En flagrancia / Comunidades de tratamiento

Las comunidades terapéuticas para el tratamiento del abuso y adicción a las drogas se inventaron en Estados Unidos en los años 60 y 70. Son ambientes sin droga basados en estructuras jerárquicas con diferentes tratamientos y etapas según el nivel de adicción del individuo. A diferencia de otros tratamientos, la "comunidad" (personal y personas en recuperación) es fundamental para cambiar actitudes y comportamientos vinculados a las drogas. Habitualmente, pertenecen al Estado o bien, son privadas con altos niveles de control estatal. En México tienen una historia más reciente donde los controles escasean y los negocios abundan. En el DF, los anexos o granjas son supervisados por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) que controla el cumplimiento de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del DF, y la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, entre otras. Pero en la práctica, esto funciona rara vez.

GRANJAS DE TERROR

El 18 de diciembre pasado, el IAPA entregó 30 registros a centros (15 para adultos y residenciales y 15 juveniles ambulatorios). Pero de acuerdo al padrón de establecimientos especializados (IAPA), en el DF hay 316 centros residenciales: el 87 por ciento de ayuda mutua, 36 por ciento de ayuda mixta, uno por ciento alternativos y uno por ciento de ayuda profesional. De este universo, el IAPA ha suspendido de actividades al 19 por ciento (51 centros), de los cuales el 37 por ciento siguen actualmente suspendidos y el 16 por ciento ha abandonado definitivamente las actividades. En realidad, sólo el 23 por ciento de los centros de ayuda mutua cumplieron con lo básico para mantener su registro y apenas el 7 por ciento consiguieron el reconocimiento federal del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones.

Este panorama sombrío refleja varias cosas: 1) que el tratamiento de las adicciones no está realmente en manos del Estado (solo uno de estos anexos es del Gobierno del DF), 2) que los centros registrados muestran serios problemas de funcionamiento, 3) que el Estado es incapaz de supervisarlos a fondo (y mucho menos de reemplazarlos), 4) que existe un mundo paralelo de "granjas" que operan directamente en forma ilegal o sin ninguna clase de aval.

Y el resultado de este agujero negro es la Recomendación 3/14 de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) que apunta a la paliza con toletes, gas lacrimógeno y perros adiestrados que los guías técnicos de la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes "San Fernando" le propinaron a un grupo de adolescentes en 2012 que terminó con heridas, fracturas y con un traumatismo craneoencefálico. Y no es la primera Recomendación. En 2011, la CDHDF ya se había ocupado de "Los elegidos de Dios" que operaba sin supervisión y recibiendo gente contra su voluntad. Porque el negocio de estas granjas es precisamente cobrar por tener a adictos en tratamientos de varios meses (a un costo de mil a 4 mil pesos al mes más alimentos) sin hacerse responsable de absolutamente nada, ni garantizar ninguna rehabilitación y si es necesario, reteniendo a los "pacientes/clientes" contra su voluntad con apenas la firma de una responsiva de un familiar. El negocio es tan lucrativo que algunos "centros" (por ejemplo, el "Nueva Vida") ofrecen el servicio de traslado por la fuerza del paciente. Pero los verdaderos billetes están por llegar porque la reforma procesal penal incluye que muchos sentenciados por delitos menores relacionados con la droga sean enviados a estos centros y no al reclusorio común. Ya se imagina.

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