JUSTICIA
Señalan carencias del sistema oral
Yáscara López
(17 febrero 2016) .-00:00 hrs
Faltan 4 meses para su implementación total en la Ciudad de México y el resto del País, pero el sistema penal acusatorio ya requiere reformas.
Además le faltan manuales y protocolos que guíen a servidores públicos para aplicar las figuras innovadoras con que cuenta el Código Nacional de Procedimientos Penales y que son la esencia del cambio, pero que se dejan de lado ante el desconocimiento, señaló Cristal González.
La doctora en derecho que participó en el análisis y redacción del Código Nacional, y autora del primer libro relacionado con el sistema acusatorio, llamado Manual Práctico del Juicio Oral, afirma que estas modificaciones ayudarían a que haya disposiciones normativas y obligación constitucional por parte de los servidores.
Por ejemplo, la figura de Criterios de oportunidad, que es una forma anticipada de poner fin a un conflicto penal sin llegar a la judicialización, se hace desde el Ministerio Público, quien tiene estas facultades de soluciones rápidas.
En daños patrimoniales cuando no hay otro tipo de delitos, o cuando las partes desean que se ponga fin al conflicto penal -por ejemplo, un robo en el que no hubo otro daño- el MP duda ante la falta de manuales, no sabe en qué caso aplicarlos y prefiere iniciar un juicio, pese a que el sistema busca despresurizar juzgados.
"El MP tiene que aplicar de manera razonada, objetivamente y caso por caso los criterios de oportunidad, entonces a través de manuales pueden permitir tener ese razonamiento, pero faltan, y también protocolos, y los que hay se deben adecuar', dijo González.
Otra figura que deja ver la falta de armonización de leyes que padece la Reforma Penal son las Soluciones Alternas, que se refieren a los acuerdos reparatorios, a la mediación, conciliación y suspensión condicional del proceso, entre otros.
Algunos acuerdos reparatorios se pueden aplicar en delitos cuya penalidad no exceda de tal tiempo, pero en el código penal de cada entidad hay diferentes sanciones en cuanto a la pena, lo que dificulta a funcionarios que quieren seguir al pie de la letra lo que marca la ley federal.
"Falta modificación en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, esto implica también modificar códigos penales para aumentar o disminuir la penalidad desde los propios códigos penales de cada entidad", señaló.
Además le faltan manuales y protocolos que guíen a servidores públicos para aplicar las figuras innovadoras con que cuenta el Código Nacional de Procedimientos Penales y que son la esencia del cambio, pero que se dejan de lado ante el desconocimiento, señaló Cristal González.
La doctora en derecho que participó en el análisis y redacción del Código Nacional, y autora del primer libro relacionado con el sistema acusatorio, llamado Manual Práctico del Juicio Oral, afirma que estas modificaciones ayudarían a que haya disposiciones normativas y obligación constitucional por parte de los servidores.
Por ejemplo, la figura de Criterios de oportunidad, que es una forma anticipada de poner fin a un conflicto penal sin llegar a la judicialización, se hace desde el Ministerio Público, quien tiene estas facultades de soluciones rápidas.
En daños patrimoniales cuando no hay otro tipo de delitos, o cuando las partes desean que se ponga fin al conflicto penal -por ejemplo, un robo en el que no hubo otro daño- el MP duda ante la falta de manuales, no sabe en qué caso aplicarlos y prefiere iniciar un juicio, pese a que el sistema busca despresurizar juzgados.
"El MP tiene que aplicar de manera razonada, objetivamente y caso por caso los criterios de oportunidad, entonces a través de manuales pueden permitir tener ese razonamiento, pero faltan, y también protocolos, y los que hay se deben adecuar', dijo González.
Otra figura que deja ver la falta de armonización de leyes que padece la Reforma Penal son las Soluciones Alternas, que se refieren a los acuerdos reparatorios, a la mediación, conciliación y suspensión condicional del proceso, entre otros.
Algunos acuerdos reparatorios se pueden aplicar en delitos cuya penalidad no exceda de tal tiempo, pero en el código penal de cada entidad hay diferentes sanciones en cuanto a la pena, lo que dificulta a funcionarios que quieren seguir al pie de la letra lo que marca la ley federal.
"Falta modificación en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, esto implica también modificar códigos penales para aumentar o disminuir la penalidad desde los propios códigos penales de cada entidad", señaló.
