CIUDAD
Piden liberar a 17 detenidos en desalojo
Iris Velázquez
(21 agosto 2015) .-17:59 hrs
Tras el desalojo de una familia en Izcalli, 17 personas fueron detenidas; integrantes del Frente para una Vivienda Digna exigen su liberación y acusaron abusos
Al menos 150 personas protestaron frente a los Juzgados de Control y Juicio Oral en Cuautitlán Izcalli para pedir la liberación de 17 detenidos durante un desalojo.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles alrededor de las 8:45 horas, en Privada Villaurbane Número 10, Manzana 3, Lote 1 del desarrollo URBI Hacienda Montecarlo en Izcalli.
Los inconformes acusan que más de 60 policías, entre estatales, municipales y el grupo de operaciones especiales de la comisaría local, arribaron al domicilio mencionado para sacar de manera violenta a la familia que lo habitaba.
A decir de Humbertus Pérez, representante legal de habitantes del residencial y presidente del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna, las autoridades no exhibieron ninguna orden de desalojo, y el acto viola un amparo ganado a favor de los vecinos.
El abogado se refirió al Amparo Indirecto 880/2015, el cual, explicó, garantiza el derecho de los ciudadanos a permanecer en alguna de las mil 300 viviendas de URBI Hacienda Montecarlo, hasta que no se resuelva el juicio interpuesto por colonos en el que arguyen fraude inmobiliario.
"Fue un procedimiento totalmente irregular porque nunca hubo una confirmación de la orden de desalojo y nosotros tenemos una orden de suspensión provisional, con esa suspensión se debe dejar todo en el estado en que se encuentre hasta que el juez no otorgue la suspensión definitiva", explicó.
"Esa suspensión previa garantiza que la gente no sea detenida, no sea abusada, no pierda sus pertenencias, no sean violados sus derechos etcétera, etcétera.
"Ese amparo no lo quiso hacer valer, respetar el Juez Tercero Civil del Municipio de Cuautitlán Izcalli, ni la licenciada Blanca Pineda que fue la actuaria", indicó Humbertus Pérez.
REFORMA publicó el pasado mayo que vecinos de este fraccionamiento y del de URBI Hacienda Balboa acusaban a dicha desarrolladora de venderles viviendas de entre 1.7 y 2.5 millones sin servicios básicos, ni obras de equipamiento y materiales prometidos, por lo que interpusieron demandas colectivas desde 2010 ante la Procuraduría General de la Republica.
La vecina a la que se desalojó responde al nombre de Mercedes Orozco Ruiz, enferma de cáncer pulmonar, quien acusó golpes y pisadas.
Otro de los agredidos fue Juan Antonio Sánchez Orozco, familiar, de 22 años, de la afectada, quien sufrió fracturas en tres costillas.
Pérez indicó que también se violó el debido procedimiento, pues los detenidos están incomunicados y no se les ha permitido hacer ninguna llamada o ver a sus abogados.
"Están privados de la libertad, están incomunicados, en las más de 48 horas nunca pudieron tener contacto con su abogado, no hemos tenido contacto con ellos hubo cuatro heridos delicados, una persona está todavía hospitalizada con el problema de la diabetes, le lastimaron muy feo su pierna, un joven fractura de cuatro costillas y otra con fractura en el tobillo", expuso Pérez.
El día de ayer el Frente levantó a una queja ante la Fiscalía Encargada de servidores públicos, para pedir la destitución del Comisario Javier Santiago Bautista, responsabilizándolo de lo que aseguraron fue un desalojo con violencia y violación de derechos humanos, instancia a la cual apuntaron, también ya hay una demanda en curso.
"Javier Santiago Bautista se tiene que ir, se tiene que ir de la Comisaría, vamos a hacer todo lo posible o medianamente posible para que se largue por la manera en la que autorizó que se agrediera a una persona de la tercera edad", agregó.
"Otros sólo por sacar videos (se detuvieron), a un niño que grabó lo persiguieron para quitarle el celular, pero se logró escapar", dijo.
