NACIONAL

Lavan con casas fraude de Ficrea

Abel Barajas

Cd. de México (04 mayo 2015) .-00:00 hrs

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Pese haber cometido un fraude por 5 mil 800 millones de pesos, el principal accionista de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, la PGR sólo lo ha acusado penalmente de tomar 90 millones de pesos de sus clientes y lavarlos en la compra de 11 inmuebles.

Conforme a la causa penal 100/2014, del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales de Toluca, el monto de la acusación contra Olvera es 64 veces menor al del fraude que han señalado las autoridades bancarias, o sea, un 1.55 por ciento del desfalco.

Según el expediente, Olvera y sus empresas Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing, adquirieron locales comerciales, residencias y departamentos en Acapulco, Guadalajara, Distrito Federal y el Estado de México, con recursos de sus clientes.

Las compras por un total de 90 millones 423 mil 250 pesos, ocurrieron entre el 8 de noviembre de 2013 al 22 de agosto de 2014, supuestamente con la complicidad del Notario Público Número 17 del Estado de México, Alfredo Caso Velázquez, quien está preso.

Según el oficio 110/F/B/825/2014 de la Unidad de Inteligencia Financiera, Olvera y sus empresas Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing recibieron recursos de Ficrea, los cuales la PGR supone que se utilizaron para adquirir los bienes.

"El transferir dichos recursos con destino a cuentas a nombre de Rafael Olvera Amezcua y a nombre de las personas morales de las que es accionista, colocó en riesgo los recursos de los ahorradores y se alejó de su objeto social como sociedad financiera popular.

"Dada la triangulación de recursos, en sí mismo representa un acto ilícito, pues el dinero de los ahorradores se desvía a cuentas bancarias de dos personas jurídicas colectivas y de una persona física, que no se relacionan con el objeto social de la Sofipo", consideró el juez federal Raúl Valerio Ramírez, al procesar a uno de los inculpados.

Cuando Sergio Ortiz Valencia, director General de Ficrea, compareció ante la SEIDO, dijo que mientras su empresa sólo se dedicaba a captar y colocar recursos de sus clientes en el sistema financiero, Baus and Jackman Leasing era la outsourcing de Ficrea.

Además, mencionó que la financiera daba créditos, pero no disponía de una chequera como los bancos comerciales, por tanto, el cliente ejercía el crédito a través de cartas de instrucción de pagos a favor de Leadman Trade. Por eso había depósitos entre las empresas.

Pero la PGR señaló en su acusación que Olvera vulneró la Ley de Ahorro y Crédito Popular, al efectuar de manera inusual la triangulación de recursos provenientes de Ficrea a favor de las otras dos empresas, "sin soslayar su intervención en la realización de operaciones en efectivo, por montos considerables, lo que hace imposible conocer el origen y destino de los recursos".

En la adquisición de los 11 inmuebles, Baus and Jackman Leasing figura en 7 operaciones con la calidad de comprador; Leadman Trade en una y Olvera en tres.

La propiedad más cara es la de Sierra Vertientes 440, Colonia Lomas de Chapultepec, en el DF, que tuvo un costo de 19 millones 605 mil pesos y donde Olvera aparece como comprador.

La más barata es el local comercial 12 del edificio 18, en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, dentro del Fraccionamiento La Condesa, en el Municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, adquirido en 775 mil pesos por Baus and Jackman Leasing, representada por Olvera.

Para la PGR, el Notario Alfredo Caso Velázquez fue cómplice de Olvera por protocolizar las compras de los 11 bienes y ayudarlos a evadir los controles que previenen la comisión del delito de lavado de dinero.

De acuerdo con la causa penal, Olvera fue auxiliado en estas operaciones por Gilberto Cerón Poo, Aldo Reséndiz Guerrero y Alejandro Antonio Mendoza Vélez, quienes fungieron como sus representantes o apoderados de sus empresas.

A excepción de Mendoza y Olvera, los otros están presos en los Penales del Altiplano y El Rincón, en el Edomex y Nayarit, respectivamente.

...Y confirman robo de la contabilidad de financiera



Sergio Ortiz Valencia, director general de Ficrea, confirmó a la PGR que la contabilidad de esta Sociedad Financiera Popular fue sustraída de sus oficinas durante la intervención gerencial del Gobierno federal.

Al rendir su declaración ante la SEIDO, el 13 de noviembre de 2014, el ejecutivo dijo desconocer quién pudo haber extraído la documentación de la empresa y se comprometió con las autoridades a conseguirla.

"La contabilidad del grupo se lleva principalmente en el domicilio ubicado en Miguel Lanz Duret 5, en la Colonia Periodista, Delegación Miguel Hidalgo, domicilio en el cual se encuentra concentrada toda la información contable físicamente.

"He tenido conocimiento que dicha información fue sustraída de dicho lugar; sin tener conocimiento por cuál motivo ni qué persona es la que ordenó dicha extracción de información", manifestó Ortiz Valencia en el MP, ante quien aseguró que al día siguiente entregaría los documentos.

De acuerdo con diversos ejecutivos interrogados el mismo día por la SEIDO, los únicos que tenían las llaves para acceder al inmueble donde fue robada la contabilidad, eran los miembros del personal de vigilancia.

La directora de Contabilidad de Ficrea, Columba Paniagua Martínez, dijo que el 7 de noviembre pasado, día de la intervención gerencial, recibió una llamada telefónica de Carlos Pérez Grovas, socio minoritario, instruyéndole que abandonara su oficina.

Alicia Pérez González, subdirectora de Auditoría Interna de Baus and Jackman Leasing, también refirió que a ella un compañero de su propia área de nombre Alberto Guerrero Lugo, fue quien le pidió retirarse de su oficina, el día en que la empresa fue intervenida.