NACIONAL
Fraguaron panistas 'venganza' contra IP
Claudia Guerrero e Isabella González
(18 junio 2016) .-00:00 hrs
Lo que ayer fue calificado por la dirigencia nacional del PAN como "una trampa vil" con la ley 3de3, en realidad fue una iniciativa impulsada en el Senado por los legisladores del blanquiazul.
Desde el pasado 8 de abril, el senador panista Luis Fernando Salazar envió una propuesta a la Comisión Anticorrupción para aplicar la Ley 3de3 a las personas físicas y morales, fideicomisos y sindicatos que manejen o reciban fondos públicos federales, estatales o municipales.
Cuatro días después, el 12 de abril, se sumaron a la propuesta el ex coordinador de la bancada, Jorge Luis Preciado, y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Raúl Gracia.
Aunque el tema no formó parte de la discusión pública de las leyes anticorrupción -en reuniones de trabajo o de comisiones-, sí llegó al pleno del Senado la madrugada del miércoles para ser avalado por senadores de todas las bancadas, con excepción de la del PT.
El primer orador inscrito esa noche fue el independiente Manuel Cárdenas, quien propuso una adición al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades para obligar al empresariado a presentar la 3de3 cuando esté en contacto con recursos públicos.
En el debate, el PAN se había inscrito con una reserva que llevaba el respaldo de 20 de los 38 senadores de esa bancada, para obligar al sector privado a presentar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses.
Pero la propuesta ya no llegó a la tribuna, pues los panistas se dieron por satisfechos con la reserva de Cárdenas Fonseca, que fue votada a favor.
Minutos antes, en la tribuna, el panista Jorge Luis Lavalle dijo que 71 por ciento de los empresarios ha acumulado fortuna gracias a contratos millonarios con el Gobierno.
"Acabemos para siempre con el famoso diezmo, con el 10 por ciento que a muchos funcionarios ha beneficiado de manera ilegal, pero este sistema estaría incompleto si dejáramos fuera al 90 por ciento restante", argumentó.
La iniciativa original de los panistas establecía que, antes de la firma de cualquier instrumento jurídico que implique una relación económica con dinero del erario, los interesados deberían presentar una copia de la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal anterior.
También tendrían que entregar una certificación en la que conste que cuenta con un registro patrimonial de empleados expuestos y copia de las declaraciones de situación patrimonial.
Además, tendrían que presentar, con oportunidad y veracidad, su declaración de intereses de acuerdo al formato oficial.
Igualmente planteaba que la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control puedan revisar la contabilidad de la persona que pretende hacer negocios con dinero público.
La obligación de presentar la 3de3, según el proyecto panista, igual aplicaría a cabilderos o gestores que promueven intereses particulares ante el Congreso o el Gobierno federal.
Desde el pasado 8 de abril, el senador panista Luis Fernando Salazar envió una propuesta a la Comisión Anticorrupción para aplicar la Ley 3de3 a las personas físicas y morales, fideicomisos y sindicatos que manejen o reciban fondos públicos federales, estatales o municipales.
Cuatro días después, el 12 de abril, se sumaron a la propuesta el ex coordinador de la bancada, Jorge Luis Preciado, y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Raúl Gracia.
Aunque el tema no formó parte de la discusión pública de las leyes anticorrupción -en reuniones de trabajo o de comisiones-, sí llegó al pleno del Senado la madrugada del miércoles para ser avalado por senadores de todas las bancadas, con excepción de la del PT.
El primer orador inscrito esa noche fue el independiente Manuel Cárdenas, quien propuso una adición al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades para obligar al empresariado a presentar la 3de3 cuando esté en contacto con recursos públicos.
En el debate, el PAN se había inscrito con una reserva que llevaba el respaldo de 20 de los 38 senadores de esa bancada, para obligar al sector privado a presentar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses.
Pero la propuesta ya no llegó a la tribuna, pues los panistas se dieron por satisfechos con la reserva de Cárdenas Fonseca, que fue votada a favor.
Minutos antes, en la tribuna, el panista Jorge Luis Lavalle dijo que 71 por ciento de los empresarios ha acumulado fortuna gracias a contratos millonarios con el Gobierno.
"Acabemos para siempre con el famoso diezmo, con el 10 por ciento que a muchos funcionarios ha beneficiado de manera ilegal, pero este sistema estaría incompleto si dejáramos fuera al 90 por ciento restante", argumentó.
La iniciativa original de los panistas establecía que, antes de la firma de cualquier instrumento jurídico que implique una relación económica con dinero del erario, los interesados deberían presentar una copia de la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal anterior.
También tendrían que entregar una certificación en la que conste que cuenta con un registro patrimonial de empleados expuestos y copia de las declaraciones de situación patrimonial.
Además, tendrían que presentar, con oportunidad y veracidad, su declaración de intereses de acuerdo al formato oficial.
Igualmente planteaba que la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control puedan revisar la contabilidad de la persona que pretende hacer negocios con dinero público.
La obligación de presentar la 3de3, según el proyecto panista, igual aplicaría a cabilderos o gestores que promueven intereses particulares ante el Congreso o el Gobierno federal.
