Critican resistencia de Gobernadores
Desestiman intentos para frenar ley anticorrupción. Anticipa Anaya que presionarán hasta concretar la reforma
REFORMA / STAFF y Rolando Herrera , Erika Her nández, Claudia Salazar y José David Estrada

Los Gobernadores que intenten frenar la reforma anticorrupción terminarán "atropellados", advirtió el líder del PAN en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya.

"Que nadie se atreva a tratar de detener esta reforma, porque el que se atreva a intentarlo terminará literalmente atropellado por una sociedad que está cansada, harta, de políticos corruptos que amasan fortunas inexplicables en sólo tres o seis años de estar en el cargo, lo digo con claridad.

"Esta reforma llego para quedarse y aunque el camino va hacer largo, a esta reforma ya nadie la detiene. Que estén nerviosos (los Mandatarios estatales) es una extraordinaria señal", indicó.

REFORMA publicó ayer que durante la sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en Durango, los mandatarios discutieron la viabilidad constitucional de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) audite las deudas estatales que adquieran poniendo como garantía los fondos federales y fiscalizar las participaciones que obtienen.

Anaya afirmó que no aceptan argumentos "exquisitos" por parte de los Gobernadores u otras autoridades o particulares.

E incluso, advirtió, estarán presionando para que se apruebe en el Senado y, de ser necesario, irán a los Congresos estatales, para que aprueben la nueva normatividad.

"Esta reforma va implicar que quien ejerza recursos públicos tendrá que ser muy cuidadoso y quien los desvíe y cometa actos de corrupción va a ir a parar a la cárcel, y que haya nerviosismo en torno allá es una extraordinaria, una muy positiva señal. Yo en lo personal no he recibido presiones y recomiendo que ni lo intenten", afirmó.

Ayer, la reforma constitucional en materia anticorrupción se concretó en la Cámara de Diputados y ahora será enviada al Senado para su revisión.

La investigadora de la UNAM y ex presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, aseguró que la resistencia de los Gobernadores a la reforma obedece a que no quieren que la Federación vigile e investigue cómo gasta los recursos que recibe.

"Claro que no están de acuerdo porque no quieren que la Auditoría Superior tenga que ver con la vigilancia y la investigación en los Estados y municipios", señaló.

"Sí hay intereses fuertes pero también hay un movimiento social también muy fuerte y parte de ese movimiento social llevó a que se destrabara en la Cámara de Diputados".

La reforma establece que la ASF podrá hacer auditorías a las participaciones que la Federación entrega a las entidades federativas.

Actualmente, esos recursos ascienden este año a 607 mil millones de pesos, que equivalen al 12.5 por ciento del presupuesto global de la Federación.

Rolando Herrera , Erika Her nández, Claudia Salazar y José David Estrada

¿Cómo funcionará el sistema?

La reforma constitucional pretende el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción que combata el problema en sus distintas fases:

PREVENCIÓN

· Los Órganos Internos de Control (OIC) supervisarán las dependencias.

· La ASF hará la fiscalización de la Cuenta Pública, sin candados de tiempo y rendirá informes individuales.

· Los OIC de los órganos autónomos serán nombrados por la Cámara de Diputados y el Secretario de la Función Pública ratificado por el Senado.

· El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción coordinará a las distintas autoridades y emitirá recomendaciones.

DETECCIÓN

· Los OIC realizarán las auditorías internas.

· La ASF se encargará de las auditorías externas y de la fiscalización del gasto.

· La Fiscalía Anticorrupción recibirá las denuncias penales de corrupción e integrará las averiguaciones previas.

SANCIÓN

· El Tribunal Federal de Justicia Administrativa recibirá las denuncias de los OIC y la ASF e impondrá sanciones.

· Los juzgados en materia penal recibirán las consignaciones realizadas por la Fiscalía y condenará a los responsables.

· Operará la extinción de dominio para despojar de los bienes a los responsables de enriquecimiento ilícito.

· La prescripción de las faltas administrativas pasa de tres a siete años.

Su persecución puede ser transexenal.