REVISTA R
REPORTAJE
Reescribir la Constitución
Ernesto Núñez
(31 enero 2016) .-00:00 hrs
"Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor...". Esto dice el inicio del artículo 136 constitucional, el último de la Carta Magna, y uno de los pocos que no ha sido cambiado desde su promulgación, en 1917.
Cuando falta un año para su centenario, la Constitución parece no tener fuerza ni vigor. Luce remendada y parchada. Con 227 reformas integrales, que han alterado 114 de 136 artículos, hoy el texto sería irreconocible para los constituyentes de Querétaro.
A la Constitución se le han duplicado las palabras. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), de 1964 a 2015 pasó de 27 mil a 66 mil. Más de 38 mil 400 palabras añadidas, que condensan programas de gobierno de los presidentes, proyectos y anhelos políticos de los legisladores, pactos entre los partidos políticos, normas que consagran acuerdos y disposiciones súper detalladas que reflejan la desconfianza entre los "reformadores".
Ningún presidente se ha resistido a modificar el texto constitucional: desde el gobierno de Álvaro Obregón, en el que se hicieron dos reformas que cambiaron ocho artículos; hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que la firma del Pacto por México implicó 22 reformas que han provocado, hasta el momento, 144 cambios en artículos (algunos tocados dos o más veces), y la incorporación de más de 11 mil palabras al texto constitucional.
La primera reforma fue promulgada por Obregón en julio de 1921, y facultaba al Congreso a establecer en toda la República escuelas rurales elementales, secundarias, superiores y profesionales.
La más reciente es la del Distrito Federal. Promulgada la semana pasada por Peña Nieto, esta reforma modificó 51 artículos y dio paso a la creación de la Ciudad de México.
El Presidente de la era postrevolucionaria que menos tocó la Constitución fue Adolfo Ruiz Cortines, pero su única reforma fue de gran trascendencia. Promulgada en octubre de 1953, la reforma a los artículos 34 y 115 incluyó de manera expresa a las mujeres como ciudadanas de la República y suprimió el precepto constitucional que restringía su participación sólo a las elecciones municipales.
En cambio, en los 12 años con presidentes emanados del PAN -Vicente Fox y Felipe Calderón-, se hicieron 56 reformas, 147 cambios en artículos y se agregaron más de 12 mil palabras al texto (tan sólo en el sexenio de Calderón se añadieron 9 mil 450 palabras). Pero sus reformas fueron insustanciales a decir del propio PAN y sus ex presidentes, quienes reiteradamente acusan al PRI de haberles negado las "reformas estructurales" que hubieran permitido consolidar su proyecto de gobierno.
Tantos cambios, según los expertos, han hecho que la Constitución parezca más actual y más moderna, en tanto que incorpora elementos del constitucionalismo contemporáneo. Pero, según los investigadores del IIJ-UNAM, al mismo tiempo se ha propiciado que la Carta Magna sea un texto "cada vez más extenso, desordenado, asistemático y descuidado desde el punto de vista técnico".
A su vez, la Constitución se ha convertido en un concepto cada vez más lejano para los ciudadanos.
La Encuesta Nacional de Cultura Constitucional (hecha por el IIJ-UNAM en 2003 y 2011) muestra un gran desconocimiento sobre la Constitución y un profundo escepticismo sobre su vigencia y aplicación en la vida cotidiana.
En 2011 -el sondeo más reciente-, más del 65 por ciento de los encuestados afirmó que conoce "poco" la Constitución; el 27.7 por ciento admitió que no conoce "nada" de ella, y sólo el 3.6 por ciento dijo conocerla "mucho".
Sólo el 27.8 por ciento de los encuestados creía que la Constitución es adecuada para las necesidades del país, y el 56.5 por ciento consideraba que ya no responde a esas necesidades.
El 18 por ciento creía que había que hacer una nueva Constitución, el 50 por ciento optaba por reformarla y sólo el 22.5 por ciento sugería dejarla como está.
Diego Valadés, uno de los abogados constitucionalistas más prestigiados del país, con una extensa obra sobre la Constitución de 1917 y su vigencia, considera que la Carta Magna enfrenta, al menos, dos graves problemas: un déficit notable en el cumplimiento de sus funciones, y un alejamiento de su esencia original provocado por las constantes reformas.
