ECONOMÍA

Buscan protección 80 cajas de ahorro

Jessika Becerra

Distrito Federal (24 febrero 2015) .-00:00 hrs

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Alrededor de 80 cajas de ahorro se defienden en tribunales vía amparos y juicios de nulidad para seguir operando, pese a que no cumplen con los requisitos de la Ley, informó la Fundación de Inclusión y el Desarrollo.

En este universo hay aproximadamente 2 millones de usuarios, según estimaciones de esta Fundación.

El organismo detalló que 20 cooperativas están amparadas y funcionando, pese a que no pudieron cumplir con la ley; otras 60 han iniciado juicios administrativos ante el Tribunal de lo contencioso y procesos de nulidad.

Ayer, Grupo REFORMA publicó que 2 mil cajas de ahorro operan al margen de la ley, especialmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las entidades de ahorro y crédito popular que no operen bajo la ley serían cerradas.

Sin embargo, a casi un año de que terminó el plazo para que las entidades se regularicen (30 marzo de 2014), hay entidades fuera de la Ley que siguen funcionando.

Mario Herrera, director de la Fundación, comentó que el amparo tarda ocho meses en resolverse y el proceso de nulidad, 3 años.

Detalló que en Oaxaca son 30 entidades las que han iniciado un proceso legal y que siguen funcionando irregularmente, mientras que en Guanajuato son 12 entidades; en Jalisco, otras 12 y en Michoacán, 8.

Además, hay tres en cada uno de estos estados: Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Chiapas y Veracruz y dos en Guerrero.

Herrera expuso que estas entidades no pudieron cumplir con los requisitos de Ley porque tienen una cartera vencida deplorable y carecen de capacidad financiera para constituir reservas de créditos.

Fernando del Olmo Tappan, académico de la Escuela Bancaria y Comercial, comentó que las cajas buscan la manera de operar porque la regulación no se ajusta a sus prácticas diarias, por lo que la ley debería revisarse, como se hizo en Perú y Colombia.

"Si siguen existiendo las cajas es porque hay demanda, por lo que se tendría que identificar a los subconjuntos de cajas cuya ley no les acomoda, ya que dan servicios a mucha gente", mencionó.

Del Olmo subrayó que la regulación no excluye a las instituciones financieras del fraude.

"Es el caso de Ficrea que quebró por malas prácticas", recordó.

El proyecto para el sector financiero popular, destacó, era tener una plataforma tecnológica impulsada por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

Sin embargo, para utilizarla, las entidades financieras populares debían pagar una cuota que resultaba elevada.