NACIONAL
Ven padres anacrónico fallo sobre los 43
Benito Jiménez
Cd. de México (15 mayo 2016) .-00:00 hrs
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, aseguró que la investigación del caso Iguala sigue y que la resolución dada conocer por un Tribunal sólo se refiere a una consignación que en su momento fue basada en la teoría de la PGR de que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula.
REFORMA informó que la justicia federal rechazó que los 43 normalistas de Ayotzinapa hayan sido víctimas de desaparición forzada porque los indicios apuntan a que están muertos y no a que fueron "ocultados" por el Gobierno.
"Es una determinación judicial anacrónica, estamos hablando de una resolución de 2014 en la que todavía el juzgado no tenía muchos elementos probatorios, no había informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), no había elementos vastos para poder determinar con exactitud la situación que en ese momento prevalecía", indicó Rosales.
"En el tema del basurero de Cocula hay carencias, hay irregularidades, eso no se tenía en ese tiempo, entonces la investigación sigue, hay otras consignaciones", añadió.
Para el abogado, la resolución hace referencia a una de varias consignaciones que realizó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Según el abogado, en términos judiciales no se puede establecer que los estudiantes fueron asesinados por dos razones: "que es una resolución de 2014 con elementos que el juez no tenía para formarse otra convicción y lo segundo es que sólo hace alusión a una consignación".
Rosales refirió que otro delito que no se acreditó fue la prolongada privación de la libertad de las víctimas, y recordó que el delito de desaparición forzada sanciona las conductas de funcionarios públicos o individuos coludidos con ellos que pretendan "aislar, reprimir, silenciar, disminuir y someter a un gobernado".
REFORMA informó que la justicia federal rechazó que los 43 normalistas de Ayotzinapa hayan sido víctimas de desaparición forzada porque los indicios apuntan a que están muertos y no a que fueron "ocultados" por el Gobierno.
"Es una determinación judicial anacrónica, estamos hablando de una resolución de 2014 en la que todavía el juzgado no tenía muchos elementos probatorios, no había informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), no había elementos vastos para poder determinar con exactitud la situación que en ese momento prevalecía", indicó Rosales.
"En el tema del basurero de Cocula hay carencias, hay irregularidades, eso no se tenía en ese tiempo, entonces la investigación sigue, hay otras consignaciones", añadió.
Para el abogado, la resolución hace referencia a una de varias consignaciones que realizó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Según el abogado, en términos judiciales no se puede establecer que los estudiantes fueron asesinados por dos razones: "que es una resolución de 2014 con elementos que el juez no tenía para formarse otra convicción y lo segundo es que sólo hace alusión a una consignación".
Rosales refirió que otro delito que no se acreditó fue la prolongada privación de la libertad de las víctimas, y recordó que el delito de desaparición forzada sanciona las conductas de funcionarios públicos o individuos coludidos con ellos que pretendan "aislar, reprimir, silenciar, disminuir y someter a un gobernado".