Son tres las funciones de la Constitución: regir la organización del poder federal, estatal y municipal; regular las relaciones entre gobernados y gobernantes, y normar las relaciones entre los individuos.
"¿Qué pasa con nuestro orden constitucional?", se pregunta el jurista, "que, en el primer orden, la Constitución está muy dañada: la relación entre poderes y entre órganos gubernamentales es muy deficiente. Hay corrupción, hay incompetencia, hay omisiones sistemáticas que los ciudadanos padecemos.
"En las relaciones poder-ciudadanos también hay déficits muy claros, de otra manera no podríamos explicarnos un 50 por ciento de los mexicanos en la pobreza, y un 100 por ciento de los ciudadanos en la inseguridad. Y las relaciones entre la sociedad están igualmente dañadas, tanto así, que los niveles de confianza en el país son muy bajos y los niveles de cohesión social están muy erosionados.
"Es decir, las tres funciones de la Constitución presentan serios déficits en este momento", asegura.
Valadés identifica un problema adicional: el desdibujamiento provocado por múltiples reformas, que va mucho más allá de lo técnico jurídico o de lo estrictamente formal, como puede ser su redacción y estilo.
El investigador relata cómo la Constitución fue convirtiéndose, paulatinamente, en un instrumento de los gobernantes, en expresión de programas de gobierno, acuerdos entre los partidos y, peor aún, proyectos de élites económicas que, en los últimos años, influyen de manera determinante en las reformas constitucionales.
"La Constitución de 1917 fue el producto de la identificación de las demandas y las expectativas sociales, y por eso tuvo un contenido eminentemente social, porque resolvía las inquietudes de campesinos, y ya de obreros. En esa Constitución, el protagonista era el pueblo, por decirlo no en términos políticos ni demagógicos, sino estrictamente conceptuales, como se podría decir basándose en Rousseau. De eso hablaban la Constitución Francesa, y la de Estados Unidos; es decir, las constituciones son del pueblo, porque el pueblo somos todos.
"Esto cambió, y luego la Constitución se convirtió en un instrumento de los gobernantes, pero con un giro adicional: ahora las constituciones también son el instrumento de la clase política internacional y, entonces, nos encontramos que, en los últimos años, se hablaba más de la reforma constitucional mexicana en Wall Street que en México", asegura.
Según Valadés, muchas reformas han sido encargadas a despachos profesionales, algunos extranjeros, que han dejado el sello de su asesoría técnica.
Durante la negociación de las reformas económicas del Pacto por México (sobre todo en la de telecomunicaciones y la energética), quedó constancia pública de que se recabó la opinión de los sectores e industrias que se pretendían regular.
-¿Cuáles son los riesgos de tener una especie de constitución del Pacto por México? -se le pregunta a Valadés.
-Bueno, el Pacto por México también tuvo muchas ventajas, pero si se analizan los 90 rubros y se les clasifica conforme a los niveles de interés que representan, se verá que una parte muy pequeña es la que correspondería al interés del gobernado, que sería la seguridad jurídica, vivir en equidad, contar con elementos reales de igualdad jurídica y de justicia. Todo esto está faltándole al gobernado -señala.
El constitucionalista considera que, a 99 años del Congreso Constituyente de Querétaro, lo que necesita el país es situar nuevamente al gobernado en el centro del poder.
"Esto significa que tenemos que replantearnos los intereses y las decisiones de la Constitución, para que volvamos a tener la Constitución del pueblo", asegura, "México necesita una nueva constitucionalidad; si eso se traduce en una reforma profunda de la actual Constitución, o en un nuevo texto constitucional, eso es simplemente una decisión estratégica".
Según Valadés, resulta preferible reformar la Constitución que sustituirla, pero admite que existen corrientes de opinión y grupos de especialistas y políticos que, con argumentos serios, están planteando crear una nueva Constitución.
El grupo que más seriamente ha empujado la idea de elaborar una nueva Constitución es Por México Hoy, encabezado por el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y el senador Alejandro Encinas, ambos ex perredistas.
