NACIONAL
Contrata Pemex a empresa inhabilitada
Víctor Fuentes
Cd. de México (02 agosto 2015) .-00:00 hrs
Pemex Exploración y Producción (PEP) asignó su sexto contrato más cuantioso de este sexenio a un grupo empresarial que estaba inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.
Tras una licitación, en agosto de 2013 PEP adjudicó un contrato de 500.2 millones de dólares (unos 6 mil 671 millones de pesos en esa fecha) a la empresa Sistemas Integrales de Compresión (SICO).
La firma forma parte del Corporativo Nuvoil del empresario Mariano Hernández Palmeros, igual que la empresa Part Technical Services (PTS), que en abril de 2011 fue inhabilitada por la SFP para recibir contratos públicos durante dos años y seis meses, es decir, hasta octubre de 2013.
Ante ello, un juez federal resolvió que Pemex debe volver a hacer la licitación que asignó a SICO.
Se trata del primer caso en que el Poder Judicial Federal considera que las sanciones a una filial de un grupo empresarial se deben extender a otras subsidiarias, aunque éstas no hubieran sido señaladas por alguna irregularidad.
"Si la empresa PTS y su dirigente (Hernández Palmeros) se encuentran inhabilitados para participar en cualquier procedimiento de licitación o contratación, y este último a su vez resulta ser el dirigente del corporativo integrado por SICO, resulta evidente que SICO también lleva consigo la inhabilitación", afirmó el juez David Cortés Martínez.
El juzgador se basó en criterios de la Comunidad Europea y tratados internacionales contra corrupción, que buscan evitar que los consorcios eludan sanciones o realicen prácticas monopólicas mediante el uso de distintas razones sociales para obtener contratos.
La sentencia de Cortés está a revisión desde el pasado 16 de abril ante un tribunal colegiado de circuito.
PTS había ganado en 2009 dos contratos por 165 millones de pesos para dar mantenimiento a equipos de acondicionamiento de gas natural de PEP, y nunca se difundió públicamente la razón por la que fue inhabilitada.
En enero de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa anuló la sanción a PTS, por considerar que la actuación de la SFP fue ilegal, pero eso no cambió el hecho de que la una inhabilitación estuvo vigente durante los ocho meses en que SICO participó en la licitación de PEP.
Tras una licitación, en agosto de 2013 PEP adjudicó un contrato de 500.2 millones de dólares (unos 6 mil 671 millones de pesos en esa fecha) a la empresa Sistemas Integrales de Compresión (SICO).
La firma forma parte del Corporativo Nuvoil del empresario Mariano Hernández Palmeros, igual que la empresa Part Technical Services (PTS), que en abril de 2011 fue inhabilitada por la SFP para recibir contratos públicos durante dos años y seis meses, es decir, hasta octubre de 2013.
Ante ello, un juez federal resolvió que Pemex debe volver a hacer la licitación que asignó a SICO.
Se trata del primer caso en que el Poder Judicial Federal considera que las sanciones a una filial de un grupo empresarial se deben extender a otras subsidiarias, aunque éstas no hubieran sido señaladas por alguna irregularidad.
"Si la empresa PTS y su dirigente (Hernández Palmeros) se encuentran inhabilitados para participar en cualquier procedimiento de licitación o contratación, y este último a su vez resulta ser el dirigente del corporativo integrado por SICO, resulta evidente que SICO también lleva consigo la inhabilitación", afirmó el juez David Cortés Martínez.
El juzgador se basó en criterios de la Comunidad Europea y tratados internacionales contra corrupción, que buscan evitar que los consorcios eludan sanciones o realicen prácticas monopólicas mediante el uso de distintas razones sociales para obtener contratos.
La sentencia de Cortés está a revisión desde el pasado 16 de abril ante un tribunal colegiado de circuito.
PTS había ganado en 2009 dos contratos por 165 millones de pesos para dar mantenimiento a equipos de acondicionamiento de gas natural de PEP, y nunca se difundió públicamente la razón por la que fue inhabilitada.
En enero de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa anuló la sanción a PTS, por considerar que la actuación de la SFP fue ilegal, pero eso no cambió el hecho de que la una inhabilitación estuvo vigente durante los ocho meses en que SICO participó en la licitación de PEP.
