NACIONAL
Plantean suprimir la prisión vitalicia
Víctor Fuentes
(22 febrero 2016) .-00:00 hrs
La Suprema Corte de Justicia estudia un proyecto de sentencia que declara inconstitucional la prisión vitalicia, tema crucial para mantener el flujo de extradición de delincuentes hacia Estados Unidos.
El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso a sus colegas resolver contra el artículo 127 del Código Penal de Chihuahua, que castiga con cadena perpetua al responsable de tres o más homicidios.
El pasado 18 de noviembre, en sesión privada, la Primera Sala de la Corte acordó enviar el caso al Pleno, dado que fue la propia instancia la que, en septiembre de 2005, avaló la cadena perpetua.
El Pleno aún no incluye el amparo en su cargada lista de asuntos, y podría mantenerlo fuera de agenda mientras se resuelve la extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien tiene garantizada la cadena vitalicia en EU.
En su proyecto, Gutiérrez argumenta que la reforma de junio de 2008 al Artículo 18 constitucional ya no permite la prisión perpetua, pues se abandonó el concepto de "readaptación social" del sentenciado, para asumir el de "reinserción".
"El abandono del término readaptación y su sustitución por el de reinserción tiene un impacto crucial en la forma como debe ser entendido el régimen penitenciario", dice el proyecto en el amparo directo 27/2015.
"La prisión vitalicia contradice por sí misma la noción de reinserción social, pues esta no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser desadaptado o peligroso", agrega.
También destaca que la Constitución ya no se refiere a "delincuentes", pues se ha abandonado el concepto del derecho penal de autor, por el cual la persona que delinque queda marcada como un criminal, y ahora impera el derecho penal del acto, que impide "estigmatizar" a los sentenciados por sus antecedentes.
Además de violar el Artículo 18 constitucional, Gutiérrez considera que la cadena perpetua también atenta contra el Artículo 22, que prohibe las penas inusitadas.
"La prisión perpetua, al anular de manera definitiva la libertad y suprimir toda expectativa de reinserción social, mientras mantiene la noción del sentenciado como un sujeto peligroso al que es necesario mantener recluido el resto de su vida, menoscaba la dignidad humana", sostiene.
Juan Carlos Gámez Bernal, el acusado que promovió el amparo, fue condenado en 2013 por participar en 2011 en el asesinato de tres hombres y una mujer en un bar de Chihuahua.
En 2005, la votación a favor de la cadena perpetua fue seis contra cinco, lo que permitió al Gobierno abrir las extradiciones de capos hacia Estados Unidos, luego de que en 2001, la propia Corte las había frenado en una sentencia en la que solo votaron ocho ministros, de los que cinco la consideraron inconstitucional.
José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos son los únicos Ministros que votaron en 2005 que siguen en la Corte, el primero contra la prisión vitalicia y la segunda a favor.
El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso a sus colegas resolver contra el artículo 127 del Código Penal de Chihuahua, que castiga con cadena perpetua al responsable de tres o más homicidios.
El pasado 18 de noviembre, en sesión privada, la Primera Sala de la Corte acordó enviar el caso al Pleno, dado que fue la propia instancia la que, en septiembre de 2005, avaló la cadena perpetua.
El Pleno aún no incluye el amparo en su cargada lista de asuntos, y podría mantenerlo fuera de agenda mientras se resuelve la extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien tiene garantizada la cadena vitalicia en EU.
En su proyecto, Gutiérrez argumenta que la reforma de junio de 2008 al Artículo 18 constitucional ya no permite la prisión perpetua, pues se abandonó el concepto de "readaptación social" del sentenciado, para asumir el de "reinserción".
"El abandono del término readaptación y su sustitución por el de reinserción tiene un impacto crucial en la forma como debe ser entendido el régimen penitenciario", dice el proyecto en el amparo directo 27/2015.
"La prisión vitalicia contradice por sí misma la noción de reinserción social, pues esta no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser desadaptado o peligroso", agrega.
También destaca que la Constitución ya no se refiere a "delincuentes", pues se ha abandonado el concepto del derecho penal de autor, por el cual la persona que delinque queda marcada como un criminal, y ahora impera el derecho penal del acto, que impide "estigmatizar" a los sentenciados por sus antecedentes.
Además de violar el Artículo 18 constitucional, Gutiérrez considera que la cadena perpetua también atenta contra el Artículo 22, que prohibe las penas inusitadas.
"La prisión perpetua, al anular de manera definitiva la libertad y suprimir toda expectativa de reinserción social, mientras mantiene la noción del sentenciado como un sujeto peligroso al que es necesario mantener recluido el resto de su vida, menoscaba la dignidad humana", sostiene.
Juan Carlos Gámez Bernal, el acusado que promovió el amparo, fue condenado en 2013 por participar en 2011 en el asesinato de tres hombres y una mujer en un bar de Chihuahua.
En 2005, la votación a favor de la cadena perpetua fue seis contra cinco, lo que permitió al Gobierno abrir las extradiciones de capos hacia Estados Unidos, luego de que en 2001, la propia Corte las había frenado en una sentencia en la que solo votaron ocho ministros, de los que cinco la consideraron inconstitucional.
José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos son los únicos Ministros que votaron en 2005 que siguen en la Corte, el primero contra la prisión vitalicia y la segunda a favor.
