El método de la hermana Consuelo

Defensora de derechos humanos y monja, Consuelo Morales es una de las principales artífices de un modelo de búsqueda, localización e identificación de personas reportadas como desaparecidas único en México.

El modelo impulsado por Morales y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) -organización que fundó y dirige- está por cumplir dos años de implementarse en Nuevo León, y ha alcanzado una efectividad cercana al 90 por ciento.

Las cifras no mienten: entre marzo de 2014 y marzo de 2015, se reportaron mil 602 personas desaparecidas en Nuevo León, de las cuales mil 407 fueron localizadas. De ese número, 97 por ciento fueron encontradas con vida.

Oriunda de Monterrey, la hermana Consuelo, como pide que la llamen, dice que hasta el año pasado estaba segura de que en Nuevo León las desapariciones forzadas se terminarían; no obstante, con la llegada de la nueva administración duda que eso ocurra.

La religiosa advierte que el gobierno encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, comienza a dar muestras de que el tema de las desapariciones forzadas no es su prioridad.

Ejemplo de ello, indica, es que la Procuraduría estatal ya comenzó a violar el Protocolo de Búsqueda Inmediata. A decir de la hermana Consuelo, a CADHAC ya llegó el primer caso en el que la autoridad local ha dejado pasar más de dos semanas para entrar en contacto con la familia de la víctima, a pesar de que el Protocolo establece que esto debe ocurrir en las primeras 72 horas.

De monja a defensora

Hija de un ferrocarrilero y de una comerciante, Consuelo se reveló a su familia para poder ser monja. Su madre, quien tuvo que hacerse cargo de sus tres hijos tras la muerte de su esposo, buscó de todas las formas posibles evitar que su única hija -la mayor de los hermanos- se convirtiera en religiosa: le compraba ropa, la envió a Canadá a estudiar inglés y le advirtió que la sacaría de cualquier congregación a la que ingresara antes de cumplir la mayoría de edad.

A pesar de la negativa de su familia, a los 21 años ingresó a la congregación de las Misioneras Catequistas de los Pobres. Una de sus primeras experiencias fue con campesinos de la Sierra de los Tuxtlas, Veracruz.

Tras un par de años de apoyar a indígenas, viajó a la Ciudad de México y trabajó en una Casa Hogar para Niñas, del DIF; estudió una licenciatura en Trabajo Social, realizó sus prácticas profesionales con mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar en Ciudad Nezahualcóyotl, y laboró en el Instituto Nacional Indigenista.

Mientras estudiaba y trabajaba, la hermana Consuelo ingresó a una congregación más laica, abierta y activa: la de Notre Dame, Canónigas de San Agustín. Fue en esta hermandad donde encontró el camino que ha andado en los últimos 24 años.

La congregación la envió a colaborar con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ahí, el jesuita Jesús Chucho Maldonado la convenció de fundar una organización ciudadana de derechos humanos en Nuevo León. Así, en 1992, nació la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.

En sus inicios, CADHAC atendió un amplio abanico de temas, como abusos en orfanatos locales, abusos policiales, derechos de reos y casos de tortura.

Desapariciones forzadas

Fue en 2009 cuando la hermana Consuelo se topó con el tema de las desapariciones forzadas. Y la violencia en el estado la obligó a volcar prácticamente todos los esfuerzos de CADHAC hacia ese tema.

"Ese año recibimos siete denuncias de desapariciones de policías municipales. Como recibimos otros casos, no dimos tanta atención, pero recuerdo que una de las abogadas decía: 'hermana, se me hace que aquí hay un problema serio'. Entonces empezamos a ayudar a esas siete mamás que buscaban a sus hijos", rememora.

CADHAC no sólo volteó los ojos hacia esta problemática. El arribo de militares al estado, resultado de la guerra contra el narcotráfico, y el incremento de reportes de desapariciones forzadas los obligó a pasar de la difusión de los derechos humanos, a la defensa activa.

Sin experiencia en el tema, CADHAC enfrentó la indiferencia de las autoridades y la desesperación de las familias de desaparecidos, y aprendió a caminar de la mano de madres, padres, hermanos y esposas que peregrinaban de un ministerio público a otro.

"Ya no sabíamos realmente qué hacer. Teníamos reuniones con los familiares, hacíamos manifestaciones, pero no nos hacían caso. Fueron años muy dolorosos, y la presencia de los militares incrementó las violaciones a los derechos humanos, tanto en ejecuciones como en desapariciones", indica.

En junio de 2011, llegó a Nuevo León la Caravana del Consuelo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y, con ella, comenzó un arduo camino hacia la construcción de un modelo de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas a partir de la experiencia de la asociación.

"Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza vieron que el problema grave era que nadie buscaba a las familias, que nadie nos tomaba las denuncias, que traían a las familias de un lado para otro. Los militares también tomaban las denuncias, que a la mera hora no eran válidas porque no eran ministerios públicos, y Sicilia dijo: 'consigamos una cita con el procurador'. Y la conseguimos", recuerda.

Hacia un modelo de búsqueda

La hermana Consuelo asistió a la cita con el entonces procurador, Adrián de la Garza, junto con un puñado de familias. Ahí, el funcionario se comprometió a que las indagatorias comenzarían a avanzar en menos de un mes.

Pero eso no fue suficiente. La hermana se dio cuenta de que, a pesar de la disposición del funcionario local, los casos no avanzaban satisfactoriamente porque las autoridades no sabían cómo investigar las desapariciones, las familias estaban renuentes a proporcionarles información, porque desconfiaban, y en los ministerios públicos los agentes investigaban lo mismo un caso de desaparición forzada que un robo.

