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Negocio social

Juan E. Pardinas


Entre 2012 y 2014, dos millones de compatriotas se sumaron al número de personas que vive en condiciones de pobreza. Las cifras del Coneval sostienen que 46 de cada 100 mexican@s no alcanzan a tener un ingreso mensual de 2,543 pesos en las ciudades y 1,615 pesos en el campo. Con este monto, para la población urbana, alcanza más o menos para un kilo de tortillas, un kilo de frijol, 6 huevos y quedan 40 pesos diarios adicionales para cubrir necesidades de vivienda, transporte, electricidad, agua, vestido y salud. De acuerdo a la OECD, en 20 años de 1995 a 2015, los números de la pobreza han permanecido inmutables en nuestro país. Pasó la transición a la democracia, el boom petrolero, el crecimiento de las exportaciones, pero el México de las carencias sigue ahí en el rostro de la República, como una cicatriz que no cierra y no sana.

Cuando el Coneval presenta estas cifras con frecuencia surgen críticas al programa que nació en 1997 bajo el nombre de Progresa, los panistas lo rebautizaron como Oportunidades y ahora con el gobierno de Peña Nieto se llama Prospera. Si la pobreza aumenta el programa no funciona. Esta crítica deja a un lado el escenario hipotético de cuál sería la situación de marginación en México si este programa no existiera. El economista del CIDE
John Scott ha demostrado que este es uno de los programas de gasto gubernamental que efectivamente le llega a la población más desvalida del país. Un solo programa de gobierno no puede resolver uno de los desafíos más complejos de nuestro país, sobre todo en un contexto de bajo crecimiento económico.

Sin embargo, los resultados dejan claro que la estrategia tiene un impacto muy limitado para cambiar el orden de cosas. En varios países del mundo se está aplicando una serie de experimentos innovadores que probablemente transformarán la manera en que se enfrentan estos desafíos de política pública. Los llamados bonos de impacto social son un mecanismo para reinventar la manera en que la autoridad financia y enfrenta retos como la educación, el combate a la pobreza o la reinserción social de presos que han terminado sus condenas de cárcel.

En Gran Bretaña, 63% de los hombres que salen de prisión con sentencias cortas vuelven a cometer un crimen en menos de un año. Con esta estadística en la cabeza, Toby Eccles le preguntó al Ministerio de Justicia británico ¿cuánto dinero valdría si esa cifra se redujera? Hay costos legales, policiales y de mantenimiento de prisiones que podrían generar economías importantes. ¿Esos ahorros se pueden traducir en ganancias financieras para inversionistas privados? El modelo de negocios empieza con un grupo de inversionistas dispuestos a arriesgar su dinero en un programa social. Ese dinero se utiliza para que organizaciones de sociedad civil se encarguen de proveer capacitación laboral, vivienda y apoyo psicológico a los hombres que acaban de dejar la cárcel. Si los porcentajes de reincidencia criminal mejoran, y el gobierno ahorra recursos, los inversionistas obtienen una ganancia de entre 7 y 13%, como si hubieran colocado su dinero en las acciones de una empresa exitosa.

Social Finance, la organización de Eccles, trabajó directamente con 3 mil ex convictos por dos años. Al cierre del periodo, se compara el comportamiento de este grupo con una muestra seleccionada de ex prisioneros que no recibieron ningún tipo de apoyo. De la diferencia porcentual en el comportamiento entre ambos grupos se deriva la prima o pérdida de los inversionistas. La iniciativa mezcla los talentos y recursos del sector privado, el gobierno y las organizaciones de sociedad civil para detonar negocios de cambio social. ¿No será el momento de empezar a innovar en México para enfrentar problemas que se conservan intactos a pesar del tránsito de las décadas y los siglos?

 
@jepardinas
 
 
 

Juan Ernesto Pardinas es Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Es doctor por la London School of Economics, tiene una maestría en Economía por la Universidad de Sophia en Tokio, Japón, y una Licenciatura en Ciencia Política por la UNAM.

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