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Para invasión plan petrolero


Carlos Marí/Corresponsal
Uno de los tres primeros contratos con los que Pemex cedió en 2011 su actividad de exploración y perforación se mantiene suspendido porque el predio Campo Carrizo, donde se llevarían a cabo los trabajos, fue invadido por familias que rechazan ser reubicadas.

El contrato de servicios integrales fue entregado a la compañía inglesa Shlumberger que, en cinco años, no ha podido arrancar las obras en la zona del ejido Lázaro Cárdenas.

En noviembre de 2012, Pemex, con el apoyo de policías antimotines, consiguió demoler una decena de viviendas para que las familias aceptaran ser reubicadas, pero la mayoría reaccionó con bloqueos a la carretera que pasa por el poblado.

En julio de 2013, Pemex intentó reingresar a la zona y demandó penalmente a 323 ejidatarios para reclamar el desalojo de los predios, pero nuevamente los lugareños cerraron los accesos.

A más de dos años de esos hechos, en los predios donde las casas fueron derrumbadas hay nuevas viviendas hechas de costales y cartón, y las que quedaron abandonadas, fueron nuevamente ocupadas.

"Desde que llegué aquí me dijeron que no había problema para que rentara esta casa, porque el proyecto no había procedido", contó el señor Enrique Ruiz.

En Lázaro Cárdenas todavía la gente intercepta a cualquier persona extraña que recorre la carretera.

"Discúlpenos, pero aquí todos estamos bien escamados. Si vemos que alguien viene a preguntar, le cerramos el paso", externó Guadalupe Sánchez, quien dice tener tres viviendas en la zona.

Bartolo Hilario López, delegado municipal, reconoció que aunque el problema de posesión de los predios no está resuelto, el ahora ex Alcalde Humberto de los Santos les prometió que Pemex no los va a molestar mientras no llegue a un arreglo con la comunidad.

"Por eso, aquí decimos que la comunidad es la única que puedes decidir si nos reubican o no".

En 1977, refirió, el Gobierno federal expropió 286 hectáreas del ejido para que Pemex explorara en aquel entonces el campo petrolero Carrizo.

Las cláusulas establecieron que, en caso de que pasaron cinco años sin actividad petrolera, las tierras volverían a los ejidatarios.

"El problema es que Pemex suspendió sus actividades y, sin consultarnos, otorgó un contrato para reactivar la producción, cuando ya éramos más de 500 familias", argumentó.

Luis Manuel Pérez Sánchez, subsecretario de Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, aseguró que Pemex debió haber intentado primero un proceso de conciliación social antes de licitar el campo petrolero.

En 2013, un reporte de la Auditoría Superior de la Federación cuestionó la licitación otorgada en Carrizo.

"Pemex Exploración y Producción (PEP) no debió incluir esta área contractual en la licitación pública internacional abierta, ya que antes debió atender el problema social existente en la misma", concluyó.

Algunas fuentes consultadas sostuvieron que el contrato con Shlumberger ya fue suspendido.
Hora de publicación: 00:00 hrs.

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