El 3 de octubre del año pasado, este grupo lanzó la convocatoria para construir un nuevo proyecto de nación, a través de la discusión de los problemas que afectan a la sociedad y las nuevas vías para solucionarlos.
Al lanzar su frente ciudadano, Cárdenas rechazó que su convocatoria pretenda fundar un nuevo partido político o crear un movimiento para participar en elecciones. Convocó a articular "una gran ola social", en la que podrían confluir militantes de diversos partidos. Y centró su discurso en la idea de formular una nueva Constitución.
"La edificación de un país modelado de manera muy distinta del actual, que cuente con una nueva Constitución y que ésta sea, al mismo tiempo, estación de llegada y plataforma de lanzamiento de los cambios que hagan de México una nación soberana, de iguales, de justicia, y democrática", dijo Cárdenas.
Porfirio Muñoz Ledo, el otro líder histórico de la Corriente Democrática de 1988, coincide con la idea.
En el lanzamiento de Por México Hoy, Muñoz Ledo dijo que hoy la Constitución de 1917 sólo es un referente histórico, y ha sido a tal grado traicionada, que su centenario debería conmemorarse con una revisión integral de su contenido, para refundar la República.
En coincidencia con la idea de que la Constitución es "letra muerta", el 5 de febrero de 2015 un grupo de activistas sociales crearon la "Primer Constituyente Ciudadana y Popular", un colectivo que pretende proponer una nueva Carta Magna que represente genuinamente los intereses de la sociedad.
El poeta Javier Sicilia, el pintor Francisco Toledo, el obispo Raúl Vera y el padre Alejandro Solalinde figuran entre los promotores de esta iniciativa.
En sus documentos básicos, el movimiento denuncia la erosión, alteración y destrucción de los derechos sociales contenidos en la Constitución de 1917, y arremete contra las reformas neoliberales de los últimos seis sexenios.
"Como parte del saldo de esta guerra en contra de la Constitución mexicana, se han documentado y visibilizado cientos de casos que dan cuenta del cúmulo de agravios que pesan sobre la población como resultado de las retrógradas contrarreformas anticonstitucionales promovidas por los gobiernos neoliberales. Las adecuaciones de la ley fundamental y los ajustes jurídicos consiguientes se han consolidado a partir de la desfiguración y el desmantelamiento de los contenidos sociales y los principios nacionalistas de la Constitución mexicana de 1917", se argumenta en el documento.
El 5 de febrero próximo, en el monumento a la Revolución, los comités estatales de la Constituyente Ciudadana-Popular presentarán los fundamentos y las bases éticas de la nueva Constitución.
Pero, de cara al centenario, los juristas de la UNAM proponen una ruta más gradualista que comienza por reordenar y consolidar el proyecto constitucional.
Diego Valadés y Héctor Fix-Fierro son autores de un proyecto auspiciado por la UNAM, en el que se está proponiendo una nueva redacción del texto constitucional, un reordenamiento de sus artículos y capítulos, la corrección de duplicidades y errores, y la eliminación de múltiples disposiciones reglamentarias que pasarían a una Ley de Desarrollo Constitucional.
Sin modificar su contenido esencial, los juristas proponen reducir más de 17 mil palabras a la Constitución, para hacerla más entendible para los ciudadanos, más manejable para los legisladores y más útil para iniciar un debate profundo sobre su vigencia y reformulación.
"Es un ejercicio que resulta indispensable previo a cualquier planteamiento de reforma de la Constitución, o incluso de sustitución de la misma. Reescribir la Constitución sin introducirle ningún cambio, porque ésa función le corresponde a los actores políticos. Pero vamos a facilitarle a esos actores políticos la toma de decisiones, y vamos a facilitarle al ciudadano el conocimiento de nuestra Constitución", explica Valadés.
La Constitución Política de los Estados Unidos. Texto reordenado y consolidado fue publicada en este mes por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como un anteproyecto, pero lleva también el sello editorial de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Valadés explica que, si los legisladores y el gobierno están de acuerdo, el nuevo texto podría discutirse y consolidarse -a partir de esta propuesta inicial- durante el año previo al centenario, y celebrar la efemérides, en febrero de 2017, con una nueva versión de la Constitución que facilite su estudio, su aplicación y la recuperación de sus funciones.
