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Acecha crimen poder municipal

Andro Aguilar
Aspirar a un cargo público a nivel local representa un peligro de muerte en algunas regiones de México.

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Al menos 15 aspirantes a una alcaldía o diputación han sido asesinados en el actual proceso electoral; 12 buscaban una presidencia municipal y tres, llegar al Congreso estatal.

Guerrero concentra la mayoría de los casos: 8. En esta entidad, se elegirán 80 ayuntamientos y 46 diputados locales.

Uno de los territorios donde destaca la violencia es Zihuatanejo. La intención de llegar a la alcaldía les ha costado la vida a tres aspirantes con pasado perredista: Marino Catalán Ocampo, Homero Bravo Espino y Miguel Solorio Figueroa, quien buscaría la vía independiente.

También fueron asesinadas con cuatro días de diferencia dos precandidatas a diputadas por el distrito 25, en Chilapa: la perredista Antonia Jaimes y la priista Dulce Rebaja, quien era funcionaria en el gobierno estatal y un día antes había tomado la coordinación del partido tricolor en ese territorio.

Las otras víctimas en la entidad fueron Armando Arturo López Solano, aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Quechultenango; Ángel Vergara Chamú, quien buscaba ser munícipe por el mismo partido en Ajuchitlán del Progreso, y Adolfo Serna Nogueda, precandidato del PRI a gobernar Atoyac de Álvarez.

El 14 de marzo, la candidata del PRD al Senado por Guerrero, Beatriz Mojica, reprochó la incapacidad del gobernador priista de la entidad, Héctor Astudillo, para enfrentar la inseguridad, y acudió a la Secretaría de Gobernación para exigir que garantice la seguridad en la contienda.

"El gobierno del estado muestra una seria incapacidad en el tema, solicito a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de cabeza de sector, que se implementen las medidas y acciones necesarias a efecto de garantizar la seguridad e integridad física de los candidatos y de la ciudadanía en general", dijo Mojica.

Con tres asesinatos, Puebla ha destacado también por su violencia contra los aspirantes a un cargo.

Aarón Varela Martínez y Gustavo Martín Gómez Álvarez murieron baleados en su búsqueda por las alcaldías de Ocoyucan y Francisco Z. Mena, respectivamente.

El precandidato a diputado por el PAN José Jairo García fue desaparecido el 30 de enero y su cadáver hallado desmembrado cinco días después.

Otros dos casos de violencia en Puebla son los de Miguel Ángel Morales, de Movimiento Ciudadano, y el priista Lenin Portal Sánchez, precandidatos a las alcaldías de Zihuateutla y Tlahuapan, sobrevivientes de atentados en su contra.

En la entidad, gobernada desde 2010 por el PAN, los asesinatos relacionados con el crimen organizado se incrementaron 140 por ciento en el último año, según Lantia Consultores. El territorio mantiene fuerte presencia de bandas dedicadas al robo y comercio de combustible, conocidas como huachicoleros.

En las elecciones del 1 de julio, en Puebla se renovarán la gubernatura, 270 ayuntamientos y 41 diputaciones.

En San Luis Potosí, el panista Ángel Medina Burgaña fue asesinado en su rancho del municipio de Tampamolón.

Otra víctima es el morenista Miguel García González, en el municipio jalisciense de Casemiro Castillo.

En Ixtaczoquitlán, Veracruz, fue asesinado el síndico del PRI Francisco Vázquez, quien buscaba escalar a la alcaldía.

Y, en el Estado de México, el diputado federal Francisco Rojas San Román, quien pidió licencia para contender por la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, fue emboscado en su automóvil el 6 de febrero.

Después del asesinato del diputado mexiquense, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, repudió la violencia y culpó a Andrés Manuel López Obrador de enrarecer el ambiente electoral, al haber ofrecido una amnistía a miembros del crimen organizado.

El pasado 13 de marzo, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió que el actual proceso electoral ha registrado niveles inéditos de violencia.

"Llevamos alrededor de 30 muertes de personas, 30 homicidios ligados a personas que han querido contender o quieren contender en campañas políticas electorales", admitió, sin precisar los casos.

Revista R solicitó a la Secretaría de Gobernación la información desglosada de los 30 casos mencionados por el titular de la dependencia, pero la dependencia no ha respondido la solicitud.
Contexto violentoAdemás de los asesinatos de aspirantes a un cargo público en el actual proceso, desde septiembre se han acumulado otras 49 homicidios de funcionarios, ex funcionarios y dirigentes partidistas en territorios donde habrá elecciones.

Siete alcaldes en funciones fueron asesinados: Sergio Antonio Zenteno, en Bochil, Chiapas; Crispín Gutiérrez Moreno, en Ixtlahuacán, Colima; Arturo Gómez Pérez, en Petatlán, Guerrero; Stalin Sánchez González, en Paracho, Michoacán; José Santos Hernández, en San Pedro el Alto, Oaxaca; Manuel Hernández, en Huitzilán, Puebla, y Víctor Manuel Espinoza, en Ixhuatlán de Madero, Veracruz.

