La iniciativa del Ejecutivo quedaba muy lejos de la expectativa de lo que se requiere para regular la marihuana, muy por debajo de lo resuelto por la SCJN, y bastante limitada frente a iniciativas presentadas por diferentes legisladores. Sin embargo, sí contenía un avance significativo: que la portación para estricto consumo personal no se considerara delito, ello contribuiría a dejar de tratar a los consumidores como delincuentes.