NACIONAL
Traban 24 estados ley de transparencia
Rolando Herrera
(13 abril 2016) .-00:00 hrs
A tres semanas de que venza el plazo de un año que tuvieron para armonizar las leyes de transparencia, 24 congresos estatales no han aprobado las modificaciones para garantizar el acceso a la información homogéneo en todo el País.
Las entidades que hasta el momento han adecuado sus normas son Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Baja California. El resto aún no lo hace.
Sin embargo, en los casos de Querétaro, Tabasco y Oaxaca, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ya interpuso acciones de inconstitucionalidad contra aspectos de sus reformas locales por no ajustarse a la Constitución.
La reforma en materia de transparencia de febrero de 2014 -así como la publicación de una Ley General en mayo del año pasado- impuso a las 32 entidades del País la tarea de armonizar sus normas en la materia, pues ninguna cumple con lo que se asienta en la Carta Magna.
La Ley General establece, entre otros aspectos, que el acceso a la información es un derecho humano y que la reserva de datos se dará sólo por razones de interés público y seguridad nacional, aunque ésta no será procedente cuando se trate de casos de corrupción, violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Boggar González, coordinador del Colectivo por la Transparencia, lamentó que los congresos locales no aprovecharan el plazo de un año que tuvieron para construir sus leyes, las cuales ahora corren el riesgo de quedar mal por la premura.
"Hubiera sido mejor que hubieran hecho los procesos con calma y con participación ciudadana. Ahora, como no han cumplido, como la fecha ya la tienen encima, el riesgo es que hagan legislaciones exprés de mala calidad", indicó González.
En tanto, Joel Salas, comisionado del INAI, dijo que, en aquellos estados en los que el 6 de mayo próximo no existan leyes armonizadas, va a regir la Ley General, lo que, aseguró, podría ocasionar un aluvión de recursos y quejas en el INAI, pues, evidentemente, los sujetos obligados de esas entidades federativas no cumplirán con el estándar nacional.
"¿En la práctica qué implica? Que, por ejemplo, leyes como la de Colima o de mi Estado, el de Nayarit, que fijan 60 días para la resolución de un recurso de revisión, si el órgano garante no resolvió previo al día 40 (que es el máximo que establece la Ley General), ya se va a poder venir con nosotros al INAI", indicó.
En el proyecto plantean que la nueva instancia arranque con un presupuesto inicial de casi 660 millones de pesos.
La Fiscalía será la responsable de investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción.
Proponen unidades administrativas regionales y que la Fiscalía se auxilie de los servicios policiales, periciales y forenses, los cuales deberán responder a sus requerimientos en un plazo que no exceda las 24 horas.
Además, el PRD plantea una reforma al Código Penal federal para castigar la corrupción de los funcionarios y particulares hasta con 40 años de cárcel.
Las entidades que hasta el momento han adecuado sus normas son Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Baja California. El resto aún no lo hace.
Sin embargo, en los casos de Querétaro, Tabasco y Oaxaca, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ya interpuso acciones de inconstitucionalidad contra aspectos de sus reformas locales por no ajustarse a la Constitución.
La reforma en materia de transparencia de febrero de 2014 -así como la publicación de una Ley General en mayo del año pasado- impuso a las 32 entidades del País la tarea de armonizar sus normas en la materia, pues ninguna cumple con lo que se asienta en la Carta Magna.
La Ley General establece, entre otros aspectos, que el acceso a la información es un derecho humano y que la reserva de datos se dará sólo por razones de interés público y seguridad nacional, aunque ésta no será procedente cuando se trate de casos de corrupción, violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Boggar González, coordinador del Colectivo por la Transparencia, lamentó que los congresos locales no aprovecharan el plazo de un año que tuvieron para construir sus leyes, las cuales ahora corren el riesgo de quedar mal por la premura.
"Hubiera sido mejor que hubieran hecho los procesos con calma y con participación ciudadana. Ahora, como no han cumplido, como la fecha ya la tienen encima, el riesgo es que hagan legislaciones exprés de mala calidad", indicó González.
En tanto, Joel Salas, comisionado del INAI, dijo que, en aquellos estados en los que el 6 de mayo próximo no existan leyes armonizadas, va a regir la Ley General, lo que, aseguró, podría ocasionar un aluvión de recursos y quejas en el INAI, pues, evidentemente, los sujetos obligados de esas entidades federativas no cumplirán con el estándar nacional.
"¿En la práctica qué implica? Que, por ejemplo, leyes como la de Colima o de mi Estado, el de Nayarit, que fijan 60 días para la resolución de un recurso de revisión, si el órgano garante no resolvió previo al día 40 (que es el máximo que establece la Ley General), ya se va a poder venir con nosotros al INAI", indicó.
Buscan fortalecer a Fiscalía
Las bancadas del PAN y el PRD en el Senado presentaron una iniciativa para fortalecer facultades del nuevo Fiscal Anticorrupción a través de una reforma a la ley orgánica de la PGR.En el proyecto plantean que la nueva instancia arranque con un presupuesto inicial de casi 660 millones de pesos.
La Fiscalía será la responsable de investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción.
Proponen unidades administrativas regionales y que la Fiscalía se auxilie de los servicios policiales, periciales y forenses, los cuales deberán responder a sus requerimientos en un plazo que no exceda las 24 horas.
Además, el PRD plantea una reforma al Código Penal federal para castigar la corrupción de los funcionarios y particulares hasta con 40 años de cárcel.
