NACIONAL
Proponen en SCJN pagos por bullying
Víctor Fuentes
Cd. de México (14 mayo 2015) .-11:20 hrs
Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia propuso a sus colegas ordenar a una escuela privada del Estado de México que indemnice a la familia de un niño de 7 años víctima de bullying.
La Primera Sala de la Corte discutirá este viernes un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar que condena al Instituto Universitario Verdad y Ciencia (IUVC), con sede en Metepec, a pagar 500 mil pesos por daño moral provocado por el abuso contra el menor, quien padece trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
De ser aprobado el proyecto, será la primera vez que la Corte fija estándares para juzgar estos casos, lo que podría llevar a una avalancha de demandas civiles por daño moral contra escuelas privadas que son negligentes en la prevención del bullying.
Zaldívar también incluyó un largo estudio técnico sobre el bullying, las obligaciones de cuidado y prevención de todos los involucrados en el tema, y un pronunciamiento por el que la Corte urgiría a los otros órganos del Estado a generar un marco normativo claro y coherente para combatir este fenómeno.
"El acoso escolar no puede ni debe ser tolerado. Es necesario que las autoridades de los tres niveles del Estado, y los particulares que tienen a los menores bajo su cuidado refuercen sus estrategias de atención para proteger a lo más preciado de nuestra sociedad, los niños y las niñas", dice el documento.
El proyecto revoca la sentencia absolutoria dictada en favor de la escuela por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), y lanza una dura condena contra la actuación tanto del IUVC como de la profesora María Popoca Vázquez.
"Las labores del IUVC y su personal docente para frenar el acoso escolar del cual estaba siendo objeto el menor dentro de la institución, no sólo fueron insuficientes, sino que de hecho no existió ninguna acción", dice el proyecto.
"Por el contrario, tanto el IUVC como el personal docente evadieron totalmente su responsabilidad de control, vigilancia, protección e información, y estas omisiones constituyen verdaderos actos ilícitos en tanto son contrarios a los deberes legales y generales de cuidado, incluso son constitutivos de discriminación", agrega.
En cuanto a la maestra, Zaldívar considera que las pruebas aportadas durante el juicio demuestran que alentó el maltrato contra el niño.
"Se acreditó que a partir de la condición del menor, la profesora incitaba a sus alumnos a la discriminación y maltrato, al señalar frases como 'no le hablen, ven que es un retrasado'; que fue omisa en frenar o emprender acciones en contra del maltrato físico y psicológico que recibía el menor por parte de sus compañeros; y que inclusive participó en agresiones físicas y psicológicas hacia el menor", dice el proyecto.
La Corte estará votando un amparo directo, ya que atrajo el caso el año pasado, por lo que su sentencia es definitiva, y el expediente sería devuelto al TSJEM sólo para que haga cumplir el fallo.
La demanda fue presentada en 2011 por Alicia González Hernández, madre del niño afectado, quien reclamó la devolución de colegiaturas del ciclo 2009-2010 y pago de gastos médicos, pero no tuvo éxito ni ante el juez local que tramitó el caso, ni ante la Segunda Sala Civil Toluca del TSJEM.
Se trata de un litigio totalmente distinto a las demandas de amparo que, en los últimos dos años, han sido presentadas por padres de familia ante juzgados federales también por casos de bullying.
Esas demandas han sido promovidas contra escuelas públicas, se ha reclamado la omisión de autoridades escolares y de la SEP para prevenir el acoso a los estudiantes, y el objetivo no es una reparación económica, sino la protección de los menores.
La Primera Sala de la Corte discutirá este viernes un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar que condena al Instituto Universitario Verdad y Ciencia (IUVC), con sede en Metepec, a pagar 500 mil pesos por daño moral provocado por el abuso contra el menor, quien padece trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
De ser aprobado el proyecto, será la primera vez que la Corte fija estándares para juzgar estos casos, lo que podría llevar a una avalancha de demandas civiles por daño moral contra escuelas privadas que son negligentes en la prevención del bullying.
Zaldívar también incluyó un largo estudio técnico sobre el bullying, las obligaciones de cuidado y prevención de todos los involucrados en el tema, y un pronunciamiento por el que la Corte urgiría a los otros órganos del Estado a generar un marco normativo claro y coherente para combatir este fenómeno.
"El acoso escolar no puede ni debe ser tolerado. Es necesario que las autoridades de los tres niveles del Estado, y los particulares que tienen a los menores bajo su cuidado refuercen sus estrategias de atención para proteger a lo más preciado de nuestra sociedad, los niños y las niñas", dice el documento.
El proyecto revoca la sentencia absolutoria dictada en favor de la escuela por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), y lanza una dura condena contra la actuación tanto del IUVC como de la profesora María Popoca Vázquez.
"Las labores del IUVC y su personal docente para frenar el acoso escolar del cual estaba siendo objeto el menor dentro de la institución, no sólo fueron insuficientes, sino que de hecho no existió ninguna acción", dice el proyecto.
"Por el contrario, tanto el IUVC como el personal docente evadieron totalmente su responsabilidad de control, vigilancia, protección e información, y estas omisiones constituyen verdaderos actos ilícitos en tanto son contrarios a los deberes legales y generales de cuidado, incluso son constitutivos de discriminación", agrega.
En cuanto a la maestra, Zaldívar considera que las pruebas aportadas durante el juicio demuestran que alentó el maltrato contra el niño.
"Se acreditó que a partir de la condición del menor, la profesora incitaba a sus alumnos a la discriminación y maltrato, al señalar frases como 'no le hablen, ven que es un retrasado'; que fue omisa en frenar o emprender acciones en contra del maltrato físico y psicológico que recibía el menor por parte de sus compañeros; y que inclusive participó en agresiones físicas y psicológicas hacia el menor", dice el proyecto.
La Corte estará votando un amparo directo, ya que atrajo el caso el año pasado, por lo que su sentencia es definitiva, y el expediente sería devuelto al TSJEM sólo para que haga cumplir el fallo.
La demanda fue presentada en 2011 por Alicia González Hernández, madre del niño afectado, quien reclamó la devolución de colegiaturas del ciclo 2009-2010 y pago de gastos médicos, pero no tuvo éxito ni ante el juez local que tramitó el caso, ni ante la Segunda Sala Civil Toluca del TSJEM.
Se trata de un litigio totalmente distinto a las demandas de amparo que, en los últimos dos años, han sido presentadas por padres de familia ante juzgados federales también por casos de bullying.
Esas demandas han sido promovidas contra escuelas públicas, se ha reclamado la omisión de autoridades escolares y de la SEP para prevenir el acoso a los estudiantes, y el objetivo no es una reparación económica, sino la protección de los menores.