El diputado local jalisciense Saúl Galindo fue baleado en el municipio de Tomatlán y 11 regidores de 10 entidades también murieron asesinados, además de cuatro dirigentes partidistas.

Otras víctimas son ex funcionarios públicos: 10 ex alcaldes y dos ex diputados locales.

La Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC), que aglutina a 49 ayuntamientos emanados del PAN, ha registrado que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se han asesinado a 23 alcaldes en funciones, 5 alcaldes electos y 44 ex alcaldes.

Esos 71 homicidios se suman a 46 casos del mismo tipo registrados en el sexenio de Felipe Calderón (2007-2012). En comparación, esto representa un incremento del 48 por ciento de un sexenio a otro.

Según la ANAC, que haya más de cien homicidios contra ediles en 12 años es reflejo de una estrategia del crimen organizado para debilitar al Estado atacando su eslabón más débil y desamparado.

"Los ataques por parte de los cárteles contra alcaldes, ya sean en funciones, electos o ex alcaldes, están pensados como una forma de presionar al Estado para que evite la confrontación y restablezca un espacio en el que las organizaciones delictivas puedan funcionar bajo un alto grado de impunidad.

"Cuando un municipio se encuentra en el centro del territorio de un grupo criminal y no cuenta con la capacidad humana ni económica para hacerle frente a las situaciones propias de sus circunstancias, queda claro que está desamparado", señala la ANAC.

Frente al incremento de la violencia contra munícipes, la ANAC consideró urgente diseñar un "Protocolo para la seguridad y protección de alcaldes", que propuso al gobierno y al Congreso.

"La seguridad de los alcaldes es uno de los grandes temas que debe atenderse en aras de construir municipios con adecuada gobernanza municipal. Estamos convencidos de que la percepción que los ciudadanos tienen de la seguridad en sus localidades se ve afectada cuando el propio presidente municipal se vuelve vulnerable o atacado ante el actuar de la delincuencia", señalan en el estudio que sustenta su propuesta.
'No hay estrategia'La investigadora Sandra Ley, especialista en violencia y elecciones, recuerda que las agresiones hacia funcionarios del nivel municipal se volvieron sistemáticas con la implementación de la guerra del narco, en diciembre de 2006.

La especialista explica que este nivel de gobierno es crucial para el crimen porque es donde obtiene información, fuentes de financiamiento y control territorial.

La académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) explica que la política de seguridad implementada desde la Federación repercute directamente en los territorios municipales. Se invierte en estrategias federales, como la Gendarmería Nacional o el Mando Único, pero se deja a un lado lo municipal.

"Hay mucha evidencia académica sobre cómo la apuesta por desarticular los cárteles a través de la eliminación de líderes, estadísticamente, no tiene un efecto sustantivo en la reducción de la violencia. Pero en lo local genera en el crimen organizado la creciente necesidad de financiamiento para seguir peleando por territorios, así como la necesidad de diversificación de actividades para tener nuevas fuentes de financiamiento", comenta.

La académica, que ha realizado investigación sobre los impactos de la violencia en los procesos democráticos, advierte que ésta genera una alta desconfianza en las instituciones y en el apoyo a la democracia, primero en el reclutamiento de los funcionarios de casilla y después en el ejercicio del voto.

"En los municipios en donde hubo candidatos o autoridades atacadas por el crimen organizado durante el proceso electoral hay menos probabilidad de que los electores salgan a votar, por lo que los niveles de participación son menores que donde no ocurrieron", advierte.

El politólogo Nicolás Loza, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), advierte que, a este ritmo, la violencia en este proceso electoral puede alcanzar registros nunca antes vistos.

"Si sigue la tendencia que lleva hasta este momento, en lo particular a ataques mortales y las tasas de homicidio, hay riesgo de que esto sea mayor a lo que hemos presenciado en procesos pasados", señala el especialista en comportamiento electoral y poderes subnacionales.

