NACIONAL
Defiende ANUIES el cobro de cuotas
Sonia del Valle
(14 marzo 2016) .-00:00 hrs
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) aseguró que las cuotas que cobran las instituciones públicas de nivel superior a sus estudiantes no violan el principio de gratuidad de la educación.
En medio de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la validez del cobro, la ANUIES envió a los Ministros un documento en el que defiende la medida.
"La fijación de cuotas por la inscripción o reinscripción a estudios de educación superior que imparten las IES (instituciones de educación superior) no transgrede la gratuidad a que se refiere la fracción IV del artículo 3º (de la Constitución), ya que la responsabilidad del Estado, en el caso de la educación superior, se limita a promoverla y atenderla", expuso en el documento.
Actualmente la Corte analiza diversos amparos interpuestos por alumnos de al menos tres universidades autónomas públicas.
Según la ANUIES, en los últimos tres años se han presentado 510 recursos. De éstos, al 90 por ciento de los promoventes se le otorgó la protección y amparo de la justicia federal; al 9.2 por ciento se le negó o se sobreseyeron y el 0.78 por ciento se encuentra en proceso de resolución.
Yolanda Legorreta Carranza, directora de asuntos jurídicos de la ANUIES, aseguró que los amparos se basan en el derecho humano a la educación y lo hacen extensivo a la gratuidad que se expresa en el artículo tercero de la Constitución, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, que habla sobre la progresividad de la educación en el nivel de educación superior.
La Suprema Corte de Justicia, señaló, atrajo varios de estos amparos, sobre todo de Michoacán, que en su Constitución estableció en 2010 que la educación sería gratuita en todos sus niveles y la universidad recibió recursos para eso.
"Los estuvo recibiendo durante dos años y, después, dejó de recibirlos. El Consejo Universitario decidió someterlo a la comunidad universitaria para volver a cobrar las cuotas", manifestó.
No obstante, dijo, lo que tiene que resolver la Corte es si la educación superior que ofrecen las universidades públicas autónomas es impartida por el Estado y, por tanto, es gratuita o no.
Según la ANUIES, en caso de que los Ministros prohíban el cobro se provocaría un enorme e irreversible daño en el patrimonio de las universidades, pues los recursos económicos que se generan por estos ingresos son aplicados al cumplimiento de sus funciones.
"En esta hipótesis, sería necesario un incremento emergente y con carácter permanente en el presupuesto público, federal y estatal asignado a las IES, a fin de compensar la pérdida económica que sufrirían al dejar de percibir las referidas cuotas", señala el documento que envió la ANUIES a la Corte.
El monto de recursos que aportan los estudiantes a las universidades públicas estatales y las federales, así como el impacto que tienen en los presupuestos de las instituciones es prácticamente desconocido, aseguró Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado.
"No se conoce ningún estudio que contenga la contabilidad integral y me parece que eso debe ser una de las primeras cosas que se tienen que saber, porque hay cuotas de laboratorio, de deportes, de computación, de inscripción o anualidad. Son conceptos muy variables".
La SCJN está por aclarar si las universidades autónomas sí pueden cobrar a sus alumnos todas las cuotas que consideren necesarias.
Para el legislador, la decisión que tomen los Ministros será muy importante para el Congreso.
"En cualquier caso se tiene que legislar en materia de financiamiento. Nosotros creemos que donde existen las cuotas, éstas deben ser voluntarias".
El senador aseguró que se desconoce el monto de recursos que llega a las universidades por concepto de cuotas que pagan los estudiantes.
Incluso, dijo, es variado, pues hay instituciones, como la UNAM, que cobra 20 centavos, pero que muchos estudiantes pagan mil o 2 mil pesos, y otras cobran 500 pesos.
"Es muy importante que la Corte establezca el tema y las reglas de financiamiento deberán ser más transparentes y más claras. Todo el régimen financiero debe revisarse", expresó.
En medio de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la validez del cobro, la ANUIES envió a los Ministros un documento en el que defiende la medida.
"La fijación de cuotas por la inscripción o reinscripción a estudios de educación superior que imparten las IES (instituciones de educación superior) no transgrede la gratuidad a que se refiere la fracción IV del artículo 3º (de la Constitución), ya que la responsabilidad del Estado, en el caso de la educación superior, se limita a promoverla y atenderla", expuso en el documento.
Actualmente la Corte analiza diversos amparos interpuestos por alumnos de al menos tres universidades autónomas públicas.
Según la ANUIES, en los últimos tres años se han presentado 510 recursos. De éstos, al 90 por ciento de los promoventes se le otorgó la protección y amparo de la justicia federal; al 9.2 por ciento se le negó o se sobreseyeron y el 0.78 por ciento se encuentra en proceso de resolución.
Yolanda Legorreta Carranza, directora de asuntos jurídicos de la ANUIES, aseguró que los amparos se basan en el derecho humano a la educación y lo hacen extensivo a la gratuidad que se expresa en el artículo tercero de la Constitución, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, que habla sobre la progresividad de la educación en el nivel de educación superior.
La Suprema Corte de Justicia, señaló, atrajo varios de estos amparos, sobre todo de Michoacán, que en su Constitución estableció en 2010 que la educación sería gratuita en todos sus niveles y la universidad recibió recursos para eso.
"Los estuvo recibiendo durante dos años y, después, dejó de recibirlos. El Consejo Universitario decidió someterlo a la comunidad universitaria para volver a cobrar las cuotas", manifestó.
No obstante, dijo, lo que tiene que resolver la Corte es si la educación superior que ofrecen las universidades públicas autónomas es impartida por el Estado y, por tanto, es gratuita o no.
Según la ANUIES, en caso de que los Ministros prohíban el cobro se provocaría un enorme e irreversible daño en el patrimonio de las universidades, pues los recursos económicos que se generan por estos ingresos son aplicados al cumplimiento de sus funciones.
"En esta hipótesis, sería necesario un incremento emergente y con carácter permanente en el presupuesto público, federal y estatal asignado a las IES, a fin de compensar la pérdida económica que sufrirían al dejar de percibir las referidas cuotas", señala el documento que envió la ANUIES a la Corte.
Urge Romero Hicks a regular aportación
El monto de recursos que aportan los estudiantes a las universidades públicas estatales y las federales, así como el impacto que tienen en los presupuestos de las instituciones es prácticamente desconocido, aseguró Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado.
"No se conoce ningún estudio que contenga la contabilidad integral y me parece que eso debe ser una de las primeras cosas que se tienen que saber, porque hay cuotas de laboratorio, de deportes, de computación, de inscripción o anualidad. Son conceptos muy variables".
La SCJN está por aclarar si las universidades autónomas sí pueden cobrar a sus alumnos todas las cuotas que consideren necesarias.
Para el legislador, la decisión que tomen los Ministros será muy importante para el Congreso.
"En cualquier caso se tiene que legislar en materia de financiamiento. Nosotros creemos que donde existen las cuotas, éstas deben ser voluntarias".
El senador aseguró que se desconoce el monto de recursos que llega a las universidades por concepto de cuotas que pagan los estudiantes.
Incluso, dijo, es variado, pues hay instituciones, como la UNAM, que cobra 20 centavos, pero que muchos estudiantes pagan mil o 2 mil pesos, y otras cobran 500 pesos.
"Es muy importante que la Corte establezca el tema y las reglas de financiamiento deberán ser más transparentes y más claras. Todo el régimen financiero debe revisarse", expresó.
