NACIONAL
Reportan a la ONU 968 desaparecidos
Silvia Garduño y César Martínez
(30 marzo 2016) .-00:00 hrs
Una cuarta parte de los casos de personas desaparecidas de 2006 a la fecha que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) involucran a servidores públicos como presuntos responsables.
La dependencia indaga 968 casos de personas no localizadas, de las cuales 236 corresponden a desaparición forzada, es decir la perpetrada por agentes del Estado.
El informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoce que las cifras no reflejan necesariamente la magnitud del problema.
No incluyen, por ejemplo, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues aunque el Comité solicitó acciones urgentes al Estado mexicano, es investigado bajo otros delitos, como homicidio y delincuencia organizada.
Tampoco consideran los casos que ocurren en el fuero común, pues no todas las entidades federativas tienen tipificado el delito de desaparición forzada.
La Cancillería presentó con un mes de retraso el informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas por el CED hace un año, en que advirtió que gran parte del territorio nacional vivía un contexto de desapariciones generalizadas.
El Comité pidió a la SRE facilitar a más tardar el 13 de febrero de 2016 información sobre la aplicación de tres recomendaciones: los avances en la elaboración de un registro único de personas desaparecidas, los esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de migrantes y las acciones de búsqueda, localización y liberación de personas desaparecidas, y en caso de fallecimiento, para la búsqueda y restitución de sus restos.
"Nuestro País es consciente de la magnitud de los retos que enfrenta actualmente y de la necesidad de atender el problema de la desaparición de personas de una manera integral", indica la SRE en su respuesta.
Da cuenta del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que, hasta diciembre de 2015, tenía un registro de 27 mil 659.
En respuesta a la recomendación de redoblar esfuerzos para restituir los restos de personas que hayan fallecido durante su desaparición, el informe reconoce que es gracias a la participación de personas con familiares que se han logrado encontrar fosas clandestinas en Iguala.
"Se han explorado 231 posibles fosas, de las cuales, 65 han dado resultados positivos, permitiendo que al 13 de enero de 2016 se haya realizado la exhumación de 143 cuerpos", apunta.
La SRE destaca el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.
Aunque la cifra de 236 investigaciones por desaparición forzada en México es terrible, no refleja la realidad del País, coincidieron organizaciones y colectivos de familiares de víctimas.
"No se puede saber con confianza qué casos de los que investiga la PGR son por desaparición forzada, simplemente por el grado de superficialidad de las investigaciones, en nuestros casos somos las familias las que en realidad estamos investigando", señaló Lucía Díaz Genao, de El Solecito, un colectivo de familias veracruzanas.
Para Nadín Reyes, del Comité de Familiares de Desaparecidos Hasta Encontrarlos, existe un subregistro de personas desaparecidas por agentes del Estado.
Indicó que el Comité ha documentado poco más 150 casos y no todos están en los datos del Gobierno.
"Nosotros hicimos el ejercicio, incluso antes de que se entregaran los informes al Comité de Desapariciones Forzadas (de la ONU), de buscar caso por caso en el registro y más de la mitad no estaban ahí, cuando la mayoría sí tienen denuncias interpuestas por los familiares", apuntó.
Zita Loyo, de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, señaló que las autoridades suelen clasificar las desapariciones como secuestro, privación ilegal de la libertad o personas extraviadas y no localizadas.
La dependencia indaga 968 casos de personas no localizadas, de las cuales 236 corresponden a desaparición forzada, es decir la perpetrada por agentes del Estado.
El informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoce que las cifras no reflejan necesariamente la magnitud del problema.
No incluyen, por ejemplo, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues aunque el Comité solicitó acciones urgentes al Estado mexicano, es investigado bajo otros delitos, como homicidio y delincuencia organizada.
Tampoco consideran los casos que ocurren en el fuero común, pues no todas las entidades federativas tienen tipificado el delito de desaparición forzada.
La Cancillería presentó con un mes de retraso el informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas por el CED hace un año, en que advirtió que gran parte del territorio nacional vivía un contexto de desapariciones generalizadas.
El Comité pidió a la SRE facilitar a más tardar el 13 de febrero de 2016 información sobre la aplicación de tres recomendaciones: los avances en la elaboración de un registro único de personas desaparecidas, los esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de migrantes y las acciones de búsqueda, localización y liberación de personas desaparecidas, y en caso de fallecimiento, para la búsqueda y restitución de sus restos.
"Nuestro País es consciente de la magnitud de los retos que enfrenta actualmente y de la necesidad de atender el problema de la desaparición de personas de una manera integral", indica la SRE en su respuesta.
Da cuenta del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que, hasta diciembre de 2015, tenía un registro de 27 mil 659.
En respuesta a la recomendación de redoblar esfuerzos para restituir los restos de personas que hayan fallecido durante su desaparición, el informe reconoce que es gracias a la participación de personas con familiares que se han logrado encontrar fosas clandestinas en Iguala.
"Se han explorado 231 posibles fosas, de las cuales, 65 han dado resultados positivos, permitiendo que al 13 de enero de 2016 se haya realizado la exhumación de 143 cuerpos", apunta.
La SRE destaca el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.
Cuestionan familiares cifra oficial
Aunque la cifra de 236 investigaciones por desaparición forzada en México es terrible, no refleja la realidad del País, coincidieron organizaciones y colectivos de familiares de víctimas.
"No se puede saber con confianza qué casos de los que investiga la PGR son por desaparición forzada, simplemente por el grado de superficialidad de las investigaciones, en nuestros casos somos las familias las que en realidad estamos investigando", señaló Lucía Díaz Genao, de El Solecito, un colectivo de familias veracruzanas.
Para Nadín Reyes, del Comité de Familiares de Desaparecidos Hasta Encontrarlos, existe un subregistro de personas desaparecidas por agentes del Estado.
Indicó que el Comité ha documentado poco más 150 casos y no todos están en los datos del Gobierno.
"Nosotros hicimos el ejercicio, incluso antes de que se entregaran los informes al Comité de Desapariciones Forzadas (de la ONU), de buscar caso por caso en el registro y más de la mitad no estaban ahí, cuando la mayoría sí tienen denuncias interpuestas por los familiares", apuntó.
Zita Loyo, de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, señaló que las autoridades suelen clasificar las desapariciones como secuestro, privación ilegal de la libertad o personas extraviadas y no localizadas.