Los académicos sugieren añadir un preámbulo del que carece el texto vigente -y que sí contienen la mayoría de las constituciones del mundo- en el que se aclare, de inicio, la vocación social y democrática de la Constitución.
"Esta Constitución expresa la voluntad del Pueblo Mexicano de instituir un estado de Derecho democrático, social y laico, organizado como república representativa y federal, con base en los principios de soberanía, libertad, justicia, igualdad, equidad, dignidad y seguridad jurídica...", se lee en las primeras líneas de dicho preámbulo.
La propuesta implicaría sólo una reforma constitucional; la del artículo 69, para facultar al Congreso a expedir leyes para desarrollar el contenido de las normas constitucionales.
En esa Ley de Desarrollo Constitucional quedarían aquellas disposiciones reglamentarias que, tras múltiples reformas, han quedado plasmadas en la Constitución. Minucias, detalles y hasta candados, como la distribución de los tiempos oficiales durante precampañas y campañas electorales -que actualmente se estipulan con horas y minutos en la Constitución- irían a dar a esa ley.
El documento, en el que colaboran otros cinco juristas (Daniel Barceló, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Daniel Márquez, Pedro Salazar Ugarte y José María Serna), contiene un estudio introductorio sobre las reformas que ha sufrido la Constitución y sus efectos.
El proyecto fue compartido con las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, con el Ejecutivo e incluso con algunos promotores de una nueva Constitución, como Muñoz Ledo y Cárdenas.
El cabildeo apenas ha comenzado, pero, según Valadés, la propuesta se ha recibido con simpatía.
"Que los actores políticos lo estudien, que le hagan los cambios que consideren, porque este proyecto seguramente es mejorable; pero, si ellos están de acuerdo, por la vía del artículo 135 se podría proceder a hacer este ajuste. Sin ser una nueva Constitución en el orden estricto, sí sería una nueva forma de presentación de la Constitución y tendría que ser promulgada en su totalidad como un nuevo ordenamiento", comenta Valadés.
-¿Y celebrar el centenario de la Constitución con esta nueva versión? -se le cuestiona.
-Eso sería lo ideal -responde el jurista.
Cuando falta un año para su centenario, la Constitución parece no tener fuerza ni vigor. Luce remendada y parchada. Con 227 reformas integrales, que han alterado 114 de 136 artículos, hoy el texto sería irreconocible para los constituyentes de Querétaro.
A la Constitución se le han duplicado las palabras. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), de 1964 a 2015 pasó de 27 mil a 66 mil. Más de 38 mil 400 palabras añadidas, que condensan programas de gobierno de los presidentes, proyectos y anhelos políticos de los legisladores, pactos entre los partidos políticos, normas que consagran acuerdos y disposiciones súper detalladas que reflejan la desconfianza entre los "reformadores".
Ningún presidente se ha resistido a modificar el texto constitucional: desde el gobierno de Álvaro Obregón, en el que se hicieron dos reformas que cambiaron ocho artículos; hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que la firma del Pacto por México implicó 22 reformas que han provocado, hasta el momento, 144 cambios en artículos (algunos tocados dos o más veces), y la incorporación de más de 11 mil palabras al texto constitucional.
La primera reforma fue promulgada por Obregón en julio de 1921, y facultaba al Congreso a establecer en toda la República escuelas rurales elementales, secundarias, superiores y profesionales.
La más reciente es la del Distrito Federal. Promulgada la semana pasada por Peña Nieto, esta reforma modificó 51 artículos y dio paso a la creación de la Ciudad de México.
El Presidente de la era postrevolucionaria que menos tocó la Constitución fue Adolfo Ruiz Cortines, pero su única reforma fue de gran trascendencia. Promulgada en octubre de 1953, la reforma a los artículos 34 y 115 incluyó de manera expresa a las mujeres como ciudadanas de la República y suprimió el precepto constitucional que restringía su participación sólo a las elecciones municipales.
