NACIONAL
Van tras empresarios ligados a tarjetas
Claudia Salazar
(26 noviembre 2015) .-12:15 hrs
Además de pedir la detención de Arturo Escobar, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó la aprehensión de los empresarios involucrados en la elaboración y reparto de las tarjetas Premia Platino que utilizó el PVEM durante la campaña electoral.
Así lo informó la ex diputada del PRD Julisa Mejía, quien acudió a la Fiscalía para conocer avances de su denuncia contra el partido del tucán por la distribución de las tarjetas.
Con base en la denuncia de la perredista y de otra promovida por el PAN, la FEPADE determinó que sí hay elementos para considerar el delito electoral por parte del entonces dirigente del PVEM.
La FEPADE precisó a la ex legisladora que se pidió orden de aprehensión contra Luisa María Robles Ponce y María Guadalupe Robles Ponce, quienes a través de la empresa Proyectos Juveniles firmaron el contrato con Escobar.
Dicha empresa subcontrató a la empresa Cards para la producción de las tarjetas. Por esta compañía, también se pidió la detención de Pablo Oliver Robles.
Las hermanas Robles Ponce también subcontrataron a la empresa Multiservicios para la distribución de las 10 mil tarjetas.
Ramiro Quintero Ramos, de esta empresa, es otro por el que se pide orden de aprehensión.
La ex diputada refirió que por la información que proporciona la FEPADE se advierte otra vez un esquema de triangulación en el reparto de tarjetas, como hizo el PRI con las de Monex en 2012.
"No descarto que haya algo político contra Escobar, pero qué bueno que se le dio seguimiento a esta denuncia, que ya daba por desechada", manifestó Mejía al salir de la Fiscalía.
"Éste es un paso importante, ya es delito entregar tarjetas, es una dádiva ilegal, ya no nos vamos a quedar como si nada como nos pasó con las tarjetas de Monex y Soriana".
Así lo informó la ex diputada del PRD Julisa Mejía, quien acudió a la Fiscalía para conocer avances de su denuncia contra el partido del tucán por la distribución de las tarjetas.
Con base en la denuncia de la perredista y de otra promovida por el PAN, la FEPADE determinó que sí hay elementos para considerar el delito electoral por parte del entonces dirigente del PVEM.
La FEPADE precisó a la ex legisladora que se pidió orden de aprehensión contra Luisa María Robles Ponce y María Guadalupe Robles Ponce, quienes a través de la empresa Proyectos Juveniles firmaron el contrato con Escobar.
Dicha empresa subcontrató a la empresa Cards para la producción de las tarjetas. Por esta compañía, también se pidió la detención de Pablo Oliver Robles.
Las hermanas Robles Ponce también subcontrataron a la empresa Multiservicios para la distribución de las 10 mil tarjetas.
Ramiro Quintero Ramos, de esta empresa, es otro por el que se pide orden de aprehensión.
La ex diputada refirió que por la información que proporciona la FEPADE se advierte otra vez un esquema de triangulación en el reparto de tarjetas, como hizo el PRI con las de Monex en 2012.
"No descarto que haya algo político contra Escobar, pero qué bueno que se le dio seguimiento a esta denuncia, que ya daba por desechada", manifestó Mejía al salir de la Fiscalía.
"Éste es un paso importante, ya es delito entregar tarjetas, es una dádiva ilegal, ya no nos vamos a quedar como si nada como nos pasó con las tarjetas de Monex y Soriana".
