NACIONAL
Queda 96% de ordeña impune
Claudia Guerrero
Cd. de México (15 julio 2015) .-00:00 hrs
El nivel de impunidad para los delincuentes responsables del robo de hidrocarburos rebasa el 96 por ciento.
Marco Antonio de la Peña, director jurídico de Pemex, reveló ante legisladores de la Comisión Permanente que, de las 16 mil 938 denuncias interpuestas entre 2006 y 2015, sólo se han logrado sentencias condenatorias en 614 casos, es decir, el 3.62 por ciento.
Al comparecer ante integrantes de la Tercera Comisión, el funcionario explicó que durante los últimos nueve años sólo han sido procesados mil 982 acusados por este delito.
Ante dicho panorama, pidió al Congreso aprobar una reforma de segunda generación que endurezca las sanciones económicas y penales en contra del robo de combustibles.
Consideró que es necesario tipificarlo como delito grave para que sea castigado como delincuencia organizada.
Sostuvo que la nueva legislación debe castigar también a las personas morales involucradas en el mercado ilícito de combustibles con la cancelación de contratos, permisos y hasta la disolución de las empresas.
"Creemos que si se logra esta reforma de segunda generación fortalecerá mucho a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para tener el marco jurídico idóneo para atacar esta clase de crímenes", expresó.
Marco Antonio de la Peña, director jurídico de Pemex, reveló ante legisladores de la Comisión Permanente que, de las 16 mil 938 denuncias interpuestas entre 2006 y 2015, sólo se han logrado sentencias condenatorias en 614 casos, es decir, el 3.62 por ciento.
Al comparecer ante integrantes de la Tercera Comisión, el funcionario explicó que durante los últimos nueve años sólo han sido procesados mil 982 acusados por este delito.
Ante dicho panorama, pidió al Congreso aprobar una reforma de segunda generación que endurezca las sanciones económicas y penales en contra del robo de combustibles.
Consideró que es necesario tipificarlo como delito grave para que sea castigado como delincuencia organizada.
Sostuvo que la nueva legislación debe castigar también a las personas morales involucradas en el mercado ilícito de combustibles con la cancelación de contratos, permisos y hasta la disolución de las empresas.
"Creemos que si se logra esta reforma de segunda generación fortalecerá mucho a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para tener el marco jurídico idóneo para atacar esta clase de crímenes", expresó.
