REVISTA R
REPORTAJE
UNAM: hora crítica
Andro Aguilar
(25 octubre 2015) .-00:00 hrs
En la recta final de la elección de un nuevo rector, la Universidad Nacional Autónoma de México vive un intenso debate sobre su autonomía y democratización interna.
Académicos, estudiantes y trabajadores han lanzado la advertencia de que el nuevo rector puede ser impuesto por el gobierno federal, y exigen transparencia en el proceso de designación.
Antes de que fuera emitida la convocatoria, el pasado 24 de septiembre, diversos grupos llamaron a cuidar la autonomía universitaria, tanto a los 16 aspirantes que mostraron interés por ocupar la Rectoría, como a los 15 miembros de la Junta de Gobierno que, el pasado jueves, redujo la lista a 10 candidatos y que en las próximas semanas elegirá al sucesor de José Narro Robles.
El 27 de agosto, 32 académicos entregaron a la Junta de Gobierno universitaria un documento para pedir que se publicaran los proyectos de trabajo de los aspirantes a la Rectoría, así como sus comparecencias ante la Junta y las deliberaciones de los 15 notables.
Un mes después, alrededor de 100 profesores e investigadores aglutinados en el grupo "Democracia UNAM" publicaron el desplegado Por la Defensa de la Universidad Pública; convocaron a la comunidad universitaria a participar activamente para defender la autonomía y exhortaron a los aspirantes a presentar y debatir públicamente sus planes de trabajo, así como a dialogar directamente con los estudiantes en las escuelas y facultades sobre su visión de la institución.
A los 15 universitarios notables de la Junta de Gobierno les demandaron hacer públicos los argumentos en los que basarán la decisión sobre el nuevo rector, quien deberá ser electo antes del 16 de noviembre, día en el que concluye la gestión de Narro.
En las últimas semanas, estudiantes de al menos cinco facultades -Ciencias, Derecho; Filosofía y Letras; Ciencias Políticas y Sociales, y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán- han realizado consultas entre la comunidad universitaria sobre el proceso de designación y han recopilado propuestas de democratización interna.
Al activismo en torno a la elección del rector se sumó también el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, que el pasado martes publicó un desplegado en el que exige evitar la injerencia del gobierno federal en el proceso.
Y es que al menos dos de los candidatos -Sergio Alcocer, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, y Francisco Bolívar Zapata, ex coordinador de Ciencia Tecnología e Innovación en la Oficina de la Presidencia- son señalados como cercanos a la administración de Enrique Peña Nieto.
Ante la demanda de transparencia, sin emitir una respuesta explícita, la Junta de Gobierno ha tomado algunas decisiones inéditas, como hacer públicos los planes de trabajo de los aspirantes y abrir Radio y TV UNAM para que los candidatos los expongan.
También informó que 34 mil universitarios respondieron a la convocatoria para hacerles llegar sus opiniones y propuestas.
Los críticos del proceso, sin embargo, insisten en que esas medidas son insuficientes para alejar a la UNAM de prácticas medievales de sucesión.
* * * *
Especialistas en educación superior coinciden en que los métodos de elección de los órganos de gobierno de la UNAM son contrarios al espíritu de transparencia y rendición de cuentas que la institución ha impulsado en el país.
Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, enfatiza que para evitar señalamientos sobre la injerencia externa en la Universidad, ésta debe abrirse a la observación de la comunidad universitaria y nacional.
"En un sistema más abierto, podemos ver discusiones sobre proyectos universitarios, no estar atentos a ver si el Presidente apoya a alguien", dice en entrevista.
Si la discusión se centra en los planes de trabajo, explica Gil Antón, las inclinaciones políticas de los integrantes de la Junta de Gobierno pasarían a segundo plano.
