El portal de Datos Abiertos ubica que las víctimas han presentado, al menos, 137 denuncias contra servidores públicos, desde 1997, por tortura en el búnker. Crédito: Leonardo Sánchez
Las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) han sido utilizadas durante más de 20 años para torturar a detenidos para que se autoinculpen o como método para extraerles información en las investigaciones.
"No sólo las víctimas y querellantes son sujetos de extorsión por parte de los funcionarios de la procuraduría capitalina. Los probables responsables también padecen estos delitos".