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Revisará Corte derechos de audiencias

  • La Corte no tiene plazo para resolver la acción y, por su carga de trabajo, es poco probable que lo haga en el primer semestre de 2018. Foto: Archivo
Víctor Fuentes
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite una acción de inconstitucionalidad del PRD que impugna la reforma reciente en materia de derechos de las audiencias de radio y televisión.

Si bien esta reforma también fue impugnada el 28 de noviembre por un grupo de 47 senadores, el día 30 por la mañana seis de ellos presentaron a la Corte un escrito para desistirse.

El ministro ponente ordenó hoy recabar en forma personal el desistimiento de los seis senadores, todos del PAN, ya que de confirmarse, las 41 firmas restantes serán insuficientes para dar validez a la acción, pues sólo representan el 32 por ciento de los 128 senadores y se requiere el 33 por ciento.

Los legisladores que habían firmado la demanda y que cancelaron el 30 de noviembre son Fernando Herrera Ávila, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Garza Galván, Francisco López Brito, María del Pilar Ortega y Rosa Adriana Díaz Lizama.

La acción del PRD, en tanto, fue presentada por su todavía presidenta nacional, Alejandra Barrales, que cuando la Corte la resuelva podría tener limitaciones, ya que los partidos políticos sólo pueden impugnar reformas en materia electoral y no está del todo claro si este caso califica como tal.

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), publicada el pasado 30 de octubre, fue aprobada por el Congreso para dejar sin efectos los lineamientos sobre derechos de las audiencias, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) había publicado en 2016 y provocaron molestia de las empresas del sector.

Dichos criterios fueron impugnados por el Ejecutivo Federal y el Senado, y cuando la Corte se disponía a discutir un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayan, que los avalaba casi en su totalidad, en agosto pasado, el asunto fue retirado porque el Congreso ya trabajaba en la reforma legal.

Esta reforma derogó la fracción tercera del artículo 256 de la LFTR, que ordenaba a los radiodifusores "diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta".

A cambio, se estableció como derecho de las audiencias "que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa", es decir, que si van a insertar en sus noticieros un comentario editorial que fue comprado por un anunciante, tienen que informárselo al espectador.

También se ajustó la obligación de las empresas de contar con un Código de Ética bajo principios de autorregulación, pero tomando en cuenta los derechos de audiencia previstos en la ley, se dieron facultades adicionales al Defensor de Audiencias y se aclaró el esquema de sanciones aplicables por incumplimientos.

Los senadores inconformes consideran que la reforma viola cinco artículos constitucionales, incluidos los que regulan el derecho a la información y las facultades del IFT.

La Corte no tiene plazo para resolver la acción y, por su carga de trabajo, es poco probable que lo haga en el primer semestre de 2018. Mientras tanto, la reforma estará vigente en sus términos.
Hora de publicación: 19:03 hrs.

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Revisará Corte derechos de audiencias

Víctor Fuentes
(07 diciembre 2017).-
  • La Corte no tiene plazo para resolver la acción y, por su carga de trabajo, es poco probable que lo haga en el primer semestre de 2018. Foto: Archivo

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite una acción de inconstitucionalidad del PRD que impugna la reforma reciente en materia de derechos de las audiencias de radio y televisión.


Si bien esta reforma también fue impugnada el 28 de noviembre por un grupo de 47 senadores, el día 30 por la mañana seis de ellos presentaron a la Corte un escrito para desistirse.

El ministro ponente ordenó hoy recabar en forma personal el desistimiento de los seis senadores, todos del PAN, ya que de confirmarse, las 41 firmas restantes serán insuficientes para dar validez a la acción, pues sólo representan el 32 por ciento de los 128 senadores y se requiere el 33 por ciento.

Los legisladores que habían firmado la demanda y que cancelaron el 30 de noviembre son Fernando Herrera Ávila, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Garza Galván, Francisco López Brito, María del Pilar Ortega y Rosa Adriana Díaz Lizama.

La acción del PRD, en tanto, fue presentada por su todavía presidenta nacional, Alejandra Barrales, que cuando la Corte la resuelva podría tener limitaciones, ya que los partidos políticos sólo pueden impugnar reformas en materia electoral y no está del todo claro si este caso califica como tal.

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), publicada el pasado 30 de octubre, fue aprobada por el Congreso para dejar sin efectos los lineamientos sobre derechos de las audiencias, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) había publicado en 2016 y provocaron molestia de las empresas del sector.

Dichos criterios fueron impugnados por el Ejecutivo Federal y el Senado, y cuando la Corte se disponía a discutir un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayan, que los avalaba casi en su totalidad, en agosto pasado, el asunto fue retirado porque el Congreso ya trabajaba en la reforma legal.

Esta reforma derogó la fracción tercera del artículo 256 de la LFTR, que ordenaba a los radiodifusores "diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta".

A cambio, se estableció como derecho de las audiencias "que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa", es decir, que si van a insertar en sus noticieros un comentario editorial que fue comprado por un anunciante, tienen que informárselo al espectador.

También se ajustó la obligación de las empresas de contar con un Código de Ética bajo principios de autorregulación, pero tomando en cuenta los derechos de audiencia previstos en la ley, se dieron facultades adicionales al Defensor de Audiencias y se aclaró el esquema de sanciones aplicables por incumplimientos.

Los senadores inconformes consideran que la reforma viola cinco artículos constitucionales, incluidos los que regulan el derecho a la información y las facultades del IFT.

La Corte no tiene plazo para resolver la acción y, por su carga de trabajo, es poco probable que lo haga en el primer semestre de 2018. Mientras tanto, la reforma estará vigente en sus términos.


Hora de publicación: 19:03 hrs.

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