NACIONAL
Borran arraigo de ley contra la tortura
Diana Baptista
Cd. de México (07 octubre 2015) .-16:25 hrs
Organizaciones de la sociedad civil acordaron con la PGR eliminar la condicionante de gravedad y la retención por 60 días establecidos en el anteproyecto de ley general para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El documento elaborado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR establece que la tortura solo se acreditará en casos de graves daños físicos que tarden más de 15 días en curar o que provoquen la muerte.
Además, permite al Ministerio Público retener durante 60 días a las personas inculpadas y privadas de la libertad que hayan sido torturadas, bajo el argumento de reunir más elementos probatorios en tanto que las pruebas obtenidas mediante tortura deben ser descalificadas.
Dicho punto fue duramente criticado por la sociedad civil al considerarlo una forma de arraigo, durante un foro de consulta pública llevado a cabo a cabo hoy en las oficinas de PGR.
"Evidentemente esto fue objeto de varias discusiones. Al final los acuerdos importantes fueron que la PGR eliminará del anteproyecto y de las siguientes versiones, tanto la figura del daño de 15 días como el 'mini arraigo'", aseguró Silvano Cantú, especialista que estuvo presente en la reunión.
"Se comprometió la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad de Ética, lo que consideramos un paso importante".
En lugar del arraigo, las organizaciones urgieron a generar mecanismos de procuración de justicia, capacitación del personal e investigación científica, para que policías y Ministerios Públicos se vean obligados a abandonar el uso de la tortura.
Pese a los avances, las organizaciones lamentaron que en el anteproyecto vayan a permanecer puntos que contravienen los estándares internacionales.
Por ejemplo, la Procuraduría pretende tipificar por un lado tortura y por otro tratos crueles o degradantes.
Éstos serán diferenciados por el requisito de gravedad en los daños físicos y psicológicos, es decir, solo será torturado quien presente daños graves.
"Los tratos crueles tienen una penalidad menor, y suponemos que las denuncias por tortura serán reclasificadas bajo ese delito para que no se cuente la incidencia delictiva de los hechos como tortura", apuntó Cantú.
"Buscamos que se considere la vulneración de la capacidad física o mental como tortura, y sea un juez el que decida, en virtud de las circunstancias de los daños, la gravedad, pero no que desestime la tortura como tal".
También lamentaron que la tortura no será definida como un delito imprescriptible excepto en casos de delitos de lesa humanidad, es decir, aplicados de forma masiva y sistemática contra la población civil.
Las organizaciones celebraron que el anteproyecto considere crear un instituto autónomo de ciencia forense, al cual tendrán acceso las víctimas de tortura, así como la amplia definición que se tendrá del delito.
El foro de consulta continuará hoy con otros personajes de la sociedad civil. En la reunión de esta mañana estuvieron presentes el Centro Prodh, Insyde y el Colectivo contra la Tortura, entre otros.
El documento elaborado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR establece que la tortura solo se acreditará en casos de graves daños físicos que tarden más de 15 días en curar o que provoquen la muerte.
Además, permite al Ministerio Público retener durante 60 días a las personas inculpadas y privadas de la libertad que hayan sido torturadas, bajo el argumento de reunir más elementos probatorios en tanto que las pruebas obtenidas mediante tortura deben ser descalificadas.
Dicho punto fue duramente criticado por la sociedad civil al considerarlo una forma de arraigo, durante un foro de consulta pública llevado a cabo a cabo hoy en las oficinas de PGR.
"Evidentemente esto fue objeto de varias discusiones. Al final los acuerdos importantes fueron que la PGR eliminará del anteproyecto y de las siguientes versiones, tanto la figura del daño de 15 días como el 'mini arraigo'", aseguró Silvano Cantú, especialista que estuvo presente en la reunión.
"Se comprometió la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad de Ética, lo que consideramos un paso importante".
En lugar del arraigo, las organizaciones urgieron a generar mecanismos de procuración de justicia, capacitación del personal e investigación científica, para que policías y Ministerios Públicos se vean obligados a abandonar el uso de la tortura.
Pese a los avances, las organizaciones lamentaron que en el anteproyecto vayan a permanecer puntos que contravienen los estándares internacionales.
Por ejemplo, la Procuraduría pretende tipificar por un lado tortura y por otro tratos crueles o degradantes.
Éstos serán diferenciados por el requisito de gravedad en los daños físicos y psicológicos, es decir, solo será torturado quien presente daños graves.
"Los tratos crueles tienen una penalidad menor, y suponemos que las denuncias por tortura serán reclasificadas bajo ese delito para que no se cuente la incidencia delictiva de los hechos como tortura", apuntó Cantú.
"Buscamos que se considere la vulneración de la capacidad física o mental como tortura, y sea un juez el que decida, en virtud de las circunstancias de los daños, la gravedad, pero no que desestime la tortura como tal".
También lamentaron que la tortura no será definida como un delito imprescriptible excepto en casos de delitos de lesa humanidad, es decir, aplicados de forma masiva y sistemática contra la población civil.
Las organizaciones celebraron que el anteproyecto considere crear un instituto autónomo de ciencia forense, al cual tendrán acceso las víctimas de tortura, así como la amplia definición que se tendrá del delito.
El foro de consulta continuará hoy con otros personajes de la sociedad civil. En la reunión de esta mañana estuvieron presentes el Centro Prodh, Insyde y el Colectivo contra la Tortura, entre otros.