Las de 2018 serán las elecciones más grandes de la historia, con 3 mil 643 cargos de elección popular en disputa. Entre esos cargos, se renovarán mil 614 alcaldías de 25 entidades.
VIOLENCIA EN CAMPAÑACandidatos asesinados en lo que va el presente proceso electoral.
Aspirantes a ayuntamientos
Ángel Vergara Chamú, Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. MC

Miguel Ángel Solorio Figueroa, Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Independiente

Armando Arturo López Solano, Quechultenango, Guerrero. MC

Miguel García González, Casimiro Castillo, Jalisco. Morena

Ángel Medina Burgaña, Tampamolón Corona, San Luis Potosí. PAN

Marino Catalán Ocampo, Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. PRD

Adolfo Serna Nogueda, Atoyac de Álvarez, Guerrero. PRI

Francisco Vázquez Rojas, Ixtaczoquitlán, Veracruz. PRI

Francisco Rojas San Román, Cuautitlán Izcalli, Edomex. PRI

Aarón Varela Martínez, Santa Clara Ocoyucan, Puebla. Morena

Homero Bravo Espino, Zihuatanejo, Guerrero. PRD

Gustavo Martín Gómez Álvarez, Francisco Z. Mena, Puebla. PRI
Diputados
José Jairo García Oliver, Huejotzingo, Puebla. PAN

Antonia Jaimes Moctezuma, Chilapa, Guerrero. PRD

Dulce Rebaja Pedro, Chilapa, Guerrero. PRI
Por estado
Guerrero 8

Puebla 3

Edomex 1

Veracruz 1

SLP 1

Jalisco 1
Por partido
PRI 5

PRD 3

PAN 2

Morena 2

MC 2

Independiente 1
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Acecha crimen poder municipal

Andro Aguilar
(25 marzo 2018).-
  • ASPIRANTES EJECUTADOS. Asesinatos de candidatos de septiembre a la fecha. Foto: Especial

  • En lo que va del proceso electoral, 15 candidatos locales han sido asesinados por el crimen organizado. Foto: Alberto Neri

Aspirar a un cargo público a nivel local representa un peligro de muerte en algunas regiones de México.

Al menos 15 aspirantes a una alcaldía o diputación han sido asesinados en el actual proceso electoral; 12 buscaban una presidencia municipal y tres, llegar al Congreso estatal.


Guerrero concentra la mayoría de los casos: 8. En esta entidad, se elegirán 80 ayuntamientos y 46 diputados locales.

Uno de los territorios donde destaca la violencia es Zihuatanejo. La intención de llegar a la alcaldía les ha costado la vida a tres aspirantes con pasado perredista: Marino Catalán Ocampo, Homero Bravo Espino y Miguel Solorio Figueroa, quien buscaría la vía independiente.

También fueron asesinadas con cuatro días de diferencia dos precandidatas a diputadas por el distrito 25, en Chilapa: la perredista Antonia Jaimes y la priista Dulce Rebaja, quien era funcionaria en el gobierno estatal y un día antes había tomado la coordinación del partido tricolor en ese territorio.

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El 14 de marzo, la candidata del PRD al Senado por Guerrero, Beatriz Mojica, reprochó la incapacidad del gobernador priista de la entidad, Héctor Astudillo, para enfrentar la inseguridad, y acudió a la Secretaría de Gobernación para exigir que garantice la seguridad en la contienda.

"El gobierno del estado muestra una seria incapacidad en el tema, solicito a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de cabeza de sector, que se implementen las medidas y acciones necesarias a efecto de garantizar la seguridad e integridad física de los candidatos y de la ciudadanía en general", dijo Mojica.

Con tres asesinatos, Puebla ha destacado también por su violencia contra los aspirantes a un cargo.

Aarón Varela Martínez y Gustavo Martín Gómez Álvarez murieron baleados en su búsqueda por las alcaldías de Ocoyucan y Francisco Z. Mena, respectivamente.

El precandidato a diputado por el PAN José Jairo García fue desaparecido el 30 de enero y su cadáver hallado desmembrado cinco días después.

Otros dos casos de violencia en Puebla son los de Miguel Ángel Morales, de Movimiento Ciudadano, y el priista Lenin Portal Sánchez, precandidatos a las alcaldías de Zihuateutla y Tlahuapan, sobrevivientes de atentados en su contra.

En la entidad, gobernada desde 2010 por el PAN, los asesinatos relacionados con el crimen organizado se incrementaron 140 por ciento en el último año, según Lantia Consultores. El territorio mantiene fuerte presencia de bandas dedicadas al robo y comercio de combustible, conocidas como huachicoleros.

En las elecciones del 1 de julio, en Puebla se renovarán la gubernatura, 270 ayuntamientos y 41 diputaciones.

En San Luis Potosí, el panista Ángel Medina Burgaña fue asesinado en su rancho del municipio de Tampamolón.

Otra víctima es el morenista Miguel García González, en el municipio jalisciense de Casemiro Castillo.

En Ixtaczoquitlán, Veracruz, fue asesinado el síndico del PRI Francisco Vázquez, quien buscaba escalar a la alcaldía.

Y, en el Estado de México, el diputado federal Francisco Rojas San Román, quien pidió licencia para contender por la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, fue emboscado en su automóvil el 6 de febrero.

Después del asesinato del diputado mexiquense, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, repudió la violencia y culpó a Andrés Manuel López Obrador de enrarecer el ambiente electoral, al haber ofrecido una amnistía a miembros del crimen organizado.

