NACIONAL
Desafía Tierra Caliente al País
Ricardo Pérez, Benito Jiménez y Rolando Herrera
Cd. de México (11 octubre 2014) .-00:00 hrs
La región de Tierra Caliente mantiene al País en una crisis de violencia.
Esa zona, conformada por Guerrero, Michoacán y el Edomex, registra los hechos más sangrientos en el sexenio.
Ahí se han dado casos como los secuestros en Valle de Bravo, la masacre en Tlatlaya y la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
La zona es disputada por al menos cuatro grupos criminales: Los Rojos y Guerreros Unidos -escisiones del Cártel de los Beltrán Leyva- así como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
La violencia de esos grupos también se extiende hasta Morelos en una disputa por el control de plazas para la distribución y producción de drogas, así como la ejecución de extorsiones, plagios y cobros de piso.
Las muertes se han derivado de enfrentamientos entre autoridades y delincuentes, ajustes de cuentas del crimen organizado y hasta ejecuciones extrajudiciales.
El 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, 22 personas murieron en un operativo militar, presuntamente ejecutados por los soldados.
Al menos ocho de ellos fueron "rematados" por los uniformados, de acuerdo con la PGR.
Los días 26 y 27 de septiembre, en Iguala, Guerrero, otras seis personas fueron abatidas por policías municipales y un grupo armado, además de que desaparecieron 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa.
Sin embargo, la escalada de homicidios es un acicate que la región arrastra desde finales del año pasado.
En diciembre de 2013, cuatro funcionarios municipales que vestían ropa militar apócrifa fallecieron en un presunto enfrentamiento con militares en Arcelia, Guerrero, en un hecho que no fue aclarado.
A finales de septiembre, también en Arcelia, en la comunidad Puerto de Coco, cinco jóvenes fueron torturados y asesinados a balazos.
Días antes, en la localidad de Las Tinajas del Municipio guerrerense de San Miguel Totolapan, fue encontrado muerto el sacerdote Ascencio Acuña Osorio, quien se encontraba desaparecido.
Por otra parte, el dirigente priista de Totolapan, Carlos Salanueva de la Cruz, fue secuestrado en junio por un grupo armado. Pese a que la familia pagó el rescate, el cuerpo apareció descuartizado.
Apenas en agosto, los cuerpos de cinco personas fueron hallados frente a una gasolinera en la comunidad de San José Poliutla, en Totolapan.
Los individuos tenían las manos amarradas hacia atrás y junto a los cadáveres fue dejado un mensaje.
La inseguridad provocó que al menos 250 familias de comunidades serranas de ese Municipio hayan tenido que abandonar sus pueblos por sufrir amenazas del crimen organizado.
El hallazgo de cadáveres a pie de carretera o en fosas clandestinas, así como la desaparición de personas ha sido frecuente en la región.
En mayo, fueron encontrados 19 cuerpos en una colonia del poniente de la ciudad de Iguala, mientras que en junio tres empleados de Sedesol desaparecidos en Coyuca de Benítez, Guerrero.
Para agosto, cuatro hombres que viajaban en una camioneta con emblemas de la Fuerza Rural Estatal, antes grupos de autodefensa, fueron abatidos a balazos en Huetamo, Michoacán, por un comando armado.
En Valle de Bravo, Estado de México, reinó la zozobra en agosto, ante la escalada de secuestros.
Esa zona, conformada por Guerrero, Michoacán y el Edomex, registra los hechos más sangrientos en el sexenio.
Ahí se han dado casos como los secuestros en Valle de Bravo, la masacre en Tlatlaya y la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
La zona es disputada por al menos cuatro grupos criminales: Los Rojos y Guerreros Unidos -escisiones del Cártel de los Beltrán Leyva- así como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
La violencia de esos grupos también se extiende hasta Morelos en una disputa por el control de plazas para la distribución y producción de drogas, así como la ejecución de extorsiones, plagios y cobros de piso.
Las muertes se han derivado de enfrentamientos entre autoridades y delincuentes, ajustes de cuentas del crimen organizado y hasta ejecuciones extrajudiciales.
El 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, 22 personas murieron en un operativo militar, presuntamente ejecutados por los soldados.
Al menos ocho de ellos fueron "rematados" por los uniformados, de acuerdo con la PGR.
Los días 26 y 27 de septiembre, en Iguala, Guerrero, otras seis personas fueron abatidas por policías municipales y un grupo armado, además de que desaparecieron 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa.
Sin embargo, la escalada de homicidios es un acicate que la región arrastra desde finales del año pasado.
En diciembre de 2013, cuatro funcionarios municipales que vestían ropa militar apócrifa fallecieron en un presunto enfrentamiento con militares en Arcelia, Guerrero, en un hecho que no fue aclarado.
A finales de septiembre, también en Arcelia, en la comunidad Puerto de Coco, cinco jóvenes fueron torturados y asesinados a balazos.
Días antes, en la localidad de Las Tinajas del Municipio guerrerense de San Miguel Totolapan, fue encontrado muerto el sacerdote Ascencio Acuña Osorio, quien se encontraba desaparecido.
Por otra parte, el dirigente priista de Totolapan, Carlos Salanueva de la Cruz, fue secuestrado en junio por un grupo armado. Pese a que la familia pagó el rescate, el cuerpo apareció descuartizado.
Apenas en agosto, los cuerpos de cinco personas fueron hallados frente a una gasolinera en la comunidad de San José Poliutla, en Totolapan.
Los individuos tenían las manos amarradas hacia atrás y junto a los cadáveres fue dejado un mensaje.
La inseguridad provocó que al menos 250 familias de comunidades serranas de ese Municipio hayan tenido que abandonar sus pueblos por sufrir amenazas del crimen organizado.
El hallazgo de cadáveres a pie de carretera o en fosas clandestinas, así como la desaparición de personas ha sido frecuente en la región.
En mayo, fueron encontrados 19 cuerpos en una colonia del poniente de la ciudad de Iguala, mientras que en junio tres empleados de Sedesol desaparecidos en Coyuca de Benítez, Guerrero.
Para agosto, cuatro hombres que viajaban en una camioneta con emblemas de la Fuerza Rural Estatal, antes grupos de autodefensa, fueron abatidos a balazos en Huetamo, Michoacán, por un comando armado.
En Valle de Bravo, Estado de México, reinó la zozobra en agosto, ante la escalada de secuestros.
