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Denuncian despojo de agua por mina de BC

Aline Corpus

Mexicali, México (14 febrero 2016) .-00:00 hrs

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Ejidatarios de Plan Nacional Agrario acusaron a la mina Real de Ángeles, filial de la compañía Frisco, de explotar con una concesión ilegal un pozo de agua ubicado en un área común del ejido, el cual no está dentro del contrato que tienen con la empresa.

De acuerdo con una denuncia presentada por la Asamblea General de Ejidatarios ante la Conagua, la minera utiliza el agua del pozo Saldaña en una pirámide de desechos pétreos de unos 80 metros de altura en una superficie de 24 hectáreas de tierra compactada con agua, mercurio y ácido muriático.

"Son elementos nocivos a la salud de cualquier ser vivo, que sobran de la explotación de la mina y que realizan con un ilegal pozo de agua", detalla la queja.

Los pobladores afirman que para obtener la concesión, la mina, cuyo principal accionista es el empresario Carlos Slim Helú, usó datos falsos al señalar que están extrayendo agua del acuífero de la Laguna Salada, pero que en realidad el pozo está en el acuífero en El Chinero, en tierras de uso común del ejido.

"Esas tierras nada tienen qué ver con las contratadas por Minera Real de Ángeles como de ocupación previa o bien que hayan comprado a ejidatarios en lo particular", subraya.

En la denuncia, los inconformes anexaron un plano que corresponde a los tres contratos de ocupación previa de la mina por una superficie de 2 mil 778 hectáreas.

La denuncia dirigida a Eduardo Ledesma Romo, director de la Cuenca de la Península de Baja California de Conagua, fue presentada desde el 1 de diciembre del 2014, pero hasta el momento no habido respuesta.

"(Dicho pozo) indebidamente y en perjuicio del ejido Plan Nacional Agrario está siendo explotado por la Minera Real de Ángeles. Fue autorizado con una concesión de aguas que nada tiene qué ver con la ubicación topográfica y con el manto acuífero a la que corresponde dicha concesión irregular", precisa el documento en poder de Grupo Reforma.

Aunque se buscó la versión de Conagua, la dependencia federal en Baja California, que encabeza José Alejandro Cervantes Beltrán, pidió copia de la denuncia al no poder localizarla entre sus archivos.