El pasado 13 de marzo, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió que el actual proceso electoral ha registrado niveles inéditos de violencia.

"Llevamos alrededor de 30 muertes de personas, 30 homicidios ligados a personas que han querido contender o quieren contender en campañas políticas electorales", admitió, sin precisar los casos.

Revista R solicitó a la Secretaría de Gobernación la información desglosada de los 30 casos mencionados por el titular de la dependencia, pero la dependencia no ha respondido la solicitud.
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Siete alcaldes en funciones fueron asesinados: Sergio Antonio Zenteno, en Bochil, Chiapas; Crispín Gutiérrez Moreno, en Ixtlahuacán, Colima; Arturo Gómez Pérez, en Petatlán, Guerrero; Stalin Sánchez González, en Paracho, Michoacán; José Santos Hernández, en San Pedro el Alto, Oaxaca; Manuel Hernández, en Huitzilán, Puebla, y Víctor Manuel Espinoza, en Ixhuatlán de Madero, Veracruz.

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La Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC), que aglutina a 49 ayuntamientos emanados del PAN, ha registrado que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se han asesinado a 23 alcaldes en funciones, 5 alcaldes electos y 44 ex alcaldes.

Esos 71 homicidios se suman a 46 casos del mismo tipo registrados en el sexenio de Felipe Calderón (2007-2012). En comparación, esto representa un incremento del 48 por ciento de un sexenio a otro.

Según la ANAC, que haya más de cien homicidios contra ediles en 12 años es reflejo de una estrategia del crimen organizado para debilitar al Estado atacando su eslabón más débil y desamparado.

"Los ataques por parte de los cárteles contra alcaldes, ya sean en funciones, electos o ex alcaldes, están pensados como una forma de presionar al Estado para que evite la confrontación y restablezca un espacio en el que las organizaciones delictivas puedan funcionar bajo un alto grado de impunidad.

"Cuando un municipio se encuentra en el centro del territorio de un grupo criminal y no cuenta con la capacidad humana ni económica para hacerle frente a las situaciones propias de sus circunstancias, queda claro que está desamparado", señala la ANAC.

Frente al incremento de la violencia contra munícipes, la ANAC consideró urgente diseñar un "Protocolo para la seguridad y protección de alcaldes", que propuso al gobierno y al Congreso.

"La seguridad de los alcaldes es uno de los grandes temas que debe atenderse en aras de construir municipios con adecuada gobernanza municipal. Estamos convencidos de que la percepción que los ciudadanos tienen de la seguridad en sus localidades se ve afectada cuando el propio presidente municipal se vuelve vulnerable o atacado ante el actuar de la delincuencia", señalan en el estudio que sustenta su propuesta.
'No hay estrategia'La investigadora Sandra Ley, especialista en violencia y elecciones, recuerda que las agresiones hacia funcionarios del nivel municipal se volvieron sistemáticas con la implementación de la guerra del narco, en diciembre de 2006.

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La académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) explica que la política de seguridad implementada desde la Federación repercute directamente en los territorios municipales. Se invierte en estrategias federales, como la Gendarmería Nacional o el Mando Único, pero se deja a un lado lo municipal.

"Hay mucha evidencia académica sobre cómo la apuesta por desarticular los cárteles a través de la eliminación de líderes, estadísticamente, no tiene un efecto sustantivo en la reducción de la violencia. Pero en lo local genera en el crimen organizado la creciente necesidad de financiamiento para seguir peleando por territorios, así como la necesidad de diversificación de actividades para tener nuevas fuentes de financiamiento", comenta.

La académica, que ha realizado investigación sobre los impactos de la violencia en los procesos democráticos, advierte que ésta genera una alta desconfianza en las instituciones y en el apoyo a la democracia, primero en el reclutamiento de los funcionarios de casilla y después en el ejercicio del voto.

"En los municipios en donde hubo candidatos o autoridades atacadas por el crimen organizado durante el proceso electoral hay menos probabilidad de que los electores salgan a votar, por lo que los niveles de participación son menores que donde no ocurrieron", advierte.

El politólogo Nicolás Loza, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), advierte que, a este ritmo, la violencia en este proceso electoral puede alcanzar registros nunca antes vistos.

"Si sigue la tendencia que lleva hasta este momento, en lo particular a ataques mortales y las tasas de homicidio, hay riesgo de que esto sea mayor a lo que hemos presenciado en procesos pasados", señala el especialista en comportamiento electoral y poderes subnacionales.

Las de 2018 serán las elecciones más grandes de la historia, con 3 mil 643 cargos de elección popular en disputa. Entre esos cargos, se renovarán mil 614 alcaldías de 25 entidades.
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Gustavo Martín Gómez Álvarez, Francisco Z. Mena, Puebla. PRI
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