NACIONAL
Niega México responsabilidad en Acteal
Diana Baptista y César Martínez
(20 octubre 2015) .-12:59 hrs
El Estado mexicano negó su responsabilidad en la masacre de Acteal, al argumentar que ningún informe o recomendación ha acreditado la participación de agentes del Estado o de grupos paramilitares.
En la primera audiencia de México durante el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desligó a los servidores públicos de cualquier participación más allá de omisiones en su conducta, y adjudicó las fallas en la investigación a la topografía y difícil situación social de Acteal.
"El Estado reconoce la incapacidad que tuvimos de prevenir la comisión de estos hechos terribles y la incapacidad de reaccionar inmediatamente a los mismos, pero rechazamos, de la misma manera, que el Estado haya estado involucrado (...). No aceptaremos la responsabilidad del Estado en la comisión de los mismos", expresó Miguel Ruiz, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.
México adjudicó los hechos a un acto de venganza llevado a cabo por grupos civiles armados, ocurrido en un contexto de conflicto agrario y lucha por la delimitación territorial.
Cuestionado por la comisionada Rosa María Ortiz sobre las pruebas de que no hubo grupos paramilitares involucrados, Ruiz citó los informes de 1998 y 1999 realizados por la CIDH y la Relatoría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, los cuales establecen la falta de evidencia sobre la existencia de los mismos.
Por ello, Ruiz exigió que la CIDH aplique el estándar de la Corte Internacional de Justicia para castigar actos de genocidio, el cual establece que la participación del Estado debe ser probada de forma conclusiva.
Según el subsecretario, por el caso hubo 139 consignados, de los cuales uno fue liberado porque era homónimo del presunto responsable, uno murió en prisión, dos fueron liberados tras apelación, dos fueron internados en tutelares de menores y 95 fueron sentenciados a prisión.
Fueron procesados 15 funcionarios de bajo nivel y 87 indígenas tzotziles acusados como autores materiales, seis de los cuales fueron absueltos.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, propuso diseñar con las víctimas un esquema de no repetición y solución amistosa, el cual subsane la imposibilidad de procesar a quienes fueron liberados.
Al acusar que el Estado sigue propiciando la impunidad y no ha presentado garantías de no repetición, las víctimas, representadas por la asociación civil Las Abejas, rechazaron llegar a un acuerdo amistoso que lleve al fin del conflicto.
"Ante los graves crímenes que el Estado mexicano sigue cometiendo en contra del pueblo mexicano y la impunidad que viven las víctima y sobrevivientes de la masacre de Acteal, hacemos saber a esta honorable CIDH que no aceptamos llegar a una solución amistosa.
"Por lo tanto pedimos se continúe con la tramitación del mismo hasta la emisión del informe de fondo correspondiente, donde se señale al Estado mexicano su responsabilidad por la violación de los artículos de la convención interamericana de derechos humanos", manifestó Juan Vázquez Luna, secretario general de la mesa directiva de Las Abejas.
Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa, entregó a la CIDH y al Estado mexicano un peritaje acompañado de un informe médico forense de las 45 víctimas, el cual tomó por sorpresa a la delegación de funcionarios mexicanos.
Faro citó también documentos desclasificados de la campaña que señala el apoyo directo del Ejército a grupos paramilitares en Chiapas.
"Podemos afirmar que la masacre de Acteal se inscribió en un contexto de guerra, donde las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el Gobierno mexicano", sentenció.
El 22 de diciembre de 1997 fueron asesinadas 18 mujeres adultas, cuatro de ellas embarazadas; 7 hombres adultos; 16 mujeres, de entre 8 meses y 17 años, y 4 varones más, de entre 2 y 15 años.
En la primera audiencia de México durante el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desligó a los servidores públicos de cualquier participación más allá de omisiones en su conducta, y adjudicó las fallas en la investigación a la topografía y difícil situación social de Acteal.
"El Estado reconoce la incapacidad que tuvimos de prevenir la comisión de estos hechos terribles y la incapacidad de reaccionar inmediatamente a los mismos, pero rechazamos, de la misma manera, que el Estado haya estado involucrado (...). No aceptaremos la responsabilidad del Estado en la comisión de los mismos", expresó Miguel Ruiz, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.
México adjudicó los hechos a un acto de venganza llevado a cabo por grupos civiles armados, ocurrido en un contexto de conflicto agrario y lucha por la delimitación territorial.
Cuestionado por la comisionada Rosa María Ortiz sobre las pruebas de que no hubo grupos paramilitares involucrados, Ruiz citó los informes de 1998 y 1999 realizados por la CIDH y la Relatoría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, los cuales establecen la falta de evidencia sobre la existencia de los mismos.
Por ello, Ruiz exigió que la CIDH aplique el estándar de la Corte Internacional de Justicia para castigar actos de genocidio, el cual establece que la participación del Estado debe ser probada de forma conclusiva.
Según el subsecretario, por el caso hubo 139 consignados, de los cuales uno fue liberado porque era homónimo del presunto responsable, uno murió en prisión, dos fueron liberados tras apelación, dos fueron internados en tutelares de menores y 95 fueron sentenciados a prisión.
Fueron procesados 15 funcionarios de bajo nivel y 87 indígenas tzotziles acusados como autores materiales, seis de los cuales fueron absueltos.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, propuso diseñar con las víctimas un esquema de no repetición y solución amistosa, el cual subsane la imposibilidad de procesar a quienes fueron liberados.
Al acusar que el Estado sigue propiciando la impunidad y no ha presentado garantías de no repetición, las víctimas, representadas por la asociación civil Las Abejas, rechazaron llegar a un acuerdo amistoso que lleve al fin del conflicto.
"Ante los graves crímenes que el Estado mexicano sigue cometiendo en contra del pueblo mexicano y la impunidad que viven las víctima y sobrevivientes de la masacre de Acteal, hacemos saber a esta honorable CIDH que no aceptamos llegar a una solución amistosa.
"Por lo tanto pedimos se continúe con la tramitación del mismo hasta la emisión del informe de fondo correspondiente, donde se señale al Estado mexicano su responsabilidad por la violación de los artículos de la convención interamericana de derechos humanos", manifestó Juan Vázquez Luna, secretario general de la mesa directiva de Las Abejas.
Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa, entregó a la CIDH y al Estado mexicano un peritaje acompañado de un informe médico forense de las 45 víctimas, el cual tomó por sorpresa a la delegación de funcionarios mexicanos.
Faro citó también documentos desclasificados de la campaña que señala el apoyo directo del Ejército a grupos paramilitares en Chiapas.
"Podemos afirmar que la masacre de Acteal se inscribió en un contexto de guerra, donde las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el Gobierno mexicano", sentenció.
El 22 de diciembre de 1997 fueron asesinadas 18 mujeres adultas, cuatro de ellas embarazadas; 7 hombres adultos; 16 mujeres, de entre 8 meses y 17 años, y 4 varones más, de entre 2 y 15 años.
