NACIONAL
Buscan facultar a ASF contra corrupción
Claudia Salazar
(09 abril 2016) .-13:36 hrs
El PAN propuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga atribuciones plenas para investigar posibles actos de corrupción, conflicto de intereses, desvíos de recursos o favorecimiento a partidos o candidatos con programas sociales o dinero público.
Además, la bancada panista en la Cámara de Diputados planteó reforzar la facultad de la ASF para auditar las participaciones de las entidades federativas y el destino del monto de deuda que contraten.
"En el caso de que una denuncia sobre hechos presumiblemente ilícitos durante el ejercicio fiscal en curso o respecto de ejercicios anteriores sea presentada", señala la propuesta de una nueva Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
"Con la aprobación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación procederá a su admisión y al inicio de las diligencias necesarias para su debida investigación".
Esta es la primera iniciativa que se presenta en San Lázaro luego de que las principales fuerzas políticas en el Senado y Cámara de Diputados acordaron que de esta última salgan las reformas sobre fiscalización.
La iniciativa panista, presentada por el diputado Luis Marrón, advierte que en los últimos años no ha sido efectiva la lucha contra la corrupción a partir de las auditorías que reporta la ASF.
Señala que ello se advierte en que las averiguaciones previas están estancadas en las procuradurías y que tampoco son aplicadas las sanciones administrativas.
Durante casi 15 años de existencia, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado un total de 582 denuncias de hechos, de las cuales sólo han sido consignadas 21, es decir, se ha tenido una procedencia del 3.6 por ciento de las denuncias promovidas.
Un total de 12 se resolvieron con el no ejercicio de la acción penal y las 548 restantes, o sea, el 94.3 por ciento, se encuentran en averiguación previa o causa penal por parte de las instancias correspondientes, señala la iniciativa panista.
"En este sentido, se puede afirmar que conforme a su esquema actual de atribuciones, la labor que ha realizado la ASF no ha sido un factor decisivo en el combate a la corrupción.
"Por lo anterior, se hace necesario redefinir la actuación no sólo de la Auditoría, sino de todos los actores involucrados en la fiscalización superior", se argumenta.
En la iniciativa se indica que entre los temas de mayor relevancia en el fortalecimiento de las atribuciones de investigación y fiscalización por parte de la ASF está la posibilidad de fiscalizar las participaciones de los estados y municipios.
"En congruencia con el decreto de reformas y adiciones constitucionales en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, se plantea que la propia Auditoría fiscalice el destino y ejercicio de los recursos provenientes de empréstitos contratados por los estados o los municipios que cuenten con la garantía de la Federación", se indica.
Además, la ASF podrá determinar si inicia procedimiento de responsabilidad resarcitoria ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa; además de promover el fincamiento de responsabilidades ante este tribunal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades que resulten competentes.
El órgano de control podrá promover el fincamiento de responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes a los responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de información.
Las facultades de la ASF para promover el fincamiento de responsabilidades prescribirán en siete años.
Con la facultad de investigación, se establece que ésta procederá cuando en la operación de los programas presupuestarios se observe sin justificación alguna una clara tendencia de favorecer a un determinado sector de población, actividad o región.
Lo mismo si se trata de un partido político o candidato a un puesto de elección popular; o bien, cuando se detecte que no se está cumpliendo cabalmente con las Reglas de Operación, cita la iniciativa sobre la obligación de la ASF a investigar tales casos.
Independientemente de la realización de las auditorías, la ASF podrá indagar casos de daño patrimonial que afecten la hacienda pública federal o local, en su caso, o al patrimonio de los entes públicos federales, estatales o municipales.
También se podrán investigar posibles actos de corrupción o conflictos de interés; desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados; afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía.
"Se establece un verdadero Sistema Nacional de Fiscalización, al permitir que de manera coordinada o directa se fiscalice todo el gasto público, con el objetivo final de garantizar que el gasto público se destine en todos los casos a los destinos aprobados en los tres órdenes de gobierno.