En cambio, en los 12 años con presidentes emanados del PAN -Vicente Fox y Felipe Calderón-, se hicieron 56 reformas, 147 cambios en artículos y se agregaron más de 12 mil palabras al texto (tan sólo en el sexenio de Calderón se añadieron 9 mil 450 palabras). Pero sus reformas fueron insustanciales a decir del propio PAN y sus ex presidentes, quienes reiteradamente acusan al PRI de haberles negado las "reformas estructurales" que hubieran permitido consolidar su proyecto de gobierno.
Larga e inaplicable
Tantos cambios, según los expertos, han hecho que la Constitución parezca más actual y más moderna, en tanto que incorpora elementos del constitucionalismo contemporáneo. Pero, según los investigadores del IIJ-UNAM, al mismo tiempo se ha propiciado que la Carta Magna sea un texto "cada vez más extenso, desordenado, asistemático y descuidado desde el punto de vista técnico".
A su vez, la Constitución se ha convertido en un concepto cada vez más lejano para los ciudadanos.
La Encuesta Nacional de Cultura Constitucional (hecha por el IIJ-UNAM en 2003 y 2011) muestra un gran desconocimiento sobre la Constitución y un profundo escepticismo sobre su vigencia y aplicación en la vida cotidiana.
En 2011 -el sondeo más reciente-, más del 65 por ciento de los encuestados afirmó que conoce "poco" la Constitución; el 27.7 por ciento admitió que no conoce "nada" de ella, y sólo el 3.6 por ciento dijo conocerla "mucho".
Sólo el 27.8 por ciento de los encuestados creía que la Constitución es adecuada para las necesidades del país, y el 56.5 por ciento consideraba que ya no responde a esas necesidades.
El 18 por ciento creía que había que hacer una nueva Constitución, el 50 por ciento optaba por reformarla y sólo el 22.5 por ciento sugería dejarla como está.
'Ya no es del pueblo'
Diego Valadés, uno de los abogados constitucionalistas más prestigiados del país, con una extensa obra sobre la Constitución de 1917 y su vigencia, considera que la Carta Magna enfrenta, al menos, dos graves problemas: un déficit notable en el cumplimiento de sus funciones, y un alejamiento de su esencia original provocado por las constantes reformas.
Son tres las funciones de la Constitución: regir la organización del poder federal, estatal y municipal; regular las relaciones entre gobernados y gobernantes, y normar las relaciones entre los individuos.
"¿Qué pasa con nuestro orden constitucional?", se pregunta el jurista, "que, en el primer orden, la Constitución está muy dañada: la relación entre poderes y entre órganos gubernamentales es muy deficiente. Hay corrupción, hay incompetencia, hay omisiones sistemáticas que los ciudadanos padecemos.
"En las relaciones poder-ciudadanos también hay déficits muy claros, de otra manera no podríamos explicarnos un 50 por ciento de los mexicanos en la pobreza, y un 100 por ciento de los ciudadanos en la inseguridad. Y las relaciones entre la sociedad están igualmente dañadas, tanto así, que los niveles de confianza en el país son muy bajos y los niveles de cohesión social están muy erosionados.
"Es decir, las tres funciones de la Constitución presentan serios déficits en este momento", asegura.
Valadés identifica un problema adicional: el desdibujamiento provocado por múltiples reformas, que va mucho más allá de lo técnico jurídico o de lo estrictamente formal, como puede ser su redacción y estilo.
El investigador relata cómo la Constitución fue convirtiéndose, paulatinamente, en un instrumento de los gobernantes, en expresión de programas de gobierno, acuerdos entre los partidos y, peor aún, proyectos de élites económicas que, en los últimos años, influyen de manera determinante en las reformas constitucionales.
"La Constitución de 1917 fue el producto de la identificación de las demandas y las expectativas sociales, y por eso tuvo un contenido eminentemente social, porque resolvía las inquietudes de campesinos, y ya de obreros. En esa Constitución, el protagonista era el pueblo, por decirlo no en términos políticos ni demagógicos, sino estrictamente conceptuales, como se podría decir basándose en Rousseau. De eso hablaban la Constitución Francesa, y la de Estados Unidos; es decir, las constituciones son del pueblo, porque el pueblo somos todos.