"No creo que la Junta de Gobierno esté ajena a posiciones políticas, sería ingenuo pensarlo. Cada una de esas personas tiene posiciones y cercanías, es inevitable. No son ángeles y arcángeles puros. Tienen intereses. Es una obra de seres humanos, más vale abrir procedimientos prudentes de transparencia y rendición de cuentas", advierte.
Imanol Ordorika Sacristán, integrante del Seminario de Especialistas en Educación Superior de la UNAM, compara la designación de los 15 notables con el cónclave cardenalicio que elige al Papa de Roma, de manera secreta y sin explicar sus decisiones.
Ordorika Sacristán es uno de los 32 académicos que entregó la carta a la Junta de Gobierno aquel 27 de agosto. La muestra en el escritorio de su oficina con el sello de recepción y lamenta:
"La Junta de Gobierno no atendió demandas muy elementales. Les dijimos: 'dénos información, hagan el proceso más transparente y díganos cuál es el resultado de sus deliberaciones'. Pero sólo nos dieron más información y se reservan todo lo demás a su ámbito secreto, en donde interactúan entre ellos y con los grupos de poder a los que responden en colectivo e individualmente".
Líder estudiantil durante la huelga de 1986 y autor de La disputa por el campus. Poder, política y autonomía en la UNAM (Plaza y Valdés, 2006), Ordorika explica la histórica injerencia de los partidos políticos en la UNAM, principalmente del PRI.
Pone como ejemplo al actual rector, quien antes de dirigir la UNAM ocupó diversos cargos en el gobierno federal y presidió la fundación Cambio XXI, ahora llamada Fundación Colosio, que tiene como una tarea primordial la elaboración de los planes de gobierno y la plataforma electoral del PRI.
"En la Rectoría de la UNAM ha habido rectores sin partido y un buen número de rectores del PRI, como Gustavo Baz, Guillermo Soberón y Narro. No lo ocultan", afirma.
Sin embargo, Ordorika asegura que no se puede acusar a Narro de subordinar la UNAM a los sectores del PRI.
"Lo que es paradójico es que Soberón es el que más ha criticado a otros por supuestamente pertenecer a un partido político. Es uno de los procedimientos que la Junta de Gobierno permite. Que integrantes de un cuerpo que incluso pueden ser del partido oficial descalifiquen a uno de los aspirantes por considerar que tiene una afinidad ideológica o política con otro partido", explica.
Ordorika alude a los señalamientos de que la candidata Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias, pertenezca al partido Morena, debido al apoyo explícito que emitió en 2012 a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
-¿Por qué el caso de Sergio Alcocer cobra mayor relevancia si otros rectores han ocupado previamente un puesto en el gobierno federal?- se le pregunta.
-No tiene un peso universitario previamente construido. No digo que haya sido un mal universitario. Pero ocupa en repetidas ocasiones cargos en el gobierno federal. No tiene rasgos de una personalidad política y un carácter que garanticen a los universitarios que no implicaría su nombramiento una subordinación al gobierno federal. Como parte del gobierno federal, Alcocer no tuvo un posicionamiento sobre el caso de Ayotzinapa, que preocupa a los universitarios y por ello se le identifica como alguien que podría estar subordinado al poder de le Presidencia e incluso a otros funcionarios gubernamentales de menor nivel. Eso es muy peligroso. La Junta de Gobierno debe ser muy cuidadosa en ese aspecto -comenta.
El investigador Roberto Rodríguez Gómez, también de la UNAM, ve como un avance que la Junta de Gobierno se haya mostrado sensible a los señalamientos de la comunidad universitaria y que haya proporcionado más información que en anteriores procesos. Aunque no será satisfecha la demanda de hacer públicas las entrevistas a los 10 candidatos que continúan en el proceso y las deliberaciones de la Junta de Gobierno.
Para Rodríguez Gómez, haber sido funcionario federal antes que rector no determina una subordinación ante el gobierno en turno. Como ejemplo pone a Javier Barros Sierra (1966-1970), Juan Ramón de la Fuente (1999-2007) y al propio Narro, que ocuparon cargos de gobierno antes de ser rectores.
"El mecanismo de designación de rector no se abstiene de esa postura ni descarta a candidatos que hayan participado en el sector público. Eso no siempre tiene que ver con el desempeño posterior de los rectores. Uno de los mejores rectores que hemos tenido, Barros Sierra, fue subsecretario", argumenta.
* * * *
Al finalizar sus ocho años como rector, José Narro Robles deja a la UNAM con los principales compromisos de su plan de trabajo cubiertos, pero en una peor posición en dos de los tres principales rankings internacionales.
En la QS World University Rankings subió del lugar 192 en 2007, al 160 en 2015; pero en el Academic Rankings of World Universities descendió del 161 al 233, en el mismo periodo; y en el Hugher Education Suplement, realizado por The Times, pasó del 192 a situarse entre los 400 y 500.
Algo que destacan Gil Antón y Ordorika es la voz crítica emitida desde la Rectoría durante el periodo de José Narro.
"Estos ocho años han sido muy positivos en términos de que contamos con una Universidad Nacional que ha señalado como pocas, como casi ningún partido, o en lugar de que los partidos lo hicieran, las problemáticas", destaca Gil Antón.
El rector número 44 de la UNAM, que será dado a conocer antes del 17 de noviembre, enfrenta el reto de dirigir a la institución que concentra el 5 por ciento de todo el estudiantado de nivel superior en México, con presencia en 20 estados y en 8 países, una institución que sin ser un órgano cultural, realizó más de 13 mil 700 actividades de este rubro sólo en 2014, concentra la cuarta parte de las patentes mexicanas y que por su cantidad de alumnos es una de las más grandes del mundo.
El rector enfrentará también el debate interno que busca que la democratización interna permita mantener a salvo su autonomía.
El ambulantaje, la delincuencia y la venta de drogas en sus planteles; la presencia de grupos porriles y la toma de instalaciones por parte de grupos anarquistas -como el que tiene tomado el auditorio Justo Sierra, también llamado Ché Guevara, desde septiembre de 2000- son otras asignaturas pendientes.
Académicos, estudiantes y trabajadores han lanzado la advertencia de que el nuevo rector puede ser impuesto por el gobierno federal, y exigen transparencia en el proceso de designación.
Antes de que fuera emitida la convocatoria, el pasado 24 de septiembre, diversos grupos llamaron a cuidar la autonomía universitaria, tanto a los 16 aspirantes que mostraron interés por ocupar la Rectoría, como a los 15 miembros de la Junta de Gobierno que, el pasado jueves, redujo la lista a 10 candidatos y que en las próximas semanas elegirá al sucesor de José Narro Robles.
El 27 de agosto, 32 académicos entregaron a la Junta de Gobierno universitaria un documento para pedir que se publicaran los proyectos de trabajo de los aspirantes a la Rectoría, así como sus comparecencias ante la Junta y las deliberaciones de los 15 notables.
Un mes después, alrededor de 100 profesores e investigadores aglutinados en el grupo "Democracia UNAM" publicaron el desplegado Por la Defensa de la Universidad Pública; convocaron a la comunidad universitaria a participar activamente para defender la autonomía y exhortaron a los aspirantes a presentar y debatir públicamente sus planes de trabajo, así como a dialogar directamente con los estudiantes en las escuelas y facultades sobre su visión de la institución.
A los 15 universitarios notables de la Junta de Gobierno les demandaron hacer públicos los argumentos en los que basarán la decisión sobre el nuevo rector, quien deberá ser electo antes del 16 de noviembre, día en el que concluye la gestión de Narro.
En las últimas semanas, estudiantes de al menos cinco facultades -Ciencias, Derecho; Filosofía y Letras; Ciencias Políticas y Sociales, y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán- han realizado consultas entre la comunidad universitaria sobre el proceso de designación y han recopilado propuestas de democratización interna.
Al activismo en torno a la elección del rector se sumó también el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, que el pasado martes publicó un desplegado en el que exige evitar la injerencia del gobierno federal en el proceso.
Y es que al menos dos de los candidatos -Sergio Alcocer, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, y Francisco Bolívar Zapata, ex coordinador de Ciencia Tecnología e Innovación en la Oficina de la Presidencia- son señalados como cercanos a la administración de Enrique Peña Nieto.
Ante la demanda de transparencia, sin emitir una respuesta explícita, la Junta de Gobierno ha tomado algunas decisiones inéditas, como hacer públicos los planes de trabajo de los aspirantes y abrir Radio y TV UNAM para que los candidatos los expongan.
También informó que 34 mil universitarios respondieron a la convocatoria para hacerles llegar sus opiniones y propuestas.
Los críticos del proceso, sin embargo, insisten en que esas medidas son insuficientes para alejar a la UNAM de prácticas medievales de sucesión.
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Especialistas en educación superior coinciden en que los métodos de elección de los órganos de gobierno de la UNAM son contrarios al espíritu de transparencia y rendición de cuentas que la institución ha impulsado en el país.
Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, enfatiza que para evitar señalamientos sobre la injerencia externa en la Universidad, ésta debe abrirse a la observación de la comunidad universitaria y nacional.
"En un sistema más abierto, podemos ver discusiones sobre proyectos universitarios, no estar atentos a ver si el Presidente apoya a alguien", dice en entrevista.
Si la discusión se centra en los planes de trabajo, explica Gil Antón, las inclinaciones políticas de los integrantes de la Junta de Gobierno pasarían a segundo plano.
"No creo que la Junta de Gobierno esté ajena a posiciones políticas, sería ingenuo pensarlo. Cada una de esas personas tiene posiciones y cercanías, es inevitable. No son ángeles y arcángeles puros. Tienen intereses. Es una obra de seres humanos, más vale abrir procedimientos prudentes de transparencia y rendición de cuentas", advierte.
Imanol Ordorika Sacristán, integrante del Seminario de Especialistas en Educación Superior de la UNAM, compara la designación de los 15 notables con el cónclave cardenalicio que elige al Papa de Roma, de manera secreta y sin explicar sus decisiones.
Ordorika Sacristán es uno de los 32 académicos que entregó la carta a la Junta de Gobierno aquel 27 de agosto. La muestra en el escritorio de su oficina con el sello de recepción y lamenta:
"La Junta de Gobierno no atendió demandas muy elementales. Les dijimos: 'dénos información, hagan el proceso más transparente y díganos cuál es el resultado de sus deliberaciones'. Pero sólo nos dieron más información y se reservan todo lo demás a su ámbito secreto, en donde interactúan entre ellos y con los grupos de poder a los que responden en colectivo e individualmente".
Líder estudiantil durante la huelga de 1986 y autor de La disputa por el campus. Poder, política y autonomía en la UNAM (Plaza y Valdés, 2006), Ordorika explica la histórica injerencia de los partidos políticos en la UNAM, principalmente del PRI.
Pone como ejemplo al actual rector, quien antes de dirigir la UNAM ocupó diversos cargos en el gobierno federal y presidió la fundación Cambio XXI, ahora llamada Fundación Colosio, que tiene como una tarea primordial la elaboración de los planes de gobierno y la plataforma electoral del PRI.
"En la Rectoría de la UNAM ha habido rectores sin partido y un buen número de rectores del PRI, como Gustavo Baz, Guillermo Soberón y Narro. No lo ocultan", afirma.
Sin embargo, Ordorika asegura que no se puede acusar a Narro de subordinar la UNAM a los sectores del PRI.
"Lo que es paradójico es que Soberón es el que más ha criticado a otros por supuestamente pertenecer a un partido político. Es uno de los procedimientos que la Junta de Gobierno permite. Que integrantes de un cuerpo que incluso pueden ser del partido oficial descalifiquen a uno de los aspirantes por considerar que tiene una afinidad ideológica o política con otro partido", explica.
