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Monarquía presidencial



Diego Valadés
en REFORMA


La forma como somos gobernados es el resultado de la tensión constante sostenida por los titulares y los destinatarios del poder. Esta puja implica un ajuste entre las potestades pretendidas por los primeros y las libertades exigidas por los segundos. En los extremos posibles se tiene el totalitarismo, como máxima concentración del poder, y la anarquía, como consecuencia de las libertades sin límite.

El constitucionalismo aportó los instrumentos para racionalizar esa polaridad y encontró variantes que combinan la mayor efectividad posible de los gobernantes con la mayor libertad deseable de los gobernados. Con esto el abanico de opciones extremas se redujo al autoritarismo y a la democracia. El poder más concentrado pertenece a una estructura autoritaria y el mejor distribuido corresponde a un modelo democrático.

La primera Constitución del México independiente, de 1824, adoptó una diferencia semántica y política relevante: denominó "supremo poder" al órgano ejecutivo y "poder" a secas a los órganos legislativo y jurisdiccional. Esta asimetría intencional subsiste y ha sido la base del monopolio presidencial del poder.

En una traducción distorsionada de la Constitución estadounidense, en 1824 se estableció: "Se deposita el supremo poder ejecutivo de la Federación en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". Después de 194 años el precepto sólo ha sido objeto de un retoque menor en 1857.

Las diferencias con relación a la fuente norteamericana consisten en que allá no hay un poder "supremo" frente a dos poderes llanos, y en que el enunciado es más sencillo: "El poder ejecutivo se deposita en un presidente de los Estados Unidos de América". El énfasis en la supremacía y la locución redundante "un solo individuo" son aportaciones nuestras.

Por monarquía se entiende el gobierno de una persona. Nuestra Constitución la acoge en lo que atañe al Presidente. Lo mismo sucedió por mucho tiempo en todo el constitucionalismo latinoamericano, pero ya se modificó y hoy pervive como excepción en México.

En Argentina el poder ejecutivo es atribuido a una persona, pero a continuación la norma suprema señala la presencia de un gabinete de ministros a cuyo jefe compete "la administración general del país"; en Brasil "el poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República auxiliado por los ministros de Estado"; en Chile el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente, con la colaboración "directa e inmediata" de los ministros; en Colombia el Presidente es jefe de un gobierno integrado por los ministros y los directores de departamentos administrativos; en Costa Rica el poder ejecutivo "lo ejercen [...] el Presidente [...] y los ministros de gobierno en calidad de obligados colaboradores"; en Guatemala el Presidente actúa "siempre" con los ministros; en Ecuador la función ejecutiva la desempeñan la Presidencia y los ministerios; en Perú el Presidente es Jefe del Estado y la dirección de los servicios públicos concierne al Consejo de Ministros; en República Dominicana el Presidente encabeza un Consejo de Ministros que coordina los asuntos de gobierno; en Uruguay el Presidente tiene que despachar con el Consejo de Ministros.

Aquí no hay ministros de Estado. La Constitución apenas alude a los requisitos que han de satisfacer los secretarios que atienden las órdenes presidenciales, pero no les otorga facultad alguna ni está previsto que el conjunto de ellos integre un Consejo deliberativo. Conforme a la Constitución, el presidente es el amo del poder; él, sólo, es el gobierno.

En la actualidad subsisten dos modalidades de monarquía constitucional: la parlamentaria y la presidencial. En la parlamentaria el monarca es vitalicio y hereditario, pero su poder es simbólico; en la presidencial el monarca es temporal y elegido, pero su poder es efectivo. En el elenco de las escasas monarquías presidenciales la más arcaica es la mexicana.

Por eso elegir presidente suscita tanta pasión: la elección es republicana pero los efectos son monárquicos. De ahí que prosperen rumores y temores. En la elección presidencial de 2024 cumpliremos dos siglos exactos de elegir monarcas. Tal vez para entonces nos atrevamos a cambiar y a convertirnos, al fin, en una república en serio.

 
@dvalades
 
 
 
 
 


Diego Valadés. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro de El Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio de Sinaloa. Es autor de numerosas obras de derecho constitucional, entre las que figuran: La dictadura constitucional en América Latina, El control del poder, El gobierno de gabinete, La parlamentarización de los sistemas presidenciales.

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