"Esto cambió, y luego la Constitución se convirtió en un instrumento de los gobernantes, pero con un giro adicional: ahora las constituciones también son el instrumento de la clase política internacional y, entonces, nos encontramos que, en los últimos años, se hablaba más de la reforma constitucional mexicana en Wall Street que en México", asegura.
Según Valadés, muchas reformas han sido encargadas a despachos profesionales, algunos extranjeros, que han dejado el sello de su asesoría técnica.
Durante la negociación de las reformas económicas del Pacto por México (sobre todo en la de telecomunicaciones y la energética), quedó constancia pública de que se recabó la opinión de los sectores e industrias que se pretendían regular.
-¿Cuáles son los riesgos de tener una especie de constitución del Pacto por México? -se le pregunta a Valadés.
-Bueno, el Pacto por México también tuvo muchas ventajas, pero si se analizan los 90 rubros y se les clasifica conforme a los niveles de interés que representan, se verá que una parte muy pequeña es la que correspondería al interés del gobernado, que sería la seguridad jurídica, vivir en equidad, contar con elementos reales de igualdad jurídica y de justicia. Todo esto está faltándole al gobernado -señala.
El constitucionalista considera que, a 99 años del Congreso Constituyente de Querétaro, lo que necesita el país es situar nuevamente al gobernado en el centro del poder.
"Esto significa que tenemos que replantearnos los intereses y las decisiones de la Constitución, para que volvamos a tener la Constitución del pueblo", asegura, "México necesita una nueva constitucionalidad; si eso se traduce en una reforma profunda de la actual Constitución, o en un nuevo texto constitucional, eso es simplemente una decisión estratégica".
Según Valadés, resulta preferible reformar la Constitución que sustituirla, pero admite que existen corrientes de opinión y grupos de especialistas y políticos que, con argumentos serios, están planteando crear una nueva Constitución.
Nueva Constitución
El grupo que más seriamente ha empujado la idea de elaborar una nueva Constitución es Por México Hoy, encabezado por el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y el senador Alejandro Encinas, ambos ex perredistas.
El 3 de octubre del año pasado, este grupo lanzó la convocatoria para construir un nuevo proyecto de nación, a través de la discusión de los problemas que afectan a la sociedad y las nuevas vías para solucionarlos.
Al lanzar su frente ciudadano, Cárdenas rechazó que su convocatoria pretenda fundar un nuevo partido político o crear un movimiento para participar en elecciones. Convocó a articular "una gran ola social", en la que podrían confluir militantes de diversos partidos. Y centró su discurso en la idea de formular una nueva Constitución.
"La edificación de un país modelado de manera muy distinta del actual, que cuente con una nueva Constitución y que ésta sea, al mismo tiempo, estación de llegada y plataforma de lanzamiento de los cambios que hagan de México una nación soberana, de iguales, de justicia, y democrática", dijo Cárdenas.
Porfirio Muñoz Ledo, el otro líder histórico de la Corriente Democrática de 1988, coincide con la idea.
En el lanzamiento de Por México Hoy, Muñoz Ledo dijo que hoy la Constitución de 1917 sólo es un referente histórico, y ha sido a tal grado traicionada, que su centenario debería conmemorarse con una revisión integral de su contenido, para refundar la República.
En coincidencia con la idea de que la Constitución es "letra muerta", el 5 de febrero de 2015 un grupo de activistas sociales crearon la "Primer Constituyente Ciudadana y Popular", un colectivo que pretende proponer una nueva Carta Magna que represente genuinamente los intereses de la sociedad.
El poeta Javier Sicilia, el pintor Francisco Toledo, el obispo Raúl Vera y el padre Alejandro Solalinde figuran entre los promotores de esta iniciativa.
En sus documentos básicos, el movimiento denuncia la erosión, alteración y destrucción de los derechos sociales contenidos en la Constitución de 1917, y arremete contra las reformas neoliberales de los últimos seis sexenios.
"Como parte del saldo de esta guerra en contra de la Constitución mexicana, se han documentado y visibilizado cientos de casos que dan cuenta del cúmulo de agravios que pesan sobre la población como resultado de las retrógradas contrarreformas anticonstitucionales promovidas por los gobiernos neoliberales. Las adecuaciones de la ley fundamental y los ajustes jurídicos consiguientes se han consolidado a partir de la desfiguración y el desmantelamiento de los contenidos sociales y los principios nacionalistas de la Constitución mexicana de 1917", se argumenta en el documento.
