NACIONAL
Defiende Pemex negocio sindical
Víctor Fuentes
Cd. de México (18 marzo 2015) .-00:00 hrs
Pemex ha hecho todo lo posible por no cumplir una orden de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para eliminar el monopolio que tiene el sindicato petrolero en el transporte de gasolina y diesel.
A más de año y medio de que la Comisión dictara su orden para cesar esta práctica, la Suprema Corte de Justicia resolverá hoy si atrae la revisión final del caso.
Documentos del litigio judicial indican que, en 2014, Pemex Refinación propuso un plan de tres años para implementar la orden de eliminar la práctica monopólica, misma que fue dictada en agosto de 2013 e incluyó multas por 653 millones de pesos.
El llamado "esquema de cumplimiento" fue rechazado por la CFC y duramente criticado por Magistrados del Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica.
"Me parece que este asunto no amerita mayor discusión. La resolución de la Comisión es ejecutiva. Se fijó a Pemex un plazo para cumplir, no para presentar un esquema de cumplimiento sujeto a aprobación que Pemex fija de manera unilateral, cuando es la parte compelida a cesar la práctica monopólica", afirmó el Magistrado Patricio González-Loyola en sesión pública del pasado 12 de marzo.
El tribunal negó ese día un amparo a la petrolera contra una de las multas que le ha impuesto la CFC por no cumplir la orden. La empresa no cuenta con una suspensión judicial para evitar dicho cumplimiento.
El caso es de tal importancia para el Gobierno, que, el pasado 9 de diciembre, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo, solicitó a la Suprema Corte de Justicia atraer la revisión final del amparo de Pemex.
"El asunto es de importancia superlativa, ya que tiene que ver con la definición del área estratégica de petróleo e hidrocarburos", argumentó Murillo ante la Corte.
Agregó que, según Pemex, la Comisión no tenía facultades para sancionar una práctica monopólica en el mercado de entrega de combustibles desde sus instalaciones hacia las estaciones de servicio, ya que se trata de un área prioritaria y estratégica que el Artículo 28 de la Constitución excluye de la libre competencia.
En octubre, la jueza federal Irma Leticia Flores negó en primera instancia el amparo a Pemex, sentencia que la PGR busca sea revisada por la Corte.
"Durante el juicio, Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación no lograron acreditar que la entrega de gasolinas y diesel de sus Terminales de Almacenamiento y Reparto a las estaciones de servicio sea una actividad propia del área estratégica de la industria petrolera", sostuvo la jueza.
La apertura de los contratos petroleros podría ser una realidad.
La nueva Ley General de Transparencia prevé garantizar el acceso a la información relacionada con estos contratos derivados de la reforma constitucional que permite la participación de la iniciativa privada.
Los senadores incorporaron las disposiciones en el artículo 83 del proyecto para establecer que los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con contratos, asignaciones, permisos, alianzas y sociedades que el Estado firme u otorgue.
La norma aplicará cuando se trate de contratos con particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos.
La propuesta, impulsada por el PRD, incluye los datos relacionados con la planeación y control del sistema eléctrico nacional, del servicio público de transmisión y distribución de electricidad y de exploración y extracción de hidrocarburos.
Con información de Claudia Guerrero.
A más de año y medio de que la Comisión dictara su orden para cesar esta práctica, la Suprema Corte de Justicia resolverá hoy si atrae la revisión final del caso.
Documentos del litigio judicial indican que, en 2014, Pemex Refinación propuso un plan de tres años para implementar la orden de eliminar la práctica monopólica, misma que fue dictada en agosto de 2013 e incluyó multas por 653 millones de pesos.
El llamado "esquema de cumplimiento" fue rechazado por la CFC y duramente criticado por Magistrados del Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica.
"Me parece que este asunto no amerita mayor discusión. La resolución de la Comisión es ejecutiva. Se fijó a Pemex un plazo para cumplir, no para presentar un esquema de cumplimiento sujeto a aprobación que Pemex fija de manera unilateral, cuando es la parte compelida a cesar la práctica monopólica", afirmó el Magistrado Patricio González-Loyola en sesión pública del pasado 12 de marzo.
El tribunal negó ese día un amparo a la petrolera contra una de las multas que le ha impuesto la CFC por no cumplir la orden. La empresa no cuenta con una suspensión judicial para evitar dicho cumplimiento.
El caso es de tal importancia para el Gobierno, que, el pasado 9 de diciembre, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo, solicitó a la Suprema Corte de Justicia atraer la revisión final del amparo de Pemex.
"El asunto es de importancia superlativa, ya que tiene que ver con la definición del área estratégica de petróleo e hidrocarburos", argumentó Murillo ante la Corte.
Agregó que, según Pemex, la Comisión no tenía facultades para sancionar una práctica monopólica en el mercado de entrega de combustibles desde sus instalaciones hacia las estaciones de servicio, ya que se trata de un área prioritaria y estratégica que el Artículo 28 de la Constitución excluye de la libre competencia.
En octubre, la jueza federal Irma Leticia Flores negó en primera instancia el amparo a Pemex, sentencia que la PGR busca sea revisada por la Corte.
"Durante el juicio, Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación no lograron acreditar que la entrega de gasolinas y diesel de sus Terminales de Almacenamiento y Reparto a las estaciones de servicio sea una actividad propia del área estratégica de la industria petrolera", sostuvo la jueza.
...Y van por apertura de contratos
La apertura de los contratos petroleros podría ser una realidad.
La nueva Ley General de Transparencia prevé garantizar el acceso a la información relacionada con estos contratos derivados de la reforma constitucional que permite la participación de la iniciativa privada.
Los senadores incorporaron las disposiciones en el artículo 83 del proyecto para establecer que los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con contratos, asignaciones, permisos, alianzas y sociedades que el Estado firme u otorgue.
La norma aplicará cuando se trate de contratos con particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos.
La propuesta, impulsada por el PRD, incluye los datos relacionados con la planeación y control del sistema eléctrico nacional, del servicio público de transmisión y distribución de electricidad y de exploración y extracción de hidrocarburos.
Con información de Claudia Guerrero.
