NACIONAL
Bajan multa a PVEM y le cobran en abonos
José David Estrada
(13 julio 2015) .-19:58 hrs
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral rebajó en 11.3 millones de pesos la multa que originalmente había establecido la Comisión de Fiscalización por 75.6 millones de pesos al Partido Verde por la aportación prohibida de la empresa Rabokse para financiar la exhibición de cineminutos en los complejos de Cinépolis y Cinemex.
Además, los 64.3 millones de pesos que quedaron aprobados en la sanción podrán ser pagados por el PVEM en un plazo de 38 meses, lo que significa que verá recortadas sus prerrogativas en 1.6 millones de pesos cada mes.
El consejero Ciro Murayama reconoció que hubo un error de parte de funcionarios de la Unidad Técnica de Fiscalización, quienes reportaron que no había sido entregado un contrato que sí figuraba en el expediente de la investigación.
"El Partido Verde hizo notar que sí entregó esa información el 2 de junio, antes de que se cerrara la instrucción, y por ello se propone retirar esa sanción de 11.3 millones", afirmó el consejero.
"Parece un error por no haber hecho toda la revisión, pero no estamos tomando elementos que después nos haya traído el Verde. Sí están en lo que entregó el 2 de junio", agregó.
El contrato en cuestión -y que fue traspapelado por la UTF- es el suscrito con Distribuidora y Comercializadora Training & Consulting por 37.8 millones de pesos.
Pablo Gómez, representante del PRD, pidió que se le explicara por qué no se incluyó en los montos no reportados por Rabokse, propiedad de un hermano de Arturo Escobar, coordinador de los diputados federales del PVEM y representante legal del partido, un monto de 44 millones de pesos.
Los consejeros no dieron respuesta a este cuestionamiento, por lo que Gómez adelantó que acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exigir que se aclaren estas dudas y se tomen en cuenta en la sanción al partido del tucán.
La consejera Pamela San Martín propuso que se consideraran estos gastos del PVEM como gastos de campaña, al haber sido ejercidos durante las intercampañas y que se utilizara una fórmula distinta para determinar si había habido un cobro demasiado bajo por parte de las empresas exhibidoras al PVEM.
Argumentó que la fórmula utilizada permite que la diferencia entre el costo promedio cobrado a tres empresas (Ferrocarriles Mexicanos, Ford y Telcel) y el cobrado al partido del tucán fuera del 32.8 por ciento, siendo que si se utilizaba una fórmula distinta, el descuento obtenido resultaría en más del 33 por ciento, lo que hubiera obligado al INE a sancionar a las exhibidoras por una aportación ilegal al partido político.
"Si son cuatro facturas, las cuatro deberían promediarse para no generar una distorsión, porque la diferencia de hacer la ecuación de una y otra forma es que si se toma el promedio por separado la diferencia es del 33% y sí lleva a una subvaluación. Y hacerlo de forma diferente lleva a 32.89% lo que no rebasa el tope del reglamento de fiscalización", expuso la consejera.
Sus propuestas fueron rechazadas por mayoría de votos.
Además, los 64.3 millones de pesos que quedaron aprobados en la sanción podrán ser pagados por el PVEM en un plazo de 38 meses, lo que significa que verá recortadas sus prerrogativas en 1.6 millones de pesos cada mes.
El consejero Ciro Murayama reconoció que hubo un error de parte de funcionarios de la Unidad Técnica de Fiscalización, quienes reportaron que no había sido entregado un contrato que sí figuraba en el expediente de la investigación.
"El Partido Verde hizo notar que sí entregó esa información el 2 de junio, antes de que se cerrara la instrucción, y por ello se propone retirar esa sanción de 11.3 millones", afirmó el consejero.
"Parece un error por no haber hecho toda la revisión, pero no estamos tomando elementos que después nos haya traído el Verde. Sí están en lo que entregó el 2 de junio", agregó.
El contrato en cuestión -y que fue traspapelado por la UTF- es el suscrito con Distribuidora y Comercializadora Training & Consulting por 37.8 millones de pesos.
Pablo Gómez, representante del PRD, pidió que se le explicara por qué no se incluyó en los montos no reportados por Rabokse, propiedad de un hermano de Arturo Escobar, coordinador de los diputados federales del PVEM y representante legal del partido, un monto de 44 millones de pesos.
Los consejeros no dieron respuesta a este cuestionamiento, por lo que Gómez adelantó que acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exigir que se aclaren estas dudas y se tomen en cuenta en la sanción al partido del tucán.
La consejera Pamela San Martín propuso que se consideraran estos gastos del PVEM como gastos de campaña, al haber sido ejercidos durante las intercampañas y que se utilizara una fórmula distinta para determinar si había habido un cobro demasiado bajo por parte de las empresas exhibidoras al PVEM.
Argumentó que la fórmula utilizada permite que la diferencia entre el costo promedio cobrado a tres empresas (Ferrocarriles Mexicanos, Ford y Telcel) y el cobrado al partido del tucán fuera del 32.8 por ciento, siendo que si se utilizaba una fórmula distinta, el descuento obtenido resultaría en más del 33 por ciento, lo que hubiera obligado al INE a sancionar a las exhibidoras por una aportación ilegal al partido político.
"Si son cuatro facturas, las cuatro deberían promediarse para no generar una distorsión, porque la diferencia de hacer la ecuación de una y otra forma es que si se toma el promedio por separado la diferencia es del 33% y sí lleva a una subvaluación. Y hacerlo de forma diferente lleva a 32.89% lo que no rebasa el tope del reglamento de fiscalización", expuso la consejera.
Sus propuestas fueron rechazadas por mayoría de votos.