"La desconfianza permeaba en todos lados. Nosotros decíamos que los otros tenían prejuicios y nosotros, en CADHAC, descubrimos que también los teníamos y que debíamos hacer un trabajo personal donde pusiéramos al centro a las personas desaparecidas", indica.

Así, aprendieron que las primeras 72 horas tras un reporte por desaparición son cruciales, que los ministerios públicos necesitan contar con agentes especializados y, sobre todo, que ni familias ni autoridades pueden solos ante el reto que representa la presencia de militares y el incremento de las violaciones a los derechos humanos.

Todo este aprendizaje se sistematizó en un documento que, meses después, tras las observaciones de organismos internacionales como la Comisión Especial sobre Personas Desaparecidas -responsable de la identificación de más de 40 mil desaparecidos durante la guerra de Bosnia- y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA -que actualmente investiga el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa-, se convirtió en un Protocolo de Búsqueda Inmediata.

Mientras en otros estados del país las autoridades esperan hasta tres días para comenzar la búsqueda de una persona, el Protocolo sugerido por CADHAC para Nuevo León establecía que la indagatoria se iniciara de manera inmediata y que los primeros resultados se comunicaran a los familiares en un lapso no mayor a 72 horas.

Se creó un Formulario Estatal de Búsqueda Urgente y una base de datos a partir de las muestras de ADN recabadas de las personas que llegan al Servicio Médico Forense de la entidad.

Una vez listo el Protocolo, la hermana Consuelo se lo envió a Ariel Dulitzky, jefe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, quien la convenció de dar el siguiente paso.

De sus recomendaciones nació el Grupo Especial de Búsqueda Inmediata, un equipo de ministerios públicos especializados en la localización de personas que, por iniciativa del entonces procurador estatal, Adrián de la Garza, se nutrió de cuatro coordinadores de ministerios públicos, responsables de reunirse mensualmente con las familias y reportarles los avances en sus casos.

"El Grupo Especial de Búsqueda Inmediata es un equipo en el que si te das cuenta que no está tu hijo, avisas y el GEBI tiene 72 horas para buscarle pero, además, ya sabe qué hacer y cómo hacerlo", asegura.

La hermana Consuelo afirma que el modelo funciona, y da cifras: "se fundó en marzo de 2014 y, para marzo de 2015, tuvimos un 88 por ciento de gente que se encontró, es un porcentaje muy alto y vale la pena".

En ese primer año, se registraron mil 602 personas desaparecidas; de ellas, mil 400 fueron localizadas, 96 por ciento con vida.

Marco legal

Además del nuevo modelo, la hermana Consuelo y familiares de desaparecidos lograron que el Congreso local incluyera en el Código Penal del estado el delito de desaparición forzada y que su tipificación se convirtiera en una de las más avanzadas del país.

Dicha tipificación establece que el delito no sólo lo comete quien ejecuta la desaparición forzada sino quien la facilita u oculta información, entre ellos servidores públicos o particulares. Según el Código Penal de Nuevo León, este delito no prescribe.

CADHAC, además, logró que se dictara una primera sentencia en contra de un militar por el asesinato de civiles, en julio del año pasado.

Actualmente, la hermana Consuelo y su equipo asesoran al gobierno de Tamaulipas que, desde el año pasado, se interesó en replicar el modelo de Nuevo León.

"Desde 2014, cuando se inauguró el GEBI, me habló el procurador para decirme: 'quiero que trabaje conmigo de la misma manera que está trabajando en Monterrey'. Ha sido muy difícil, pero lo hemos ido haciendo, tenemos 24 casos de gente de Monterrey que desapareció en Tamaulipas", indica.

Avances en riesgo

 
A pesar de sus esfuerzos, la hermana Consuelo admite que aún hay muchas personas sin localizar en Nuevo León. "Más de 800 no hemos podido encontrar; la manera en la que actuó la delincuencia, en complicidad con las autoridades, fue tan desgarradora, que trataron -y lograron desgraciadamente- de borrar toda evidencia de esas personas", lamenta.

La hermana Consuelo visualiza ya otra amenaza a su labor: la postura que ha tenido la nueva administración frente al tema.

"Yo me atrevía el año pasado, antes del cambio, a decir que en Nuevo León las desapariciones se acabarían, ¿por qué?, porque teníamos el método, la infraestructura y la voluntad política para hacerlo. Ahorita tengo un poco de temor", reconoce.

La religiosa se dice preocupada por las declaraciones del gobernador, quien en noviembre pasado culpó a las madres de desaparecidos de negar información sobre las actividades de sus hijos y con ello entorpecer las indagatorias.

"Luego llamó a las señoras para pedir una disculpa, que no la pidió; a final de cuentas, las familias no se sintieron confortadas ni que las escuchara. Él decía: 'yo les reviso cada expediente'. Y las familias decían: 'nosotros no necesitamos eso, lo que necesitamos es seguir avanzando'. Pero no creo que lo haya entendido.

"Yo no he captado todavía que haya condiciones para seguir avanzando, lo que me conformaría ahora es que, cuando menos, lo que llevamos adelantado no se caiga", comenta.

CADHAC tiene indicios de que ya se comenzaron a violar los plazos del Protocolo de Búsqueda Inmediata, con casos como el de una señora que reportó la desaparición de su hijo el 14 de enero y hasta el 5 de febrero la contactó la autoridad para tomarle más información.

Por lo pronto, la hermana Consuelo ya solicitó una cita con el nuevo procurador, Roberto Flores Treviño, de quien espera obtener el compromiso explícito de que no habrá marcha atrás en el combate a la desaparición forzada.

Su método, que le valió en diciembre el Premio Nacional de Derechos Humanos, podría ser replicado en todo el país, según ha reconocido el propio gobierno federal. Pero hoy, la hermana Consuelo busca que, al menos, El Bronco no le ponga un alto en Nuevo León.