NACIONAL
Faltan registros del plan Frontera Sur
Silvia Garduño
Cd. de México (29 mayo 2016) .-00:00 hrs
El Programa de la Frontera Sur no existe en el papel.
Desde 2013, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) ha emprendido una batalla legal para que la Secretaría de Gobernación (Segob) le proporcione documentos sobre el programa lanzado en julio de 2014.
"Hay documentos que no tenemos, ¿cómo publicas un programa en el Diario Oficial sin tener documentos, antecedentes? Tiene que haber minutas de reuniones o algo, no tomas una decisión de tener una política migratoria de contención, autorización de presupuesto y todo sin tener documentos anteriores, algo tiene que haber", dijo Gretchen Kuhner, directora de IMUMI.
El 6 de noviembre de 2013, el Instituto solicitó a la Segob vía transparencia "cualesquiera documentos" en donde se haya creado el Plan Frontera Sur o en donde se establecieran responsabilidades para la dependencia.
Aunque el Programa fue lanzado hasta julio de 2014, IMUMI solicitó esta información desde 2013 porque el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo referencia al programa en una reunión en Chiapas en junio de 2013.
El 2 de julio de 2014, una semana antes del lanzamiento del Programa, el Comité de Información de la Segob notificó al IMUMI sobre una resolución de inexistencia de documentos.
El Programa fue lanzado el 8 de julio por el Presidente Enrique Peña Nieto en un acto público en Playas de Catazajá, Chiapas, en respuesta a la crisis de los niños migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos.
Ese día se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para crear la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, cuya titularidad recayó en Humberto Mayans, quien un año después dejó el cargo.
El 26 de septiembre de ese año, el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sobreseyó el recurso de revisión, alegando que la Segob entregó el único documento que podía entregar, es decir, la declaratoria formal de inexistencia.
"Se puede concluir que se satisfizo el derecho de acceso a la información de la particular", determinó el IFAI.
El 16 de octubre de 2014, IMUMI interpuso un amparo en contra del IFAI ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tanto en contra de la resolución como por la inconstitucionalidad del artículo 49 y 46 de la antigua Ley de Transparencia, por limitar el derecho al acceso a la información.
El 13 de enero de 2015, el juez resolvió que el IFAI debía emitir una nueva resolución, no obstante, no amparó al IMUMI respecto a la inconstitucionalidad de los artículos, asunto que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"El juez, de todo lo que pedimos, nos dio un puntito. En el amparo nos dijeron que estuvo mal que el IFAI no haya resuelto el fondo de este caso, que aplicó mal la ley. Aparte habíamos pedido que se declararan inconstitucionales unos artículos que regulan la inexistencia de información en la vieja ley de transparencia, y eso fue lo que perdimos en la Corte", señaló Guadalupe Barrena, abogada de IMUMI.
Además de declarar la inexistencia de la información del Plan Frontera Sur, la Segob entregó al IMUMI información relativa al lanzamiento de un programa similar durante la Administración del ex Presidente Felipe Calderón, en 2010.
Según varios documentos, esta iniciativa bajo el calderonismo tendría el objetivo de promover el desarrollo, bienestar, seguridad y Estado de Derecho en la región.
El IMUMI logró recuperar, además, un documento del Plan Sur de 2002, es decir, durante la Administración de Vicente Fox.
En este documento se señala que el programa está orientado a aumentar la capacidad de control de los flujos migratorios en la zona sur del País, con el objetivo particular de incrementar el número de asegurados y detenciones de traficantes de indocumentados.
Sin embargo, advierte que el programa pudiera tener efectos a la integridad de las personas migrantes.
"Podemos presumir que el Plan Sur tendrá efectos nocivos, que no han podido aun ser evaluados, para la integridad y los derechos de las personas que integran los flujos migratorios", señala este documento.
Desde 2013, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) ha emprendido una batalla legal para que la Secretaría de Gobernación (Segob) le proporcione documentos sobre el programa lanzado en julio de 2014.
"Hay documentos que no tenemos, ¿cómo publicas un programa en el Diario Oficial sin tener documentos, antecedentes? Tiene que haber minutas de reuniones o algo, no tomas una decisión de tener una política migratoria de contención, autorización de presupuesto y todo sin tener documentos anteriores, algo tiene que haber", dijo Gretchen Kuhner, directora de IMUMI.
El 6 de noviembre de 2013, el Instituto solicitó a la Segob vía transparencia "cualesquiera documentos" en donde se haya creado el Plan Frontera Sur o en donde se establecieran responsabilidades para la dependencia.
Aunque el Programa fue lanzado hasta julio de 2014, IMUMI solicitó esta información desde 2013 porque el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo referencia al programa en una reunión en Chiapas en junio de 2013.
El 2 de julio de 2014, una semana antes del lanzamiento del Programa, el Comité de Información de la Segob notificó al IMUMI sobre una resolución de inexistencia de documentos.
El Programa fue lanzado el 8 de julio por el Presidente Enrique Peña Nieto en un acto público en Playas de Catazajá, Chiapas, en respuesta a la crisis de los niños migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos.
Ese día se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para crear la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, cuya titularidad recayó en Humberto Mayans, quien un año después dejó el cargo.
El 26 de septiembre de ese año, el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sobreseyó el recurso de revisión, alegando que la Segob entregó el único documento que podía entregar, es decir, la declaratoria formal de inexistencia.
"Se puede concluir que se satisfizo el derecho de acceso a la información de la particular", determinó el IFAI.
El 16 de octubre de 2014, IMUMI interpuso un amparo en contra del IFAI ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tanto en contra de la resolución como por la inconstitucionalidad del artículo 49 y 46 de la antigua Ley de Transparencia, por limitar el derecho al acceso a la información.
El 13 de enero de 2015, el juez resolvió que el IFAI debía emitir una nueva resolución, no obstante, no amparó al IMUMI respecto a la inconstitucionalidad de los artículos, asunto que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"El juez, de todo lo que pedimos, nos dio un puntito. En el amparo nos dijeron que estuvo mal que el IFAI no haya resuelto el fondo de este caso, que aplicó mal la ley. Aparte habíamos pedido que se declararan inconstitucionales unos artículos que regulan la inexistencia de información en la vieja ley de transparencia, y eso fue lo que perdimos en la Corte", señaló Guadalupe Barrena, abogada de IMUMI.
Vinculan programa con sexenio anterior
Además de declarar la inexistencia de la información del Plan Frontera Sur, la Segob entregó al IMUMI información relativa al lanzamiento de un programa similar durante la Administración del ex Presidente Felipe Calderón, en 2010.
Según varios documentos, esta iniciativa bajo el calderonismo tendría el objetivo de promover el desarrollo, bienestar, seguridad y Estado de Derecho en la región.
El IMUMI logró recuperar, además, un documento del Plan Sur de 2002, es decir, durante la Administración de Vicente Fox.
En este documento se señala que el programa está orientado a aumentar la capacidad de control de los flujos migratorios en la zona sur del País, con el objetivo particular de incrementar el número de asegurados y detenciones de traficantes de indocumentados.
Sin embargo, advierte que el programa pudiera tener efectos a la integridad de las personas migrantes.
"Podemos presumir que el Plan Sur tendrá efectos nocivos, que no han podido aun ser evaluados, para la integridad y los derechos de las personas que integran los flujos migratorios", señala este documento.
