NACIONAL
Señalan olvido de menores infractores
Antonio Baranda
Cd. de México (02 marzo 2016) .-12:36 hrs
No existe voluntad de los gobiernos estatales para canalizar los recursos suficientes a los programas que requieren los adolescentes infractores, que se encuentran internados en centros de tratamiento.
Así lo concluye el "Diagnostico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México", elaborado por la investigadora Elena Azaola y presentado este miércoles oficialmente en la Secretaría de Gobernación.
"Hay mucho que se puede hacer por ellos, desafortunadamente las cárceles en general nunca se ven como una prioridad, y mucho menos los centros de estos jóvenes, y tienen que serlo, tenemos que invertir recursos", expresó Azaola.
El diagnóstico, basado en entrevistas a menores internados en cuatro entidades, advierte que la desatención institucional tiene repercusión en la atención que reciben y, en consecuencia, su reinserción.
Subraya que esos jóvenes requieren con urgencia programas implementados por personal especializado, que atiendan y contribuyan a reparar los daños que los han afectado.
"Grave es el hecho de que estos adolescentes no sólo no están recibiendo la atención que requieren, sino que la que reciben, muy probablemente no hará sino profundizar y agravar su situación.
"Con el daño posiblemente irreparable que significará para ellos, y representará también para quienes convivan con ellos y formen parte de su entorno", indica.
Entre las recomendaciones del Diagnostico está hacer una revisión a fondo de los recursos materiales, humanos y de infraestructura con que cuentan los centros de internamiento, a fin de identificar las necesidades y prioridades.
"La dotación de recursos debe ser sustantiva y sostenida para poder llevar a cabo una revisión a fondo de los programas de trabajo, y para poder emprender los nuevos programas que se requieren", indica el documento.
Isabel Crowley, representante de la Unicef en México, enfatizó que los jóvenes que se encuentran en centros de tratamiento son uno de los grupos poblacionales más excluidos y olvidados en el País.
Dijo que nuestro País está en un momento decisivo en materia de justicia de adolescentes, por lo que consideró conveniente una estrategia conjunta que dé un nuevo rumbo a la política en la materia.
Crowley planteó la necesidad de privilegiar los mecanismos alternativos de justicia, a fin de promover la reinserción social; optar por la privación de la libertad como último recurso; y evitar penas de hasta 15 años de internamiento.
Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes, condenó la criminalización de los jóvenes y lo que llamó populismo punitivo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, a la fecha hay 3 mil 761 menores infractores en internamiento; 3 mil 489 en el fuero común y 272 en el fuero federal.
Así lo concluye el "Diagnostico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México", elaborado por la investigadora Elena Azaola y presentado este miércoles oficialmente en la Secretaría de Gobernación.
"Hay mucho que se puede hacer por ellos, desafortunadamente las cárceles en general nunca se ven como una prioridad, y mucho menos los centros de estos jóvenes, y tienen que serlo, tenemos que invertir recursos", expresó Azaola.
El diagnóstico, basado en entrevistas a menores internados en cuatro entidades, advierte que la desatención institucional tiene repercusión en la atención que reciben y, en consecuencia, su reinserción.
Subraya que esos jóvenes requieren con urgencia programas implementados por personal especializado, que atiendan y contribuyan a reparar los daños que los han afectado.
"Grave es el hecho de que estos adolescentes no sólo no están recibiendo la atención que requieren, sino que la que reciben, muy probablemente no hará sino profundizar y agravar su situación.
"Con el daño posiblemente irreparable que significará para ellos, y representará también para quienes convivan con ellos y formen parte de su entorno", indica.
Entre las recomendaciones del Diagnostico está hacer una revisión a fondo de los recursos materiales, humanos y de infraestructura con que cuentan los centros de internamiento, a fin de identificar las necesidades y prioridades.
"La dotación de recursos debe ser sustantiva y sostenida para poder llevar a cabo una revisión a fondo de los programas de trabajo, y para poder emprender los nuevos programas que se requieren", indica el documento.
Isabel Crowley, representante de la Unicef en México, enfatizó que los jóvenes que se encuentran en centros de tratamiento son uno de los grupos poblacionales más excluidos y olvidados en el País.
Dijo que nuestro País está en un momento decisivo en materia de justicia de adolescentes, por lo que consideró conveniente una estrategia conjunta que dé un nuevo rumbo a la política en la materia.
Crowley planteó la necesidad de privilegiar los mecanismos alternativos de justicia, a fin de promover la reinserción social; optar por la privación de la libertad como último recurso; y evitar penas de hasta 15 años de internamiento.
Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes, condenó la criminalización de los jóvenes y lo que llamó populismo punitivo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, a la fecha hay 3 mil 761 menores infractores en internamiento; 3 mil 489 en el fuero común y 272 en el fuero federal.
