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Denuncian golpiza de Policía mexicana

  • El caso de un estadounidense torturado por policías mexicanos muestra lo difícil que es lograr una investigación y que se haga justicia. Foto: AP
AP
Pese a que la tortura policial es común en México, un caso sobresale por dos aspectos: el afectado fue un ciudadano estadounidense y logró una orden judicial para una investigación penal sobre la golpiza.

Se trata de Ronald James Wooden, un herrero de 46 años casado con una mexicana que aún se recupera de una golpiza de cuatro horas que le dieron policías municipales en Taxco en 2013.

Las autoridades dicen que lo detuvieron por supuestamente alterar el orden, pero Wooden sostiene que la paliza se produjo por una disputa con su vecino, un ex oficial que afirmaba pertenecer a un cártel local de la droga.

"Me pegaron durante casi cuatro horas. Algunos se cansaban y entonces entraban otros. Iban a matarme y hacerme desaparecer'', recordó Wooden, quien asegura que los puñetazos y culetazos de rifle le dejaron daños en el sistema nervioso, además de costillas rotas y lesiones en los genitales.

Los agentes le apretaron los grilletes y luego se pusieron sobre ellas para infligir el mayor daño posible a sus manos.

Lo que lo salvó, según su relato, fue una intervención divina y el amor que su familia le tiene.

Su esposa, Carmen, esperó afuera del Ministerio Público durante horas hasta que pudo pagar su fianza de 200 pesos y llevarlo a un hospital tras quedar en libertad.

Grupos de derechos humanos dicen que la tortura policial sigue siendo muy común en México, pero el caso de Wooden, ocurrido en 2013, es inusual por que es un ciudadano estadounidense y logró una orden judicial para una investigación penal sobre la golpiza.

Una pesquisa realizada en 2014 por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, formada por el Gobierno, halló que la Policía de Taxco detuvo ilegalmente a Wooden, se contradijo sobre cómo se habían producido sus lesiones y esencialmente mintió sobre su alcance.

Se determinó que el estadounidense había quedado cubierto de magulladuras, rasguños y cortes.

La comisión emitió una directiva que decía que las autoridades municipales deberían castigar a los responsables y pagar una indemnización.

Tras dos años sin avances, un juez federal ordenó el pasado 30 de junio que el Gobierno de México abra una investigación penal formal por tortura y secuestro en el caso de Wooden.

"Esto abre una brecha nueva, poco explorada, poco utilizada (para obligar a las autoridades a investigar las miles de quejas por torturas en México)", comentó Mario Santiago, un abogado del grupo de derechos humanos Idheas, que representa a Wooden.

"Sabemos que suceden cientos o miles de denuncias de torturas todo el tiempo en este país (...) Hay impunidad, hay una falta de investigación'', lamentó el abogado.

Wooden, que había estado viviendo en Texas, se mudó a Taxco atraído por su afamada industria de la joyería en plata, que había sido reactivada por el aventurero estadounidense William Spratling en la década de 1930.

Pero en los últimos años, la localidad cayó en el control de cárteles de la droga.

En 2010, las autoridades descubrieron 55 cadáveres en estado de descomposición que habían sido arrojados a una mina abandonada cerca de la localidad.

Tan pronto como abrió su tienda, recuerda Wooden, comenzó a recibir amenazas de un vecino que decía ser miembro del cártel Guerreros Unidos y le pedía un pago de 10 mil pesos mensuales para su protección.

Cuando el vecino sacó un machete y lo amenazó con enviarlo de vuelta a Estados Unidos en pedazos, ambos hombres llamaron a la Policía, explicó Wooden.

Cuando los agentes aparecieron, recuerda, se fueron directamente hacia él pateándolo y propinándole puñetazos en el suelo.

Lo detuvieron por estar ebrio y alterar el orden, acusaciones que Wooden niega.

Wooden no se engaña sobre lo que pudo haberle sucedido: las prácticas de la Policía de Taxco son tan conocidas que el Gobierno Federal desarmó a todo el cuerpo durante un año y medio tras la detención de Wooden y pasó la vigilancia a agentes federales.

El ex director de la Policía de la ciudad, Eruviel Salado Chávez, fue detenido el mes pasado por cargos de crimen organizado y secuestro.

Está acusado de mantener estrechos vínculos con Guerreros Unidos, el grupo considerado responsables de muchos de los 100 cuerpos encontrados en fosas comunes en los alrededores de Taxco y la cercana ciudad de Iguala.

El Gobierno federal dice que los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala fueron secuestrados por policías locales corruptos y entregados a Guerreros Unidos, que supuestamente los habrían matado.

"Parte de lo que me protegió es que soy extranjero y no tengo miedo.

"Lo que me ocurrió a mi le ha ocurrido a otras personas (...) Familias enteras han desaparecido en estas situaciones'', explicó Wooden.

Cuando recuperó la consciencia en el interior de una celda tras la golpiza, relata, se dio cuenta de que había sangre seca en el suelo, y no toda era suya.

México aprobó una ley que establece sanciones para los abusos policiales en 1986, en medio de la consternación por el descubrimiento de cuerpos torturados en una comisaría de policía dañada por un terremoto.

La norma, en teoría, se endureció en 1991, prohibiendo el uso de testimonios obtenidos bajo tortura.

Pero los escándalos que implican a policías, soldados y marines mexicanos siguen creciendo. Y el caso de Wooden es un ejemplo de lo difícil que es castigar estos abusos.

En un primer momento, el artesano presentó una demanda penal tras la paliza. Pero dijo que la retiró cuando un hombre en la oficina del juez lo llevó a un lado y le advirtió que planeaban desaparecerlo si seguía "haciendo ruido y pidiendo cargos".

Además de los daños físicos, Wooden dijo que parte de su equipo fue sustraído.

Él y su esposa se marcharon de Taxco por miedo y se trasladaron a otras partes del país.

No ha podido embarcarse en nuevos proyectos por sus lesiones y falta de dinero para comprar materiales.

Nadie ha entrado en prisión por torturar a Wooden.

Dos de los agentes de Policía recibieron advertencias y se les pidió que tomasen clases sobre derechos humanos, aunque Santiago apunta que no está claro si llegaron a hacerlo.

"Hay impunidad, hay una falta de investigación. Y como le sucedió a él, le sucede a mucha gente'', lamentó Santiago.

"Lo que buscamos es la modificación estructural, hacer modificaciones a las estructuras que permiten que estas violaciones existan'', cerró.
Hora de publicación: 11:19 hrs.

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