La oralidad en peligro

Diego Valadés


Una reforma constitucional de 2008 adoptó el sistema penal acusatorio y oral. Su aplicación práctica implica cambios institucionales todavía sujetos a prueba. Las expectativas son elevadas, máxime que a la oralidad de los juicios penales se atribuye la posibilidad de amplios efectos transformacionales para la justicia. No entraré en la cuestión procesal, ya bastante explorada, y me centraré en analizar si, además de los ajustes formales, se han previsto otros también necesarios.

La mencionada reforma constitucional incluyó un transitorio conforme al cual, en un plazo que concluye en junio de 2016, la legislación de todo el país se deberá adaptar al nuevo sistema.