ESTADOS
'Avalan' muertos planta de CFE
Édgar Hernández / Corresponsal
Tapachula, México (19 julio 2015) .-00:00 hrs
Ejidatarios muertos "avalaron" la edificación de la hidroeléctrica Chicoasén 2 que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construye en Chiapas.
La CFE construye la hidroeléctrica en el cauce del Río Grijalva, desde febrero pasado.
Pobladores denunciaron que, en el acta de asamblea en la que se sustenta la supuesta aprobación de la comunidad para el proyecto, aparece junto a sus nombres la firma falsificada de ejidatarios que fallecieron hace varios años.
Un ejemplo es el caso de Abelito Estrada Muñoz, quien murió el 28 de octubre de 2007, de acuerdo con su acta de defunción, a la que REFORMA tuvo acceso.
En el acta de asamblea, celebrada por los comuneros el 17 de noviembre de 2013 con representantes del Gobierno federal, aparece una firma junto al nombre del difunto.
Empero, la rúbrica no corresponde con la que el occiso tuvo en vida, según se contrastó con una constancia de derechos agrarios a la que también tuvo acceso este diario.
Tampoco sus familiares firmaron por él, aseguró Sofía Herrera Muñoz, viuda del ejidatario, y quien heredó los derechos agrarios.
"La firma que aparece en el documento no es de mi esposo, sino que él ya era muerto y esa firma la agarraron ellos porque lo querían agarrar, pero yo no supe nada", expresó.
Otro ejemplo, exhibieron, es la firma de Rubén Collazo Solís, quien falleció el 21 de febrero del 2001, de acuerdo con el acta de defunción de la que se tiene copia.
En el acta de la asamblea aparece sólo como Rubén Collazo S. con una firma al lado, pero ésta tampoco es la suya, de acuerdo con la credencial de elector de la que se tiene copia.
Aracely Collazo Castellanos, hija del difunto y quien heredó los derechos agrarios, confió que nadie de la familia firmó ese documento.
Los funcionarios que atestiguaron y dieron fe a la "firma" de los muertos fueron el director de Gobierno y ex diputado local, Aquiles Espinoza García; la ex subsecretaria de Gobierno de la región Mezcalap, Patricia del Carmen Conde Ruiz y actual candidata a diputada local por el Distrito 13 por la alianza PRI-PVEM-Panal-Chiapas Unido.
Además, el Alcalde Armando Estrada Herrera y Juan Gabriel Coutiño Gómez, notario público 150 y ex Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas de 2008 a 2012.
En esa fecha era comisariado ejidal Jorge Herrera Núñez, a quien los pobladores acusan de haberse enriquecido presuntamente por haberse prestado a irregularidades.
Avisaín Solís López, presidente de un comité conformado por un centenar de ejidatarios inconformes, explicó que en las listas aparecen otros muertos.
Para lograr mayoría en la asamblea, denunció, fueron acarreados pobladores de otros municipios que no tienen derechos sobre las tierras que ocupó la paraestatal para el proyecto hidroeléctrico.
El ejidatario abundó que, por las irregularidades, los inconformes interpusieron el amparo indirecto 941/2015 en el Juzgado 5 de Distrito de Tuxtla Gutiérrez, el cual concedió en su favor una suspensión provisional.
Los inconformes sostienen que no se oponen a la realización de la obra, sino que reclaman una indemnización de las tierras ocupadas por la CFE, pues alegan que los legítimos propietarios no fueron tomados en cuenta.
El acta de asamblea es el documento que sustenta la aprobación de la comunidad para que la CFE realizara el cambio de uso de suelo de un área forestal para la construcción de la hidroeléctrica.
Según cifras oficiales, la obra tendrá un costo superior a los 5 mil 500 millones de pesos y será capaz de generar 591 gigawatts anuales.
Para su edificación, se elevara una cortina de 30 metros y ocupará 206 hectáreas en el Municipio de Chicoasén. Durante y posterior a su construcción, dará empleo a unas 4 mil personas.
La CFE construye la hidroeléctrica en el cauce del Río Grijalva, desde febrero pasado.
Pobladores denunciaron que, en el acta de asamblea en la que se sustenta la supuesta aprobación de la comunidad para el proyecto, aparece junto a sus nombres la firma falsificada de ejidatarios que fallecieron hace varios años.
Un ejemplo es el caso de Abelito Estrada Muñoz, quien murió el 28 de octubre de 2007, de acuerdo con su acta de defunción, a la que REFORMA tuvo acceso.
En el acta de asamblea, celebrada por los comuneros el 17 de noviembre de 2013 con representantes del Gobierno federal, aparece una firma junto al nombre del difunto.
Empero, la rúbrica no corresponde con la que el occiso tuvo en vida, según se contrastó con una constancia de derechos agrarios a la que también tuvo acceso este diario.
Tampoco sus familiares firmaron por él, aseguró Sofía Herrera Muñoz, viuda del ejidatario, y quien heredó los derechos agrarios.
"La firma que aparece en el documento no es de mi esposo, sino que él ya era muerto y esa firma la agarraron ellos porque lo querían agarrar, pero yo no supe nada", expresó.
Otro ejemplo, exhibieron, es la firma de Rubén Collazo Solís, quien falleció el 21 de febrero del 2001, de acuerdo con el acta de defunción de la que se tiene copia.
En el acta de la asamblea aparece sólo como Rubén Collazo S. con una firma al lado, pero ésta tampoco es la suya, de acuerdo con la credencial de elector de la que se tiene copia.
Aracely Collazo Castellanos, hija del difunto y quien heredó los derechos agrarios, confió que nadie de la familia firmó ese documento.
Los funcionarios que atestiguaron y dieron fe a la "firma" de los muertos fueron el director de Gobierno y ex diputado local, Aquiles Espinoza García; la ex subsecretaria de Gobierno de la región Mezcalap, Patricia del Carmen Conde Ruiz y actual candidata a diputada local por el Distrito 13 por la alianza PRI-PVEM-Panal-Chiapas Unido.
Además, el Alcalde Armando Estrada Herrera y Juan Gabriel Coutiño Gómez, notario público 150 y ex Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas de 2008 a 2012.
En esa fecha era comisariado ejidal Jorge Herrera Núñez, a quien los pobladores acusan de haberse enriquecido presuntamente por haberse prestado a irregularidades.
Avisaín Solís López, presidente de un comité conformado por un centenar de ejidatarios inconformes, explicó que en las listas aparecen otros muertos.
Para lograr mayoría en la asamblea, denunció, fueron acarreados pobladores de otros municipios que no tienen derechos sobre las tierras que ocupó la paraestatal para el proyecto hidroeléctrico.
El ejidatario abundó que, por las irregularidades, los inconformes interpusieron el amparo indirecto 941/2015 en el Juzgado 5 de Distrito de Tuxtla Gutiérrez, el cual concedió en su favor una suspensión provisional.
Los inconformes sostienen que no se oponen a la realización de la obra, sino que reclaman una indemnización de las tierras ocupadas por la CFE, pues alegan que los legítimos propietarios no fueron tomados en cuenta.
El acta de asamblea es el documento que sustenta la aprobación de la comunidad para que la CFE realizara el cambio de uso de suelo de un área forestal para la construcción de la hidroeléctrica.
Según cifras oficiales, la obra tendrá un costo superior a los 5 mil 500 millones de pesos y será capaz de generar 591 gigawatts anuales.
Para su edificación, se elevara una cortina de 30 metros y ocupará 206 hectáreas en el Municipio de Chicoasén. Durante y posterior a su construcción, dará empleo a unas 4 mil personas.
