Denuncian a Cofepris por cannabis

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) denunció ante la Procuraduría General de la República a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por presunto abuso de autoridad.

La organización acusa a la Cofepris de actos injustificados e ilegales para obstaculizar el curso de diversas solicitudes de personas orientadas a obtener permisos para acceder a cannabis medicinal y para uso personal.

En un comunicado, MUCD indicó que interpuso la denuncia penal después de varios meses de trámites y de dilaciones injustificadas, y exigió que los "actos burocráticos sin fundamentación legal" sean castigados.

Explicó que desde abril pasado, la Cofepris, a través de la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, se negó a dar plazos de respuesta a las solicitudes referidas.

"Y cada que MUCD realizaba trámites de este tipo, los funcionarios de la dependencia referían términos de tiempo cada vez más largos, sin que estos se encontraran debidamente fundamentados en la Ley.

"Sumado a eso, Cofepris ha solicitado requisitos no previstos en los reglamentos correspondientes, como la acreditación del 'interés jurídico o legítimo' para poder otorgar los permisos", apuntó la organización.

MUCD aseveró que el interés jurídico y el interés legítimo no sólo son requisitos propios del juicio de amparo que nada tienen que ver con la solicitud de un permiso de carácter administrativo, sino que no existe en ninguna ley la facultad de la Comisión para solicitar dicho requisito.

El delito de abuso de autoridad está previsto en el Artículo 215 del Código Penal Federal y se configura, entre otros supuestos, cuando servidores públicos indebidamente retardan o niegan a los particulares la protección o servicio que están obligados a otorgar.

"Reprobamos el actuar indebido de la autoridad para obstaculizar la realización de trámites relacionados al cannabis y exigimos que Cofepris se apegue a sus obligaciones legales, pues de no hacerlo estarían cometiendo un delito federal y violando los derechos humanos de las personas que solicitan sus servicios", agregó MUCD.