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Paga Ficrea sin permiso de juez


Víctor Fuentes
Acreedores de la sociedad financiera popular Ficrea, defraudada hace dos años, están recibiendo pagos hasta por 200 millones de pesos, pero el juez federal responsable del proceso de quiebra afirmó que no los ha autorizado.

Guillermo Campos Osorio, juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil, ordenó al síndico de la quiebra, Javier Navarro Velasco, explicar por qué esta dispersando recursos a los acreedores sin autorización previa del juzgador.

Navarro abrió un segundo periodo de pagos a acreedores en 12 ciudades del País, que ha corrido entre el 15 y el 21 de diciembre, mediante un anuncio en el portal de internet de Ficrea, que también aclara que quienes no puedan acudir en esos días lo podrán hacer a partir del dos de enero.

Pero el juez afirma que no ha dado permiso para repartir el dinero.

"A la fecha este órgano jurisdiccional se ha visto impedido para autorizar el segundo pago parcial de créditos en moneda de quiebra a los acreedores propuestos por el síndico, en razón de las diversas vistas que se han suscitado con motivo de la presentación de dicha propuesta", afirmó Campos en un acuerdo notificado hoy.

"En tal virtud, en términos del artículo 7 de Ley de Concursos Mercantiles, a efecto de dar celeridad al presente procedimiento concursal y a razón de evitar futuras confusiones procesales, requiérase al síndico para que en tres días haga del conocimiento de este Juzgado la supuesta fecha en que se aprobó su solicitud, toda vez que del análisis integral de los autos no se advierte tal circunstancia".

Ficrea tiene más de 4 mil 500 acreedores que reclaman cerca de 6 mil millones de pesos, y en mayo pasado, Navarro ya había realizado un primer pago con recursos recuperados, que ascendió a 521 millones de pesos para 3 mil 542 beneficiarios.

La relación entre Navarro y Campos se ha deteriorado en los últimos meses, a grado tal que el síndico presentó una queja administrativa contra el juez ante el Consejo de la Judicatura Federal, mismo que la desechó por notoria improcedencia el pasado 7 de diciembre.

El contenido de la queja se desconoce, pero el objetivo de este tipo de denuncias es que el CJF aplique a los jueces sanciones administrativas que pueden ir de la amonestación a la destitución del cargo.

Navarro también ha promovido varios amparos para impugnar diversas órdenes del juez, entre ellas las relacionadas con los datos que debe incluir en sus informes bimestrales sobre la administración de la quiebra.

Según Campos, el informe más reciente de Navarro "impide a este juzgador conocer el estado que guarda la administración de la masa, los recursos líquidos con que cuenta, así como el destino que se está dando a los mismos".

Esta situación de enfrentamiento entre juez y síndico es casi inédita en la historia de los concurso mercantiles, donde los especialistas tienen la función de auxiliar a los juzgadores.
Hora de publicación: 13:41 hrs.

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