"Y, en caso de no hacerlo, se investigue y sancione de manera efectiva, atacando decididamente con ello la impunidad, consolidándose en este rubro como un subsistema en las metas integrales del Sistema Nacional Anticorrupción", se explica.
Además, la bancada panista en la Cámara de Diputados planteó reforzar la facultad de la ASF para auditar las participaciones de las entidades federativas y el destino del monto de deuda que contraten.
"En el caso de que una denuncia sobre hechos presumiblemente ilícitos durante el ejercicio fiscal en curso o respecto de ejercicios anteriores sea presentada", señala la propuesta de una nueva Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
"Con la aprobación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación procederá a su admisión y al inicio de las diligencias necesarias para su debida investigación".
Esta es la primera iniciativa que se presenta en San Lázaro luego de que las principales fuerzas políticas en el Senado y Cámara de Diputados acordaron que de esta última salgan las reformas sobre fiscalización.
La iniciativa panista, presentada por el diputado Luis Marrón, advierte que en los últimos años no ha sido efectiva la lucha contra la corrupción a partir de las auditorías que reporta la ASF.
Señala que ello se advierte en que las averiguaciones previas están estancadas en las procuradurías y que tampoco son aplicadas las sanciones administrativas.
Durante casi 15 años de existencia, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado un total de 582 denuncias de hechos, de las cuales sólo han sido consignadas 21, es decir, se ha tenido una procedencia del 3.6 por ciento de las denuncias promovidas.
Un total de 12 se resolvieron con el no ejercicio de la acción penal y las 548 restantes, o sea, el 94.3 por ciento, se encuentran en averiguación previa o causa penal por parte de las instancias correspondientes, señala la iniciativa panista.
"En este sentido, se puede afirmar que conforme a su esquema actual de atribuciones, la labor que ha realizado la ASF no ha sido un factor decisivo en el combate a la corrupción.
"Por lo anterior, se hace necesario redefinir la actuación no sólo de la Auditoría, sino de todos los actores involucrados en la fiscalización superior", se argumenta.
En la iniciativa se indica que entre los temas de mayor relevancia en el fortalecimiento de las atribuciones de investigación y fiscalización por parte de la ASF está la posibilidad de fiscalizar las participaciones de los estados y municipios.
"En congruencia con el decreto de reformas y adiciones constitucionales en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, se plantea que la propia Auditoría fiscalice el destino y ejercicio de los recursos provenientes de empréstitos contratados por los estados o los municipios que cuenten con la garantía de la Federación", se indica.
Además, la ASF podrá determinar si inicia procedimiento de responsabilidad resarcitoria ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa; además de promover el fincamiento de responsabilidades ante este tribunal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades que resulten competentes.
El órgano de control podrá promover el fincamiento de responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes a los responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de información.
Las facultades de la ASF para promover el fincamiento de responsabilidades prescribirán en siete años.
Con la facultad de investigación, se establece que ésta procederá cuando en la operación de los programas presupuestarios se observe sin justificación alguna una clara tendencia de favorecer a un determinado sector de población, actividad o región.
Lo mismo si se trata de un partido político o candidato a un puesto de elección popular; o bien, cuando se detecte que no se está cumpliendo cabalmente con las Reglas de Operación, cita la iniciativa sobre la obligación de la ASF a investigar tales casos.
Independientemente de la realización de las auditorías, la ASF podrá indagar casos de daño patrimonial que afecten la hacienda pública federal o local, en su caso, o al patrimonio de los entes públicos federales, estatales o municipales.
También se podrán investigar posibles actos de corrupción o conflictos de interés; desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados; afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía.
"Se establece un verdadero Sistema Nacional de Fiscalización, al permitir que de manera coordinada o directa se fiscalice todo el gasto público, con el objetivo final de garantizar que el gasto público se destine en todos los casos a los destinos aprobados en los tres órdenes de gobierno.
"Y, en caso de no hacerlo, se investigue y sancione de manera efectiva, atacando decididamente con ello la impunidad, consolidándose en este rubro como un subsistema en las metas integrales del Sistema Nacional Anticorrupción", se explica.