A los presos se les imputan delitos de Oposición y resistencia a un mandamiento judicial, privación ilegal de la libertad y ultraje.
Al menos 150 personas protestaron frente a los Juzgados de Control y Juicio Oral en Cuautitlán Izcalli para pedir la liberación de 17 detenidos durante un desalojo.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles alrededor de las 8:45 horas, en Privada Villaurbane Número 10, Manzana 3, Lote 1 del desarrollo URBI Hacienda Montecarlo en Izcalli.
Los inconformes acusan que más de 60 policías, entre estatales, municipales y el grupo de operaciones especiales de la comisaría local, arribaron al domicilio mencionado para sacar de manera violenta a la familia que lo habitaba.
A decir de Humbertus Pérez, representante legal de habitantes del residencial y presidente del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna, las autoridades no exhibieron ninguna orden de desalojo, y el acto viola un amparo ganado a favor de los vecinos.
El abogado se refirió al Amparo Indirecto 880/2015, el cual, explicó, garantiza el derecho de los ciudadanos a permanecer en alguna de las mil 300 viviendas de URBI Hacienda Montecarlo, hasta que no se resuelva el juicio interpuesto por colonos en el que arguyen fraude inmobiliario.
"Fue un procedimiento totalmente irregular porque nunca hubo una confirmación de la orden de desalojo y nosotros tenemos una orden de suspensión provisional, con esa suspensión se debe dejar todo en el estado en que se encuentre hasta que el juez no otorgue la suspensión definitiva", explicó.
"Esa suspensión previa garantiza que la gente no sea detenida, no sea abusada, no pierda sus pertenencias, no sean violados sus derechos etcétera, etcétera.
"Ese amparo no lo quiso hacer valer, respetar el Juez Tercero Civil del Municipio de Cuautitlán Izcalli, ni la licenciada Blanca Pineda que fue la actuaria", indicó Humbertus Pérez.
REFORMA publicó el pasado mayo que vecinos de este fraccionamiento y del de URBI Hacienda Balboa acusaban a dicha desarrolladora de venderles viviendas de entre 1.7 y 2.5 millones sin servicios básicos, ni obras de equipamiento y materiales prometidos, por lo que interpusieron demandas colectivas desde 2010 ante la Procuraduría General de la Republica.
La vecina a la que se desalojó responde al nombre de Mercedes Orozco Ruiz, enferma de cáncer pulmonar, quien acusó golpes y pisadas.
Otro de los agredidos fue Juan Antonio Sánchez Orozco, familiar, de 22 años, de la afectada, quien sufrió fracturas en tres costillas.
Pérez indicó que también se violó el debido procedimiento, pues los detenidos están incomunicados y no se les ha permitido hacer ninguna llamada o ver a sus abogados.
"Están privados de la libertad, están incomunicados, en las más de 48 horas nunca pudieron tener contacto con su abogado, no hemos tenido contacto con ellos hubo cuatro heridos delicados, una persona está todavía hospitalizada con el problema de la diabetes, le lastimaron muy feo su pierna, un joven fractura de cuatro costillas y otra con fractura en el tobillo", expuso Pérez.
El día de ayer el Frente levantó a una queja ante la Fiscalía Encargada de servidores públicos, para pedir la destitución del Comisario Javier Santiago Bautista, responsabilizándolo de lo que aseguraron fue un desalojo con violencia y violación de derechos humanos, instancia a la cual apuntaron, también ya hay una demanda en curso.
"Javier Santiago Bautista se tiene que ir, se tiene que ir de la Comisaría, vamos a hacer todo lo posible o medianamente posible para que se largue por la manera en la que autorizó que se agrediera a una persona de la tercera edad", agregó.
"Otros sólo por sacar videos (se detuvieron), a un niño que grabó lo persiguieron para quitarle el celular, pero se logró escapar", dijo.
A los presos se les imputan delitos de Oposición y resistencia a un mandamiento judicial, privación ilegal de la libertad y ultraje.
