidad, por responsabilizar a servidores públicos o personas por la divulgación de información reservada en casos de corrupción, amenaza grave para la salud, seguridad, medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
El autor es comisionado del IFAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas
Durante las últimas semanas, la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ha estado presente en el debate público. Muchos, aunque no necesariamente todos los involucrados, hemos puesto sobre la mesa de una u otra forma nuestros puntos de vista. Sin embargo, para sacar la discusión de la coyuntura y ponerla en contexto, merece la pena preguntarnos: ¿qué está en juego en esta Ley?
En primer lugar, está en juego la concepción y consolidación misma de la democracia en nuestro país.
Algo de retrospectiva. Durante las décadas de los ochenta y noventa, la dinámica del cambio político en México se centró en modificar las reglas de competencia para acceder y ejercer el poder desde los partidos políticos. La idea de que la transición a la democracia sólo era posible por la vía de elecciones limpias, equitativas y justas opacó la existencia, al menos en el discurso, de otras formas de relación entre población y autoridades que se gestaron en el mismo periodo.
En otras palabras, la historia de la democracia en nuestro país se escribió enfatizando la dimensión electoral, lo que simplificó su compresión, pero le restó profundidad; redujo su complejidad y minimizó el proceso deliberativo que le dio origen.
A partir de la década de los ochenta, la ciudadanía se agrupó y formuló demandas más allá de los partidos políticos y dio forma a lo que hoy conocemos como sociedad civil organizada para transmitirlas al Estado, manifestó sus desacuerdos con las políticas públicas implementadas en diferentes niveles de gobierno y buscó acotar al Estado, reclamando explicaciones sobre las decisiones tomadas y colocándole límites, con lo que se dio inicio a un proceso de cambio en los cimientos de la relación entre población y autoridades.
Por ello, el reto que enfrentamos hoy es que debemos comprender el estado actual de nuestra democracia a partir de historias que no han sido contadas y, desde ahí, proyectar nuevos horizontes. Son necesarias nuevas formas de explicar y de entender el cambio democrático en México, que reflejen una realidad inobjetable: que la democracia va más allá del ámbito electoral y, desde luego, no es patrimonio exclusivo de los partidos políticos.
Es precisamente esta nueva forma de entender la democracia la que está en juego en estos días, y con ella la razón de ser del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). La discusión en el Senado de la República de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información es, sin lugar a dudas, una página importante en la historia de la democracia en México y de uno de los derechos fundamentales para las personas: el derecho de acceso a la información.
El desafío que enfrentan los senadores es aprobar una Ley que consolide el sistema de transparencia y rendición de cuentas puesto en marcha por la reforma de 2002 y continuar garantizando el derecho de acceso a la información, de acuerdo a la reforma constitucional de 2007. A la par, esta Ley deberá mantener la senda abierta por la reforma de 2014, que no sólo convirtió al IFAI en un órgano autónomo, sino que aumentó sus facultades, atribuciones y responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales y archivos, y estableció la creación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
Si bien México cuenta con instituciones y leyes propias de una democracia, en ocasiones su mal funcionamiento y falta de aplicación atentan contra este mismo régimen. Una Ley General acorde a los principios del artículo 6 constitucional podrá fomentar una nueva forma de relación entre las autoridades y la población para renovar el vínculo de confianza entre ellas a través del derecho de acceso a la información pública. Asegurar este derecho es un paso para transitar hacia una democracia deliberativa y participativa, que no se limite al ejercicio del voto, sino que se ejerza todos los días.
Los primeros pasos en ese sentido fueron contundentes. A finales de 2014, fuimos testigos de un proceso inédito en la construcción de esta Ley: organizaciones de la sociedad civil y senadores se sentaron a redactar una propuesta en conjunto. México aún construye un edificio de vanguardia, pero algunos actores involucrados están cambiando de opinión. Parecen decir: "esa ventana está muy grande, achícala; a esa otra, ponle un muro; esa puerta, cancélala". Ello significa trastocar el diseño original, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 6 constitucional: el libre derecho al acceso a información y el principio de máxima publicidad.
La información pública debe ser el insumo que permita, además, impulsar e implementar un modelo de gestión de gobierno abierto en todos los niveles y en los tres poderes, para construir lógicas colaborativas y de cocreación entre población y gobierno. Uno de los objetivos del gobierno abierto es, precisamente, involucrar a la población en todo el ciclo de la política pública que le interese o afecte y no sólo en la evaluación de los resultados, vía el voto.
En este punto es pertinente recordar que México preside este año la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), y la Ley General de Transparencia de nuestro país no puede quedarse rezagada de la posición que hoy ocupa nuestro país a nivel internacional; por el contrario, México debe establecer un parámetro de innovación para el resto de los países que integran la AGA, tanto en su contenido como en el proceso hacia su aprobación. Nuestro país no puede ser candil de la calle y, nunca mejor dicho, oscuridad de su casa.
Las elecciones seguirán siendo el procedimiento para lograr que la diversidad de opciones que existen en nuestra sociedad compitan de manera ordenada e institucional para alcanzar el poder y que los ciudadanos puedan escoger entre ellas, pero el derecho al acceso a la información trasciende los ciclos electorales; se trata de un derecho que permite a los ciudadanos ejercer la democracia cotidianamente. Hoy el derecho de votar se ejerce a plenitud; no así el derecho de acceso a la información. ¿Seguirá siendo así? Eso es lo que está en juego.
El edificio de la transparencia
Elementos fundamentales para diseñar el edificio de la transparencia a partir de los planos del artículo 6 constitucional. Lo que debería prevalecer en la nueva Ley.Clasificación y reserva de la información
* Avances en materia de acceso a la información logrados a través de criterios y resoluciones del IFAI.
* Facultad del instituto para ordenar el acceso a la información por considerar que existen violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o corrupción, sin esperar que otra autoridad califique los hechos.
* Listado de las personas que han recibido exenciones, cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, vinculando nombre y monto.
* Regulación estricta de la reserva de información, por tratarse de una excepción al principio de máxima publicidad. Por ejemplo, la reserva de posibles afectaciones a la estabilidad económica.
* Motivación suficiente de la reserva de información, a través de la prueba de daño.
* Garantizar el acceso a la información en fideicomisos y sector energético de la forma más amplía y directa posible.
* La preferencia de la Ley de Transparencia sobre otras leyes, para determinar la clasificación de la información.
* Declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, públicas.
Sanciones
* La autonomía del IFAI, por depender de otras instituciones (sujetos obligados) para que se hagan valer sus resoluciones.
* El principio de máxima publicidad, por responsabilizar a servidores públicos de órganos garantes cuando, en cumplimiento de sus funciones, den acceso a datos o información que afecte la operación de los sujetos obligados.
* El principio de máxima publicidad, por responsabilizar a servidores públicos o personas por la divulgación de información reservada en casos de corrupción, amenaza grave para la salud, seguridad, medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
El autor es comisionado del IFAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas