INTERNACIONAL
Llega a Corte Suprema conflicto catalán
María Fabra / El País Internacional
(11 noviembre 2015) .-06:26 (Actualización: 13:18 hrs)
El pleno del Tribunal Constitucional español decidió, por unanimidad, suspender la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña para iniciar la "desconexión" de España.
Tal como había solicitado el Gobierno, el tribunal paralizó así la ejecución de la resolución de forma automática, al admitir a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El pleno decidió comunicar nominalmente a los 21 cargos del Parlamento de Cataluña (Parlament) que deben cumplir la decisión judicial pero, según fuentes del tribunal, suavizó la petición del Gobierno y sólo advierten de que podrían incurrir en eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento.
El Gobierno pedía que el tribunal notificara personalmente a los 21 cargos la prohibición de tramitar cualquier iniciativa encaminada a ejecutar la resolución, y se les avisara de las sanciones de las que serían objeto de no cumplir con la decisión, inclusive de la posibilidad de ser acusados de desobediencia.
A partir de ahora, el Constitucional dispone de cinco meses para decidir sobre el fondo de la declaración, y su constitucionalidad en una sentencia de la que será ponente el conservador Andrés Ollero, o prorrogar la suspensión por un tiempo indefinido.
Entre los cargos a los que ha señalado el Gobierno están la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y al presidente en funciones, Artur Mas y otros 19 cargos, entre miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y los miembros del Gobierno de la Generalitat en funciones.
El pleno ha empezado poco después de las cuatro y media de la tarde, con la participación de los once magistrados que componen actualmente el tribunal y se ha prolongado durante poco más de dos horas.
La convocatoria ha tenido carácter extraordinario después de que el Consejo de Ministros aprobara esta mañana la presentación del recurso contra la declaración secesionista, tras contar con el dictámen favorable del Consejo de Estado.
La abogada del Estado, Marta Silva de LaPuerta presentó el reclamo ante el Tribunal Constitucional, y el Gobierno pidió a la Corte que suspendiera la decisión del Parlamento catalán mientras se estudia.
La propuesta que fue aprobada el lunes en el Parlamento regional en Barcelona da un mes al próximo Gobierno de la región para que empiece a trabajar en una nueva Constitución catalana que debería votarse en 2017, así como para comenzar a establecer sistemas de seguridad social y recaudación de impuestos.
También exime al Gobierno regional de rendir cuentas a las instituciones españolas, incluido el Tribunal Constitucional.
Con información de AP
Tal como había solicitado el Gobierno, el tribunal paralizó así la ejecución de la resolución de forma automática, al admitir a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El pleno decidió comunicar nominalmente a los 21 cargos del Parlamento de Cataluña (Parlament) que deben cumplir la decisión judicial pero, según fuentes del tribunal, suavizó la petición del Gobierno y sólo advierten de que podrían incurrir en eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento.
El Gobierno pedía que el tribunal notificara personalmente a los 21 cargos la prohibición de tramitar cualquier iniciativa encaminada a ejecutar la resolución, y se les avisara de las sanciones de las que serían objeto de no cumplir con la decisión, inclusive de la posibilidad de ser acusados de desobediencia.
A partir de ahora, el Constitucional dispone de cinco meses para decidir sobre el fondo de la declaración, y su constitucionalidad en una sentencia de la que será ponente el conservador Andrés Ollero, o prorrogar la suspensión por un tiempo indefinido.
Entre los cargos a los que ha señalado el Gobierno están la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y al presidente en funciones, Artur Mas y otros 19 cargos, entre miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y los miembros del Gobierno de la Generalitat en funciones.
El pleno ha empezado poco después de las cuatro y media de la tarde, con la participación de los once magistrados que componen actualmente el tribunal y se ha prolongado durante poco más de dos horas.
La convocatoria ha tenido carácter extraordinario después de que el Consejo de Ministros aprobara esta mañana la presentación del recurso contra la declaración secesionista, tras contar con el dictámen favorable del Consejo de Estado.
La abogada del Estado, Marta Silva de LaPuerta presentó el reclamo ante el Tribunal Constitucional, y el Gobierno pidió a la Corte que suspendiera la decisión del Parlamento catalán mientras se estudia.
La propuesta que fue aprobada el lunes en el Parlamento regional en Barcelona da un mes al próximo Gobierno de la región para que empiece a trabajar en una nueva Constitución catalana que debería votarse en 2017, así como para comenzar a establecer sistemas de seguridad social y recaudación de impuestos.
También exime al Gobierno regional de rendir cuentas a las instituciones españolas, incluido el Tribunal Constitucional.
Con información de AP
