NACIONAL
Urgen a regular publicidad oficial
Andro Aguilar
(27 agosto 2015) .-00:00 hrs
Las organizaciones Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar demandaron al Congreso iniciar sus tareas, el próximo martes, legislando a favor de criterios claros, objetivos y transparentes para regular la publicidad oficial.
Durante la presentación del informe "Libertad de expresión en venta, acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial", Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, advirtió que, de permanecer el marco legal como está, se seguirá afectando la libertad de expresión y de información de las audiencias, lo que afecta la línea editorial de los medios.
Ruelas dijo que en el informe se documentan gastos millonarios, déficit de información detallada y confiable, impunidad y posibles actos de corrupción en el manejo de la publicidad oficial.
El informe señala que el Gobierno federal gastó 14 mil millones de pesos discrecionalmente entre 2013 y 2014, además de que, con la información proporcionada por los gobiernos estatales, no fue posible conocer a qué campañas o contratos fueron destinados los recursos en 25 estados, que en conjunto sumaron 5 mil 639 millones de pesos sólo en 2013.
Aleida Calleja, de Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, destacó que si en México existiera una democracia de calidad, no tendría cabida lo señalado en el informe.
La especialista expuso que, a diferencia de lo que ocurre en México, en países como Alemania hay competencia legítima entre los medios y el mercado publicitario, además de que los fondos para medios de comunicación se otorgan por concursos.
Joel Salas, comisionado en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se mostró optimista respecto al combate a la opacidad que pueda venir con la entrada en vigor de la reforma en transparencia, que a partir de mayo de 2016 obliga a todos los sujetos a reportar el destino de los recursos públicos.
Salas destacó que el INAI trabaja, junto con Fundar, en una plataforma que permita subir los contratos otorgados por organismos que reciban dinero público.
El siguiente pasó será, dijo, presionar en una alianza ciudadana a los sujetos obligados para que usen la aplicación.
El ex consejero electoral Alfredo Figueroa recordó la impunidad que prevaleció en las violaciones a la ley electoral por parte del Partido Verde y se mostró escéptico sobre los beneficios que pueda traer la aplicación de la nueva ley de transparencia.
Durante la presentación del informe "Libertad de expresión en venta, acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial", Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, advirtió que, de permanecer el marco legal como está, se seguirá afectando la libertad de expresión y de información de las audiencias, lo que afecta la línea editorial de los medios.
Ruelas dijo que en el informe se documentan gastos millonarios, déficit de información detallada y confiable, impunidad y posibles actos de corrupción en el manejo de la publicidad oficial.
El informe señala que el Gobierno federal gastó 14 mil millones de pesos discrecionalmente entre 2013 y 2014, además de que, con la información proporcionada por los gobiernos estatales, no fue posible conocer a qué campañas o contratos fueron destinados los recursos en 25 estados, que en conjunto sumaron 5 mil 639 millones de pesos sólo en 2013.
Aleida Calleja, de Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, destacó que si en México existiera una democracia de calidad, no tendría cabida lo señalado en el informe.
La especialista expuso que, a diferencia de lo que ocurre en México, en países como Alemania hay competencia legítima entre los medios y el mercado publicitario, además de que los fondos para medios de comunicación se otorgan por concursos.
Joel Salas, comisionado en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se mostró optimista respecto al combate a la opacidad que pueda venir con la entrada en vigor de la reforma en transparencia, que a partir de mayo de 2016 obliga a todos los sujetos a reportar el destino de los recursos públicos.
Salas destacó que el INAI trabaja, junto con Fundar, en una plataforma que permita subir los contratos otorgados por organismos que reciban dinero público.
El siguiente pasó será, dijo, presionar en una alianza ciudadana a los sujetos obligados para que usen la aplicación.
El ex consejero electoral Alfredo Figueroa recordó la impunidad que prevaleció en las violaciones a la ley electoral por parte del Partido Verde y se mostró escéptico sobre los beneficios que pueda traer la aplicación de la nueva ley de transparencia.