El 5 de febrero próximo, en el monumento a la Revolución, los comités estatales de la Constituyente Ciudadana-Popular presentarán los fundamentos y las bases éticas de la nueva Constitución.
Nueva constitucionalidad
Pero, de cara al centenario, los juristas de la UNAM proponen una ruta más gradualista que comienza por reordenar y consolidar el proyecto constitucional.
Diego Valadés y Héctor Fix-Fierro son autores de un proyecto auspiciado por la UNAM, en el que se está proponiendo una nueva redacción del texto constitucional, un reordenamiento de sus artículos y capítulos, la corrección de duplicidades y errores, y la eliminación de múltiples disposiciones reglamentarias que pasarían a una Ley de Desarrollo Constitucional.
Sin modificar su contenido esencial, los juristas proponen reducir más de 17 mil palabras a la Constitución, para hacerla más entendible para los ciudadanos, más manejable para los legisladores y más útil para iniciar un debate profundo sobre su vigencia y reformulación.
"Es un ejercicio que resulta indispensable previo a cualquier planteamiento de reforma de la Constitución, o incluso de sustitución de la misma. Reescribir la Constitución sin introducirle ningún cambio, porque ésa función le corresponde a los actores políticos. Pero vamos a facilitarle a esos actores políticos la toma de decisiones, y vamos a facilitarle al ciudadano el conocimiento de nuestra Constitución", explica Valadés.
La Constitución Política de los Estados Unidos. Texto reordenado y consolidado fue publicada en este mes por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como un anteproyecto, pero lleva también el sello editorial de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Valadés explica que, si los legisladores y el gobierno están de acuerdo, el nuevo texto podría discutirse y consolidarse -a partir de esta propuesta inicial- durante el año previo al centenario, y celebrar la efemérides, en febrero de 2017, con una nueva versión de la Constitución que facilite su estudio, su aplicación y la recuperación de sus funciones.
Los académicos sugieren añadir un preámbulo del que carece el texto vigente -y que sí contienen la mayoría de las constituciones del mundo- en el que se aclare, de inicio, la vocación social y democrática de la Constitución.
"Esta Constitución expresa la voluntad del Pueblo Mexicano de instituir un estado de Derecho democrático, social y laico, organizado como república representativa y federal, con base en los principios de soberanía, libertad, justicia, igualdad, equidad, dignidad y seguridad jurídica...", se lee en las primeras líneas de dicho preámbulo.
La propuesta implicaría sólo una reforma constitucional; la del artículo 69, para facultar al Congreso a expedir leyes para desarrollar el contenido de las normas constitucionales.
En esa Ley de Desarrollo Constitucional quedarían aquellas disposiciones reglamentarias que, tras múltiples reformas, han quedado plasmadas en la Constitución. Minucias, detalles y hasta candados, como la distribución de los tiempos oficiales durante precampañas y campañas electorales -que actualmente se estipulan con horas y minutos en la Constitución- irían a dar a esa ley.
El documento, en el que colaboran otros cinco juristas (Daniel Barceló, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Daniel Márquez, Pedro Salazar Ugarte y José María Serna), contiene un estudio introductorio sobre las reformas que ha sufrido la Constitución y sus efectos.
El proyecto fue compartido con las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, con el Ejecutivo e incluso con algunos promotores de una nueva Constitución, como Muñoz Ledo y Cárdenas.
El cabildeo apenas ha comenzado, pero, según Valadés, la propuesta se ha recibido con simpatía.
"Que los actores políticos lo estudien, que le hagan los cambios que consideren, porque este proyecto seguramente es mejorable; pero, si ellos están de acuerdo, por la vía del artículo 135 se podría proceder a hacer este ajuste. Sin ser una nueva Constitución en el orden estricto, sí sería una nueva forma de presentación de la Constitución y tendría que ser promulgada en su totalidad como un nuevo ordenamiento", comenta Valadés.
-¿Y celebrar el centenario de la Constitución con esta nueva versión? -se le cuestiona.
-Eso sería lo ideal -responde el jurista.