Ordorika alude a los señalamientos de que la candidata Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias, pertenezca al partido Morena, debido al apoyo explícito que emitió en 2012 a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
-¿Por qué el caso de Sergio Alcocer cobra mayor relevancia si otros rectores han ocupado previamente un puesto en el gobierno federal?- se le pregunta.
-No tiene un peso universitario previamente construido. No digo que haya sido un mal universitario. Pero ocupa en repetidas ocasiones cargos en el gobierno federal. No tiene rasgos de una personalidad política y un carácter que garanticen a los universitarios que no implicaría su nombramiento una subordinación al gobierno federal. Como parte del gobierno federal, Alcocer no tuvo un posicionamiento sobre el caso de Ayotzinapa, que preocupa a los universitarios y por ello se le identifica como alguien que podría estar subordinado al poder de le Presidencia e incluso a otros funcionarios gubernamentales de menor nivel. Eso es muy peligroso. La Junta de Gobierno debe ser muy cuidadosa en ese aspecto -comenta.
El investigador Roberto Rodríguez Gómez, también de la UNAM, ve como un avance que la Junta de Gobierno se haya mostrado sensible a los señalamientos de la comunidad universitaria y que haya proporcionado más información que en anteriores procesos. Aunque no será satisfecha la demanda de hacer públicas las entrevistas a los 10 candidatos que continúan en el proceso y las deliberaciones de la Junta de Gobierno.
Para Rodríguez Gómez, haber sido funcionario federal antes que rector no determina una subordinación ante el gobierno en turno. Como ejemplo pone a Javier Barros Sierra (1966-1970), Juan Ramón de la Fuente (1999-2007) y al propio Narro, que ocuparon cargos de gobierno antes de ser rectores.
"El mecanismo de designación de rector no se abstiene de esa postura ni descarta a candidatos que hayan participado en el sector público. Eso no siempre tiene que ver con el desempeño posterior de los rectores. Uno de los mejores rectores que hemos tenido, Barros Sierra, fue subsecretario", argumenta.
* * * *
Al finalizar sus ocho años como rector, José Narro Robles deja a la UNAM con los principales compromisos de su plan de trabajo cubiertos, pero en una peor posición en dos de los tres principales rankings internacionales.
En la QS World University Rankings subió del lugar 192 en 2007, al 160 en 2015; pero en el Academic Rankings of World Universities descendió del 161 al 233, en el mismo periodo; y en el Hugher Education Suplement, realizado por The Times, pasó del 192 a situarse entre los 400 y 500.
Algo que destacan Gil Antón y Ordorika es la voz crítica emitida desde la Rectoría durante el periodo de José Narro.
"Estos ocho años han sido muy positivos en términos de que contamos con una Universidad Nacional que ha señalado como pocas, como casi ningún partido, o en lugar de que los partidos lo hicieran, las problemáticas", destaca Gil Antón.
El rector número 44 de la UNAM, que será dado a conocer antes del 17 de noviembre, enfrenta el reto de dirigir a la institución que concentra el 5 por ciento de todo el estudiantado de nivel superior en México, con presencia en 20 estados y en 8 países, una institución que sin ser un órgano cultural, realizó más de 13 mil 700 actividades de este rubro sólo en 2014, concentra la cuarta parte de las patentes mexicanas y que por su cantidad de alumnos es una de las más grandes del mundo.
El rector enfrentará también el debate interno que busca que la democratización interna permita mantener a salvo su autonomía.
El ambulantaje, la delincuencia y la venta de drogas en sus planteles; la presencia de grupos porriles y la toma de instalaciones por parte de grupos anarquistas -como el que tiene tomado el auditorio Justo Sierra, también llamado Ché Guevara, desde septiembre de 2000- son otras asignaturas pendientes.